Las Administraciones públicas no podrán realizar durante 2012 aportaciones a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación. Así consta en el Real Decreto-ley publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación”, reza el texto. La medida no fue precisamente anunciada el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta prohibición del Gobierno afecta tanto a la Administración General del Estado como a las de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, los órganos constitucionales, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales. La supresión de aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios -cuyo impacto no se cuantifica- se suma a la ampliación, de 35 horas a 37,5 horas, de la jornada de los trabajadores públicos, y a la congelación del salario en 2012.

"Recargo temporal de solidaridad"

La retribución a los funcionarios ya se vio mermada un 5% en 2010 y, como ahora, congelada en 2011. Sin embargo, se permitió a los empleados y a las corporaciones públicas destinar hasta un 0,3% de su masa salarial a financiar planes de pensiones de empleo o similares. Esa opción desaparece con Rajoy.

Junto a este recorte de gastos, el Gobierno aprobó ayer "un recargo temporal de solidaridad" a las rentas del trabajo y el capital en el IRPF para 2012 y 2013, una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) también por dos años y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, lo que incrementará los ingresos en 6.275 millones.