Con la reforma que promoverá el PP, embestidas como las que intentaron en su día la rusa Lukoil o la china Sinopec en Repsol estarán condenadas al fracaso, al igual que la que ahora protagoniza Sacyr con el concurso de la mexicana Pemex. Se trata de un sector estratégico y aquí no se admitirán bromas. La compra de participaciones en empresas españolas por sociedades extracomunitarias que supongan la tenencia directa o indirecta del 25% de los derechos de voto, tendrán que pasar por el filtro de Industria, que tendrá la última palabra. Las operaciones impulsadas por compañías comunitarias estarán sometidas al mismo condicionante si el 25% de su accionariado está en manos de participantes ajenos a la UE. No habrá hueco para el engaño.

Según fuentes del PP, el cambio que más afectará a la ley del Mercado de Valores abrirá la puerta a un posible veto por parte del supervisor a las operaciones concertadas que busquen eludir la presentación de una opa por el 100% de la compañía y puedan causar, por tanto, graves perjuicios a los accionistas minoritarios. La reforma obligará a dar este paso a todos los accionistas confabulados.

Para evitar que la nueva normativa sea sorteada mediante vericuetos legales, establecerá una definición expresa de lo que se entiende por la toma de control de una compañía. Esta no solo se formalizará mediante el acceso de un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%, sino también cuando, en caso de una participación inferior, se controle el consejo de administración mediante el nombramiento de más de la mitad de sus miembros.

La CNMV será la que decida si confluyen estas circunstancias, a las que se sumará una más: se presumirá que hay posición de control cuando el precio de la compra del paquete de acciones incorpore una prima por el dominio de la sociedad.

Operaciones concertadas
Es intención del equipo económico del PP introducir también en la nueva ley criterios claros para probar si ha habido o no una operación de concertación. Por ejemplo, se entenderá así cuando la adquisición de los derechos de voto se haya financiado por quienes ostenten al menos el 5% de los citados derechos. Asimismo, se considerará que ha existido concierto cuando los derechos comprados correspondan a valores sobre los que pese una pignoración en beneficio de otros socios que ya tengan el 5% de los derechos de voto de la compañía.

Si los socios que actúan en concierto disponen de una participación agregada de menos del 30% en la sociedad, no podrán comprar más derechos de voto sin formular una OPA, se fija en el cambio normativo que se maneja.

El objetivo último de esta reforma, explican fuentes del PP, es evitar que la compra de participaciones empresariales por debajo del 30% puedan ser burladas y queden fuera del examen del regulador. De esta forma, se devolverá al Gobierno la potestad para determinar la presencia de inversiones extracomunitarias en empresas privadas de sectores estratégicos, atención que ahora se centra en la ampliación por parte de Pemex de su participación en Repsol. Las mismas fuentes recuerdan que hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que reconoce al Ejecutivo español la posibilidad de limitar las inversiones en sectores regulados, máxime si está en juego la seguridad energética.

“Determinadas inversiones no son bien recibidas en España porque no son compatibles por motivos de competencia o de mercado”, ha dicho Cristóbal Montoro como aviso para navegantes destinado, en este caso, a Sacyr. La reforma normativa que promoverá el PP es de factura alemana, sobre todo, aunque otros países como Francia e Italia ya cuentan con leyes similares.

En este caso, la política sí que alumbrará extraños compañeros de cama y el PP contará en la próxima legislatura con el apoyo expreso del PNV a la contrarreforma. Los nacionalistas vascos, en sintonía con los intereses de Iberdrola, se opusieron el año pasado con uñas y dientes a cambiar unas reglas de juego pensadas por el Gobierno de Zapatero para favorecer la mayor penetración de ACS en la eléctrica. En todo caso, el pronóstico del PNV de que la llamada ‘enmienda Florentino’ permitiría que los tiburones financieros desmantelaran compañías enteras no se ha cumplido, al menos de momento.