El exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha declarado como testigo este jueves en el Tribunal Supremo en el marco del juicio contra los líderes del procés donde ha achacado a "malentendidos" el caos vivido en torno a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y en concreto en lo relacionado a la salida de la secretaria del Juzgado, que abandonó el lugar por un tejado.
Preguntado acerca de los hechos violentos de ese día, Trapero los ha limitado al lanzamiento de una botella a dos agentes de mediación de los Mossos que fueron confundidos con guardias civiles, el intento de entorpecer la labor de los antidisturbios de la policía autonómica "y, evidentemente, lo de los coches" del Instituto Armado que fueron destrozados.
Ha achacado a "malentendidos" el caos que se vivió a la hora de la salida de la secretaria judicial ya que ellos pensaban que el registro se iba a alargar por problemas técnicos. No fue hasta la llamada a las 23 horas del juez de Instrucción del Juzgado número 13 del que dependía la secretaria judicial, quien le pidió que la sacase del lugar.
El plan que habían establecido era un cordón formado por los propios manifestantes de la ANC y en paralelo otro por antidisturbios de los Mossos. Lo ha descrito como una "cápsula" de seguridad y ha dicho que lo consideraron una opción segura, pero finalmente se retiró al pensar que el registro se iba a retrasar. Ha admitido que la presencia de los agentes de orden público en ocasiones genera problemas entre la masa. Cuando recibió la llamada del juez, en lugar de establecer de nuevo este cordón, recomendaron la salida por el tejado algo que él no -ha declarado- no contempló hasta que se lo dijo uno de sus agentes ya por la noche.
Trapero ha reconocido también que para coordinarse habló en numerosas ocasiones y desde las primeras horas de la concentración con el líder de la ANC, Jordi Sànchez, uno de los acusados y lo hizo a instancias del entonces conseller, Joaquim Forn. También ha defendido que se implicó personalmente más que en otras concentraciones al haber recibido una llamada del juez y otra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En lo que va de juicio en el Tribunal, son varios los representantes de la Seguridad del Estado los que han situado a Trapero en el eje de la presunta rebelión que sostiene la Fiscalía en su acusación a los líderes del procés. Tanto el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como su número dos José Antonio Nieto o el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos le han acusado de no hacer nada por impedir el 1-O y de estar alienado con las tesis políticas de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont.
Pérez de los Cobos, designado por la Justicia como el coordinador de todas las fuerzas de seguridad para evitar la consulta relató las reticencias que desde el principio manifestó el exmajor de los Mossos a su figura y calificó de “estafa” el dispositivo de la policía autonómica el día de la consulta. El coronel llegó a acusar al cuerpo catalán de propiciar la ocupación de los colegios electorales al anunciar “a bombo y platillo” cuales iban a ser sus pautas de actuación en las que nunca se contempló usar la fuerza si al llegar se encontraban con multitudes en los centros de votación.
Por su parte, los mandos de los Mossos que han prestado declaración como testigos en el Tribunal Supremo, han insistido en que Trapero trató de convencer a los dirigentes del Govern de que desconvocasen el referéndum ante el riesgo de incidentes violentos entre los votantes y las fuerzas de seguridad del Estado. Fue en dos reuniones el 26 y el 28 de septiembre. Ya en su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional, el propio Trapero reconoció haber avisado a la Generalitat de este riesgo.
Trapero se encuentra procesado en la Audiencia Nacional donde la Fiscalía le acusa de un presunto delito de rebelión por el que le pide 11 años de cárcel al igual que al entonces secretario general de la Consellería de Interior, César Puig, y el director general de los Mossos, Pere Soler. También se encuentra procesada a la espera de juicio la intendente de la policía autonómica que estaba en la sede de la Consellería de Economía el 20 de septiembre, Teresa Laplana. En su caso la Fiscalía le acusa de un presunto de sedición por el que le solicita cuatro de prisión.
