Las cárceles comienzan su particular 'desescalada'. Los centros penitenciarios de las provincias que se encuentren en la fase 1 del plan diseñado por el Ejecutivo retomarán las comunicaciones de los internos con sus familias. Los reclusos podrán volver a disfrutar de permisos y se autorizarán de nuevo los traslados. Desde el pasado 12 de marzo, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias había establecido un estricto control para intentar que el coronavirus no se extendiese entre una de las poblaciones de mayor riesgo junto a la hospitalaria y la de las residencias de mayores.
Para esta nueva etapa, se fijan medidas de prevención como que los visitantes porten guantes y mascarillas o que las comunicaciones sólo se puedan llevar a cabo en locutorios donde una mampara separa al reo de sus allegados o abogados. Así se detalla, junto a otras medidas, en una circular remitida a las direcciones de los centros, como desarrollo de la orden publicada en el BOE el pasado miércoles por el Ministerio del Interior.
Sin embargo, los sindicatos de prisiones ven prematura la relajación de las medidas y siguen denunciando que no tienen suficientes medidas de seguridad para garantizar que no haya brotes dentro de los centros. "Nosotros nos oponemos ahora mismo a la reapertura. No estamos de acuerdo. Lo vemos prematuro", dice Jorge Vilas, portavoz de CSIF. "Si no se le hace el test a todos los trabajadores penitenciarios, estamos poniendo en riesgo también a los internos", señala. A su parecer, las cárceles deberían ir un paso por detrás en la 'desescalada' y esperar unos quince días más para "ver la evolución en la calle".
En este sentido, también denuncia que Instituciones Penitenciarias no ha negociado el proceso con ellos más allá de una reunión el lunes.
Se ha denunciado ante la Fiscalía
