Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) prepara una estrategia combinada para eludir la cárcel tras haber sido condenado a 10 años y cinco meses de prisión: agotar la vía de los recursos judiciales e invocar los controles periódicos que sigue en Valencia para mantener a raya la leucemia que le fue dignosticada en 2015, cuyo tratramiento, que incluyó un complejo trasplante de médula ósea, le ha permitido desde entonces llevar una vida normal, si bien alejada de la esfera pública y por descontado del ámbito político, del que se apartó de plano desde su abruputa salida como portavoz y diputado del PP en el Congreso (abril de 2008).
El exministro y expresidente de la Generaltat Valenciana ha encajado de muy mal grado la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que le impone, además de la pena de cárcel, 17 años y 10 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogado y el pago de una sanción que supera los 25 millones de euros tras haber quedado acreditada la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil en el marco del llamado 'caso Erial', la trama de adjudicación de las ITV valencianas en su etapa como presidente autonómico.
Tras conocer la resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, Zaplana emitió un comunicado a través de su defensa en el que, pese a todo, continuaba negando la mayor: "Sigo confiando en la Justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones". Casi una semana después, el que fuera hombre clave durante el último Gobierno de José María Aznar hasta acabar arrumbado con el nuevo liderazgo en el PP de Mariano Rajoy, trata de asimilar sin resignarse el varapalo judicial desde la población alicantina de Benidorm, donde se estrenó en política como alcalde (1991-95). Lo que no tiene previsto es salirse de su rutina diaria: paseos por la playa, baños de sol, visitas recurrentes a Valencia para someterse a los chequeos médicos y ejercicio físico en un gimnasio de la localidad, una práctica que le ha acompañado desde sus años de juventud.
Un patrimonio mermado
Fuentes de su entorno relatan a Vozpópuli que el exdirigente político continúa sosteniendo que no ha evadido capitales en el extranjero y que todo lo que acaba de ser acreditado como verdad judicial es una gran mentira. En los últimos días, además, apenas sale a la calle llevado por el temor a que le señalen como un "ladrón", circunstancia que, junto a la eventualidad de tener que afrontar el pago de la multa millonaria que le ha sido impuesta, conforman hoy sus principales motivos de preocupación. En el capítulo patrimonial, Zaplana ya no cuenta con sus viviendas en Madrid y Valencia, y de hecho, en los escasos viajes que realiza a la capital de España, reside en la vivienda de alguna de sus dos hijas.
De vida social, nada. En este sentido, es una incógnita si, como en él ha sido costumbre, el expresidente valenciano se dejará ver durante las cercanas fiestas patronales de Benidorm (entre el 9 y el 13 de noviembre) en El Picarol, su peña de amigos de siempre entre los que se cuentan (o contaban) Joaquín Barceló, cuya confesión en el juicio respecto a su papel de testaferro, ha sido determinante en el desenlace del juicio y en la imposición de la condena.
En cuanto a vida política, menos que nada. El único vínculo con exdirigentes provinciales y regionales del PP es la comida mensual que venía manteniendo con, entre otros, José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y otros nombres que formaron su núcleo duro sobre el terreno cuando, pese a que Zaplana ya estaba ocupado en la política nacional, mantuvo un agrio duelo interno por el poder del PP valenciano con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. A alguna de estas comidas de viejos amigos se ha sumado también el actual presidente del Gobierno valenciano, el alicantino Carlos Mazón.
259 días en cárcel y una larga hospitalización
Zaplana ya esgrimió su enfermedad para eludir la prisión provisional hace cinco años, pero la leucemia no le libró de pisar unos meses el módulo de preventivos de la cárcel de Picassent (Valencia): allí ingresó el 24 de mayo de 2018 y al día siguiente sus abogados solicitaron su excarcelación por motivos de salud. Tanto la juez instructora como la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia rechazaron la petición en cinco ocasiones al considerar un manifiesto riesgo de fuga y la certeza de que el expolítico podría destruir pruebas para dificultar la localización de la supuesta fortuna que Zaplana fuera de España, un extremo que el propio investigado no se cansa de desmentir desde entonces. Finalmente, tras la presentación de varios informes hematológicos que advertían del peligro de que su estado se deteriora de forma irreversible, fue puesto en libertad en el mes de febrero de 2019, tras pasar hospitalizado 51 de los 259 días que permaneció en la cárcel y habérsele inmovilizado, por orden de la instructora, la cantidad de 6,4 millones de euros en Suiza.
La intención de su defensa, aparte de remtirse a los precedentes, es tomar como referencia el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, quien finalmente logró obtener el aval forense al razonamiento de su defensa para cumplir en prisión su condena por el fraude de los ERE: su cáncer de próstata solo podía tratarse con garantías fuera de un establecimiento penitenciario. El pasado julio, el Tribunal Constitucional acabó anulando las condenas de Chaves y Griñán en lo que supuso una suerte de indulto encubierto que Zaplana, viejo conocedor de los aspectos más vidriosos de la política, no espera ni de lejos.
