El comisario jubilado José Manuel Villarejo planeó camuflar un trabajo privado, como si fuera "intervención oficial" del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), según consta en una grabación de 19 de diciembre de 2013 en la que el principal socio del presunto cabecilla de clan policial, Rafael Redondo, habla con un experto en informática sobre un ataque contra el sistema operativo de un bufete de abogados.
El audio se incluye en la pieza separada Iron, en la que la Fiscalía y el juez Manuel García-Castellón investigan el supuesto encargo realizado por el despacho Herrero y Asociados para denunciar a su competidor en el sector de las patentes y marcas, Balder IP Law.
Redondo, que en todo momento lleva el peso de la reunión, explica al informático que ellos no estaban dispuestos a asumir ningún riesgo: "De hecho, si alguna vez hubiera algún riesgo nos cubriríamos inmediatamente con el gremio", explica el socio de Villarejo, que parece aludir a los compañeros de Villarejo, ya que después apunta, de forma literal: "Y lo haríamos pasar por una intervención oficial".
En ese momento de la conversación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el exagente Antonio Bonilla da veracidad al relato de Rafael Redondo y confirma que ellos disponían de los "recursos" necesarios para hacer pasar un ataque informático por una intervención policial.
Antonio Bonilla
En la conversación participan el citado Rafael Redondo, que permaneció casi un año en prisión preventiva tras ser arrestado en noviembre de 2017; el agente retirado en segunda actividad Antonio Bonilla y un experto informático "de absoluta confianza" de este último, al que el clan policial encargó un ataque informático contra el bufete de abogados Balder IP Law.
Bonilla, al que el clan Villarejo llamaba "Boni", está imputado en esta pieza separada como presunto autor de los delitos de revelación de secretos y cohecho. Y en esta conversación reconoce al informático que el encargo es "reservado" y "confidencial".
En una segunda grabación, en esta ocasión de 10 de octubre de 2013, y que también fue requisada por los agentes de Asuntos Internos de la Policía a Villarejo, el propio excomisario anuncia a sus clientes, los socios del bufete de abogados Herrero y Asociados, su intención de "materializar una denuncia" contra sus competidores: "Nosotros ya hemos hecho las primeras gestiones muy suaves, sin hablar todavía del precio", especifica el cabecilla de la red policial.
Villarejo, que decía en privado e incluso llegó a decir en público que actuaba como "agente encubierto" del Ministerio del Interior, pese a que esa figura solo existe en España bajo supervisión judicial, explica en la grabación a sus clientes, que se comprometieron a pagar 475.000 euros a cambio del trabajo que la denuncia que iba a presentar tendría "un buen nivel de éxito".
El excomisario está seguro de obtener el resultado esperado ya que considera que los agentes que se encargarían de la denuncia eran "gente muy especializada" que estaban destinados en la "Comisaría General de Policía Judicial, que es con la que nosotros queremos..., aunque ya veremos si lo hacemos en la Jefatura de Madrid o en la de ámbito nacional", especifica.
