El grupo parlamentario socialista ha registrado 37 enmiendas al proyecto de ley trans a pesar de las protestas del colectivo LGTBI, y mantiene su demanda de que sea un juez quien autorice el cambio de sexo en el registro para los menores de entre 12 y 16 años.
En el proyecto de ley que el Gobierno remitió al Congreso, tras duras negociaciones en el seno de la coalición con Unidas Podemos, los menores de 16 y mayores de 14 pueden cambiar de sexo en el registro "asistidos" por sus padres o tutores, y la intervención judicial se reserva para quienes tienen entre 12 y 14 años.
Protestas entre el colectivo LGTBI
La propuesta atiende en parte las advertencias de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, contrarios a la libre autodeterminación del género en el caso de los menores, pero ha levantado duras críticas en el colectivo LGTBI, que confiaba incluso en ampliar los derechos de los menores trans.
Los colectivos feministas contrarios a la autodeterminación de género creen sin embargo que las enmiendas socialistas se quedan cortas.
La diputada socialista Carmen Calvo, encargada de negociar en su día el proyecto desde la Vicepresidencia del Gobierno con el Ministerio de Igualdad y crítica con algunos de sus puntos, ha subrayado este lunes la necesidad de que la norma que salga del Congreso sea "plenamente constitucional", "rigurosa" y "protectora de la infancia", ya que previsiblemente será recurrida ante el Tribunal Constitucional".
De la violencia intragénero al "sexilio"
Además de la enmienda sobre los menores, el PSOE plantea eliminar de la ley las referencias a la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI) para evitar equiparar a las víctimas de ese colectivo con las de la violencia de género. Según argumenta, la actual regulación de la violencia doméstica y de la violencia de género da cobertura a todos los supuestos.
Sobre la posibilidad de revertir un cambio de sexo en el registro, mantiene que pueda hacerse pasados seis meses, pero plantea que para dar marcha atrás también sea necesaria la intervención de un juez.
En el ámbito del empleo propone eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans, en los planes de igualdad y no discriminación, al tiempo que reclama medidas de acción positiva para la contratación del colectivo.
Si se aceptan las enmiendas socialistas, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán un año para adoptar medidas en favor de la igualdad de las personas LGTBI y un protocolo contra el acoso.
Por otro lado, el grupo insta a garantizar que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar no existe discriminación para el colectivo LGTBI y plantea la necesidad de que los menores susceptibles de ser adoptados conozcan la diversidad familiar existente.
Ha registrado también propuestas para reforzar la atención sanitaria a las mujeres lesbianas y bisexuales, proteger a las mujeres trans en situación de prostitución, concretar el trabajo de los consulados españoles ante los matrimonios de parejas del mismo sexo y definir funciones de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Piden asimismo eliminar un artículo sobre la responsabilidad patrimonial y la reparación del daño cuando se discrimine a alguien por razón de sexo o género, al considerar que es una regulación "confusa" jurídicamente
Con el objetivo de reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural los socialistas sugieren en sus enmiendas estudiar el "sexilio", palabra con la que alude a la decisión de muchas personas de abandonar su lugar de residencia ante el rechazo o la discriminación que sufren.
Además de medidas que garanticen los derechos y oportunidades de las personas LGTBI en ese medio rural, instan a las administraciones públicas a promover un turismo diverso e inclusivo y consideran necesario prevenir el sinhogarismo entre este colectivo, a veces víctima de delitos de odio.
El plazo para presentar enmiendas al controvertido proyecto, que cuenta con el rechazo frontal del PP y Vox, concluirá el miércoles, ya que la semana pasada, tras las presiones recibidas del Ministerio de Igualdad y de los colectivos LGTBI, los socialistas garantizaron que no habría más prórrogas.
