El comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde hace un año por encabezar un “clan policial mafioso” que “infectó” a la Policía, le debe a sus trabajadores casi 54.000 euros. Por ello le ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que le investiga, Diego De Egea, que le desbloquee la cuenta de una de sus empresas para poder hacer frente a esos pagos pendientes desde hace meses.
Además de su labor como policía nacional, Villarejo contaba con un conglomerado de empresas creado durante la década que estuvo de excedencia en el Cuerpo (1983-1993). Estos negocios le reportaron grandes beneficios. Entre esas actividades privadas estaba la de detective, casi siempre para clientes adinerados. Según la Fiscalía, el polémico mando ofrecía como valor añadido sus contactos en la Policía para garantizar el éxito de sus pesquisas.
Debe 38.000 euros a un abogado
Según los documentos a los que ha tenido acceso 'Vozpópuli', Villarejo, policía y empresario, le debe al menos a seis de sus empleados la cifra exacta de 53.766,77 euros repartidos en diversas cantidades. Entre esos trabajadores se encuentra la hija del exjefe de la Policía Miguel Ángel Fernández Chico -ya fallecido- a la que le adeuda 1.083,91 euros. Su padre fue director adjunto operativo del Cuerpo, máximo responsable policial sólo por debajo del director general, un cargo político.
Fernández-Chico desempeñó ese cargo durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y fue uno de los asistentes a la comida de 2009 en la que Villarejo grabó a la actual ministra de Defensa Dolores Delgado. En ese momento era fiscal de la Audiencia Nacional y acudió en compañía del entonces juez Baltasar Garzón, próximo a Villarejo y a su compañero Enrique García Castaño.
Entre los empleados también está el abogado David Macías al que Villarejo le debe 38.086,09 euros, o una familiar directa del excomisario a la que le adeuda 1.452.06 euros. Después de pasar casi diez meses en la cárcel, Villarejo solicitó el pasado 27 de julio al juez De Egea que le levantase el embargo de la cuenta de una de sus empresas llamada Stuart and Mackenzie para poder pagarles. Sólo unos días antes habían sido publicadas las grabaciones a la examiga del rey emérito Corinna Larsen.
La cuenta de Stuart and Mackenzie
Villarejo reiteró esta petición en septiembre, el mismo mes en el que se difundieron sus audios con la ministra. El juez De Egea rechazó sus pretensiones en noviembre y decidió mantener el embargo sobre sus bienes. Según informan fuentes de la investigación, los abogados del excomisario han recurrido esta decisión del magistrado.
La empresa Stuart and Mackenzie aparece en varias fases de la 'operación Tándem' que investiga las actividades de Villarejo y su entorno. Según las pesquisas de la pieza separada 'Iron' en la que se investiga el trabajo del excomisario para investigar a un despacho de abogados, se documenta un pago de de 90.750 euros, que los investigadores vinculan a estos trabajos.
Esta misma empresa es la que Villarejo propuso para canalizar la petición que le hizo Corinna Larsen de que ayudase a un político británico amigo suyo, que desveló este periódico.
