“Se fue de las manos”. La frase, pronunciada con resignación, es de un alto responsable de la seguridad durante los cinco años de mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. El presidente Mariano Rajoy buscó devolver favores y compensar lealtades a la hora de ocupar los puestos principales y lo que resultó fue un equipo 'Frankenstein' al que no tardaron en saltarle las costuras. Las pugnas internas tuvieron mucho de lucha de egos y en ese escenario fue ganando peso poco a poco el ‘número dos’ de la Policía, Eugenio Pino. Bajo su mando, con la protección del ministro, resurgió la figura de un veterano comisario de controvertido pasado llamado José Manuel Villarejo.
El resultado de aquella combinación es hoy de sobra conocida: mandos policiales acorralados en los tribunales o en la cárcel, jueces que investigan el uso de fondos reservados para fines partidistas, fiscales que directamente hablan de un “clan mafioso” en las fuerzas de seguridad y una sensación generalizada en la Policía de que la catarata de sobresaltos no tendrá fin. La Audiencia Nacional ya ha dado el salto de investigar los negocios privados de comisarios sospechosos para apuntar a quienes les daban las órdenes desde los despachos.
La pregunta es: ¿quién daba las órdenes a los policías?
La aparición de la 'operación Kitchen' en la que Villarejo y su entorno captaron al chófer de Bárcenas para robarle documentación sensible sobre la corrupción del PP ha llevado al juez que investiga la caja B del partido a pedir a Interior un informe para dar con "los últimos responsables". La pregunta es: ¿quién daba las órdenes a los policías?. ¿Formaba parte de esos "encargos puntuales" que la exsecretaria general 'popular' María Dolores de Cospedal y su marido prometieron encomendar a Villarejo con el conocimiento de Rajoy o partía del Ministerio? A la espera del recorrido judicial del caso, los excolaboradores más cercanos de Cosidó en la Policía se esfuerzan por desmarcar al ahora portavoz 'popular' en el Senado de las actividades de Pino y Villarejo. Señalan más arriba.
Los primeros problemas
Es difícil determinar de manera exacta el momento en el que empezaron a torcerse las cosas en Interior. Algunas fuentes consultadas por 'Vozpópuli' sitúan el origen en la mera composición del Ministerio, otras afirman que no hubo un punto de inflexión concreto. Quizá el primer aviso fue la espantada del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, tras apenas un año en el cargo. Letrado del Tribunal Constitucional, su designación pretendía dotar de un barniz legalista e independiente al Ministerio. Era una forma de marcar distancias con la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Desde la oposición, los populares no se cansaron de acusar a los socialistas de haber instaurado una policía política. Usaban como ejemplo a la UDEF y causas como la Gürtel. Ahora se ha sabido que, mientras tanto, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, recibía en su despacho a Villarejo. Y que el comisario le garantizó que el jefe de la UDEF, su amigo José Luis Olivera, había boicoteado la investigación del caso que tanto preocupaba al partido. Luego Olivera acabaría protagonizando una meteórica carrera con el PP hasta llegar a la cúpula de Interior.
Antes de irse, Ulloa se había visto salpicado por el 'caso Interligare', una investigación de la propia UDEF sobre la concesión de subvenciones del Ministerio a una empresa en la que figuraban comisarios jubilados o en excedencia. Uno de los responsables de Interligare era el comisario Gabriel Fuentes, quien contaba con un despacho como asesor en la propia Secretaría de Estado de Ulloa. Fuentes estaba en la comida de 2009 de la ministra de Justicia con Villarejo, Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, o el juez Garzón. La salida de Ulloa se interpretó con el tiempo como una huida al advertir algunas de las prácticas que ahora van saliendo a la luz.
La composición del Ministerio
En sustitución de Ulloa, Fernández Díaz otorgó la secretaría de Estado a su jefe de gabinete, Francisco Martínez, hoy diputado del PP. Eldiario.es desveló que en el sumario del 'pequeño Nicolás' constan dos llamadas de 20 minutos en total entre Martínez y Villarejo el mismo día de la detención del joven y el registro de su casa donde aparecieron anotaciones que vinculaban al polémico mando. Villarejo le dijo al juez que era porque estaba informando de una importante investigación antiterrorista urgente, pero las fuentes policiales advierten de que lo normal es que Martínez despachase esos temas con el comisario general de Información, Enrique Barón.
Pronto el ministro pasó a ocuparse de su principal preocupación: Cataluña
Fernández Díaz era un desconocido para las fuerzas de seguridad cuando Rajoy le nombró ministro. Curtido en la moqueta parlamentaria, el presidente premió así su fidelidad durante años. Sobre el papel tenía el reto de gestionar el final de ETA, sin embargo, fue el primer responsable de Interior que no se centró en el terrorismo durante su toma de posesión. En lugar de eso habló de preservar la paz social en las calles. El año 2011 llegaba a su fin, el 15M había recorrido España y desde Grecia asomaba un clima de altercados callejeros provocados por la crisis económica. Pero la conflictividad no fue a más y pronto el ministro pasó a ocuparse de su principal preocupación: Cataluña.
