Soldados contando arandelas en un cuartel. Cocineros militares desplazados de sus puestos por un sistema de cáterin. Guardas de seguridad privada en las garitas de entrada de los destacamentos militares. Esta es la realidad de cientos de soldados en los últimos años. La proliferación de personal civil es un hecho cada vez más patente en las Fuerzas Armadas que está apartando a los militares de sus puestos naturales de trabajo.El portal de transparencia muestra cómo el Ministerio de Defensa, tan sólo en lo que llevamos de 2018, ha suscrito contratos por valor de 50 millones de euros con empresas privadas para que realicen labores que hasta ahora desarrollaban los propios soldados. Y todavía quedan cuatro meses.El que más “llama la atención” a los militares son los acuerdos por seguridad privada. En 2017, con María Dolores de Cospedal dirigiendo el Ministerio, España firmó un gasto de 40 millones de euros con este concepto para cinco años. Este ejercicio, ese contrato se ha visto incrementado en 6 millones más.
Si uno se acerca a un destacamento militar, en la garita de control le atenderá un guarda de seguridad de una empresa privada en lugar de un militar con su uniforme verde
La imagen puede resultar chocante. Si uno se acerca a un destacamento militar, en la garita de control le atenderá un guarda de seguridad de una empresa privada en lugar de un militar con su uniforme verde. Civiles defendiendo el puesto de trabajo de los soldados. Hasta 650 guardias jurado, según las informaciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli, trabajan subcontratados para Defensa.Es el caso del Hospital Militar Gómez Ulla. Allí hay 50 empleados de seguridad privada que realizan un trabajo que antes efectuaba la policía militar. También pasa en el cuartel General Arteaga, donde la seguridad y los conserjes también son proporcionados por sociedades privadas.La relación entre los soldados y los guardias de uniforme privado es buena. "No tenemos nada en contra de ellos, es el Ministerio quien crea el problema. Ellos mismos nos dicen que no deberían estar en puestos militares, sino en supermercados o en el metro", dice una fuente que vive la situación de primera mano.
Tuppers para soldados
Los soldados destinados en cuarteles se encuentran desde hace tiempo con que sus compañeros ya no les hacen la comida. Las cantinas están cerradas. El almuerzo y la cena les llegan en tupper “que a saber cuándo se han cocinado”.El Ministerio tiene contratos con empresas de cáterin para este año por valor de casi 19 millones de euros. Mientras tantos, los cocineros que tiene el Ejército son destinados a otras tareas. Los desplazan de unos puestos de trabajo que en algunos casos han ocupado durante 20 años.Otros contratos suscritos por la Administración tienen como concepto la limpieza de los recintos militares (15’5 millones de euros), el mantenimiento de las instalaciones (2’7) o la climatización de los edificios (1,1)
Los habilitados
En cada destacamento militar hay una persona encargada de contratar empresas para que den servicios. Son los conocidos como habilitados. Los contratos se hacen de manera discrecional, por lo que pueden contratar con quien quieran, en un despacho y sin rendir cuentas a nadie. El cobro de comisiones y regalos a cambio de contrato no es algo ajeno al Ejército. Una simple búsqueda en internet muestra numerosos casos. Para ejemplo un botón: a principios de mayo de este año fueron condenados dos tenientes coroneles por recibir dinero y regalos de empresas, según publicó infoLibre. Cruz Picazo Ramírez y Epifanio Ramírez Requeno cobraban en metálico, recibían relojes de lujo e invitaciones al palco del Bernabéu a cambio de contratos con empresas.
Ante la "falta de personal", un plan alternativo
Los soldados con los que ha podido hablar este periódico explican que desde el Ministerio que ahora dirige Margarita Robles siempre se han justificado en la contratación de estas empresas en la “falta de personal”. Este medio ha preguntado directamente al departamento de prensa pero, al cierre de esta edición, no ha recibido respuesta alguna.La situación de los soldados cuando cumplen 45 años es dramática: se van al paro con un currículo en blanco, porque todos los cursos y especializaciones que han hecho durante su carrera militar no son computables en el INEM. Desde entonces y hasta que cumplen 64 años pasan a la reserva militar. Durante ese tiempo tienen derecho a dos años de paro y a una asignación mensual de 612 euros hasta que termina su contrato con el Estado.Para luchar contra esta situación nació hace seis meses la asociación ‘45 Sin Despidos’. La organización ha hecho un plan económico que consiste en integrar a los reservistas desempleados para que realicen los trabajos que ya están haciendo empresas externas.
Los contratos de seguridad privada cuestan al Estado 52 millones de euros, a lo que se le suma los 12 que cuesta mantener a 1500 soldados en la reserva
La plataforma se ha enfocado en el caso de la seguridad privada. Calculan que el gasto para Defensa será de 52 millones de euros: los 40 firmados el año pasado, los 6 extras que se le han sumado en 2018 y otros 6 de otros contratos de conserjerías y demás personal. A esto se le añade los 12 millones de euros que cuesta al Estado las asignaciones mensuales de los 1.500 efectivos que se irán a la calle cuando termine el presente ejercicio.Las cuentas para la asociación son claras: “Asumiendo Defensa los servicios que tiene externalizados permitiría mantener al personal militar que manda al paro y realizar una gestión más eficiente de los recursos”. Se ahorrarían 12 millones de euros que cuesta mantener a los 1500 soldados en el desempleo. Además, el sueldo de esos efectivos reenganchados a la vida militar tendría un coste de unos 31 millones de euros, en lugar de los 46 actuales con las empresas privadas, que sólo aportan 650 guardas. Es decir, se dispondría del doble de personal por 15 millones menos.
