El Partido Popular trasladó este miércoles su rechazo total al plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de revisar en cuatro meses (el 9 de marzo) el estado de alarma y criticó que “no haya contestado” a su oferta de aplicar este mecanismo durante dos meses y trabajar durante ese lapso de tiempo en ‘un plan B’ para facilitar las limitaciones de movimientos.
Con el afán de que el PP pueda apoyar el estado de alarma, el jefe del Ejecutivo ofreció hoy al líder de la oposición, Pablo Casado, que “dentro de cuatro meses” el Consejo Interterritorial de Salud, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo, “si estipulan que no es necesaria ya, el Gobierno revisará su decisión y levantará el estado de alarma” antes del 9 de mayo, la fecha inicialmente anunciada.
Tras estas palabras de Sánchez, fuentes de la dirección del PP defendieron que ellos ya han cedido al avanzar que prestarían su apoyo para un estado de alarma durante dos meses. En este sentido, censuraron que Sánchez “no ha contestado” a esta propuesta y “se ha descolgado hablando de cuatro meses”.
Fuentes de la cúpula popular consultadas por Servimedia sacan la conclusión de que en el Ejecutivo “quieren” este mecanismo “para seis meses”. En su caso, se remitieron a la tramitación de la proposición presentada el pasado 5 de agosto para modificar la ley de salud del año 1986, que podría debatirse próximamente y en cuyo debate “se tendrán que retratar” todos.
El PP propone una alarma de dos meses
“No aceptamos lo de los cuatro meses. No nos vale”, indicaron desde Génova, quejándose de que “así no se negocian las cosas”. Por ello, se reafirmaron en la propuesta verbalizada por Casado y que pasa por condicionar su apoyo al estado de alarma a que se limite a dos meses y a que se apruebe una reforma de la ley de Salud de 1986 para poder proporcionar seguridad jurídica a las comunidades a la hora implementar limitaciones de movilidad.
En cualquier caso, desde Génova aseguraron de que en La Moncloa “saben que nuestra mano está tendida hasta el último minuto” y que “se puede hablar”. “La pelota está en su tejado”, comentaron las fuentes populares consultadas, llamando a la rectificación del gabinete de Pedro Sánchez para “no orillar” al Parlamento.
“Es el Parlamento el que decide un estado de alarma, no un Consejo Interterritorial”, insistieron desde Génova, cargando igualmente contra Sánchez por delegar en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa del decreto de estado de alarma este jueves en la Cámara Baja. “Es una irresponsabilidad y un escándalo”, denunciaron las mencionadas fuentes populares ante esta “decisión que afectará a todos los españoles”.
En este contexto, fuentes populares explicaron a Servimedia que están “dialogando con grupos parlamentarios para garantizar el control parlamentario y evitar un estado de alarma de seis meses”. Por ejemplo, fuentes de Junts confirmaron que han contactado con ellos por esta cuestión.
Por su parte, fuentes de La Moncloa pusieron en valor la “generosidad” del presidente para que el PP se avenga a la prórroga con la oferta de revisar el estado de alarma en cuatro meses. “Lo que no queremos es un debate continuo de ‘pim, pam, pum’”, recalcaron, y se revolvieron contra Casado por poner en duda “el control judicial” del estado de alarma.
Desde el gabinete de Sánchez advirtieron al principal partido de la oposición de que ésta es su oferta y si no la aceptan, el estado de alarma se mantendrá seis meses. Recordaron, no obstante, que se podrá levantar este instrumento constitucional en cuanto la situación epidemiológica mejore y así se ratifique con los consejeros de sanidad.
Así las cosas, fuentes gubernamentales trasladaron su “tranquilidad” con su manera de proceder y recalcaron que las grandes empresas piden también un horizonte de tiempo para tener en cuenta qué medidas tomar en vez de ir “de 15 en 15 días”. Defendieron, en síntesis, que “importa haber planificado el estado de alarma” de esta manera.
Todo este escenario teniendo en cuenta que “en cuanto se pueda, se levantará” el estado de alarma, ya que “nadie” quiere prolongarlo más de lo debido y si se ha llegado a este punto es porque era necesario para otorgar un marco legal a las comunidades y no tener que depender de las decisiones de los tribunales superiores de justicia de cada una de las regiones.
