Fisuras entre los presos de ETA. El sector duro de la banda critica que sus compañeros firmen cartas donde manifiestan su supuesto arrepentimiento para lograr el acercamiento a cárceles más próximas a sus ciudades de origen. Consideran que se trata de una "claudicación" frente al Estado y denuncian presiones de los abogados que les representan para estampar su rúbrica en estas misivas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya ha expresado sus sospechas de que existe una "estrategia" de "falsos arrepentimientos" entre los terroristas encarcelados.
La división se manifiesta en el EPPK, el llamado colectivo de presos de ETA, que durante años se ha encargado de mantener la cohesión interna entre sus miembros. Los terroristas que representan el ala más dura se rebelan contra los abogados que en los últimos años han representado a este grupo. No comulgan con los métodos que están empleando para lograr el traslado de los etarras que actualmente cumplen condenas en cárceles al sur de España.
Hasta ahora se han efectuado 114 traslados de reclusos de la banda durante el Gobierno de Pedro Sánchez; 35 de ellos con delitos de sangre. Los miembros críticos del EPPK consideran que los abogados están presionando a sus representados para que firmen las cartas de arrepentimiento y, así, abrir las puertas a un acercamiento a sus localidades de origen.
Acto de "claudicación"
Consideran que esa decisión es una "claudicación" frente al Estado y prefieren seguir cumpliendo sus condenas en cárceles más alejadas. Llegan a hablar de "chantaje" por parte de los abogados. No sólo a ellos, también a sus familiares. "No firmo. Me quedo preso en Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia o Madrid, pero no firmo este nuevo chantaje colectivo", afirman estos sectores críticos, según detalla el portal Lahaine.
No es la primera ocasión en que el histórico EPPK muestra fragmentación de opiniones. Cuando ETA -acorralada policialmente- anunció su decisión de dejar las armas, algunos de sus miembros arremetieron duramente contra la dirección de la banda al considerar que la vía terrorista aún era legítima para alcanzar sus fines políticos.
La última cúpula significativa de ETA, liderada por David Pla e Iratxe Sorzabal, consideraba que la gestión de los presos de la banda era uno de los objetivos prioritarios. Fuentes de seguridad consultadas por este diario recuerdan que la banda terrorista y su entorno, en sus reivindicaciones, siempre han hecho mención a este colectivo; muchas veces pidiendo una amnistía general.
Pero esa reivindicación perdió fuerza tras la detención de Pla y Sorzabal en la llamada Operación Pardines. Los etarras pertenecientes al ala más dura se sintieron olvidados y marginados después de que la banda anunciase su cese definitivo sin lograr el objetivo.
"Estrategia orquestada"
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) emitió el pasado viernes un comunicado tras conocer el acercamiento de otros seis presos de ETA. Denunciaba la "estrategia de falsos arrepentimientos" entre los presos. La asociación apunta a un plan "orquestado" por los abogados de los etarras para "hacerles firmar cartas" en las que manifiestan su supuesto pesar por su recorrido terrorista para "así tramitar con el Ministerio del Interior su traslado a cárceles próximas al País Vasco".
"Según comunicamos en el día de ayer, calculamos que en unos cuatro meses todos los presos etarras estarán en prisiones del norte recurriendo a "cartas de supuesto perdón" que jamás llegan a las víctimas, y el Gobierno habrá cumplido una de las luchas históricas de ETA", esgrimen desde la AVT. Y añaden: "Cierto es que todos los Gobiernos de este país han acercado presos, pero a este paso, el señor Grande-Marlaska pasará a la historia como el que los acercó a todos".