Al frente de la Policía Nacional, Rajoy situó a Ignacio Cosidó. Se había destacado por su dureza con Rubalcaba en el Congreso a cuenta del caso Faisán, la investigación de un chivatazo policial a la red de extorsión de ETA. La Policía también fue una sorpresa para él tras haber pasado ocho años en el Gabinete del director de la Guardia Civil durante el Gobierno de Aznar. Pero Rajoy le reservó el Instituto Armado a otro de sus más fieles, el gallego Arsenio Fernández de Mesa del que no guardan buen recuerdo en la Institución.
Pino, un comisario afín al PP
Justo por debajo de Cosidó, como Director Adjunto Operativo de la Policía, le colocaron a Eugenio Pino al que él apenas conocía. Pino era uno de los comisarios de cabecera del PP, visitador de la calle Génova y con una larga trayectoria en los antidisturbios. Pronto dejó patente su perfil autoritario como máximo mando uniformado del Cuerpo. La nueva cúpula propuso el cese del policía que inició las pesquisas del caso Interligare y Cosidó lo aceptó.
El ahora portavoz del PP en el Senado no desempeñó un perfil bajo y su presencia en los medios disgustaba al ministro. Así empezaron las tiranteces entre ambos, que fueron a más a medida que avanzó la legislatura. El ministro encontró en Pino a su interlocutor en la Policía y le dio plenos poderes. Ambos puenteaban a Cosidó, quien pasaba mucho tiempo lejos de su despacho visitando comisarías de toda España. Esa fue su manera de marcar distancias con su ‘número dos’ por razones parecidas a las de Ulloa, si bien él nunca dimitió.
Por la sede de la Dirección de la Policía desfilaba un grupo de mandos controlados y dirigidos por Pino, entre ellos Villarejo
De muchas cosas no se enteraba y de otras no quería enterarse. Cosidó tenía su despacho casi al lado del de Pino en la primera planta de la sede de la Dirección General de la Policía. Por allí desfilaba habitualmente un grupo de policías controlados y dirigidos por Pino, entre ellos Villarejo, sin horario fijo y con un pie en la Policía y otro en sus empresas privadas. Crearon una especie de unidad de inteligencia policial paralela dedicada a investigaciones sin control judicial.
Informes apócrifos
La filtración de un audio del ministro con el jefe de la Oficina Antifruade de Cataluña demostró el interés que tenía Fernández Díaz en airear casos de corrupción que afectasen a dirigentes nacionalistas. De aquellos años son documentos como el informe apócrifo de la UDEF sobre dinero en Suiza de Jordi Pujol y Artur Mas, el informe PISA sobre la financiación ilegal de Podemos o una cuenta Suiza del exalcalde de Barcelona que resultó ser falsa. Estos trabajos se publicaban en medios de comunicación en fechas políticamente claves, aunque su contenido rara vez daba para remitirlo a un Juzgado.
Uno de los hombres que actuaba a las órdenes de Pino era el comisario Marcelino Martín Blas, responsable de la Unidad de Asuntos Internos. Esta estructura dependía directamente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), pero Martín Blas desempeñó algún encargo que no tenía que ver con su función de perseguir delitos cometidos por funcionarios policiales. No obstante, en un momento dado de la legislatura Martín Blas se enfrentó a Pino y a su grupo de policías afines, principalmente a Villarejo. Ambos se convirtieron en enemigos íntimos y eso dio pie a la llamada guerra de comisarios en la que Fernández Díaz y Cosidó libraron el último enfrentamiento de su guerra fría.
El director de la Policía se inclinó por Martín Blas y el ministro se posicionó en favor de su hombre de confianza en la Policía, Eugenio Pino. Incluso llegó a defender públicamente los servicios prestados a España por a Villarejo cuando 'El País' publicó que participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros. Eso es algo desorbitado para un funcionario. Cosidó encargó a Pino una investigación interna al respecto pero se cerró en falso y no pasó nada. Hoy la Fiscalía no duda en que las actividades de Villarejo incurren en un abanico de incompatibilidades.
Una solución salomónica fallida
El enfrentamiento entre Villarejo y Martín Blas iba a más y ya había dado el salto a sumarios judiciales y a los medios de comunicación así que Cosidó quiso adoptar una decisión salomónica y cesar a ambos. Martín Blas fue apartado de Asuntos Internos, pero con Villarejo no fue tan sencillo. Ya se le había buscado un nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos, pero no se llevó a cabo al no contar con ningún informe de su superior proponiendo su cese. Otra vez Pino.
Cosidó terminó de confirmar ahí su situación dentro del Ministerio, fue un punto de inflexión en el que terminó de asumir ausencia de poder ante un subordinado como Pino que había adquirido entidad propia bajo la protección del ministro. Antes de su jubilación en 2016, tanto Pino como su protegido Villarejo fueron condecorados por el ministro con medallas que conllevan suculentas pensiones vitalicias.
Lo que intenta dilucidar ahora la Justicia en torno al caso Villarejo es si se trataba sólo de un grupo de policías corruptos descontrolados o de una trama política en la que los agentes tan sólo eran el brazo ejecutor. Las pesquisas avanzan bajo la constante incertidumbre que impone la ruleta rusa de las grabaciones de Villarejo. Cunde el nerviosismo entre todo aquel que hubiese desempeñado un puesto de responsabilidad en aquel Ministerio. Han desaparecido los WhatsApp, las llamadas de teléfono o las citas en despachos. Nadie se fía de nadie y el mero hecho de poner el móvil encima de la mesa provoca algún gesto de incomodidad.
