El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón ha decidido prorrogar la última línea de investigación de la trama, relativa al blanqueo de capitales de la red. Pese a estar ya finiquitando la mayoría de las piezas abiertas en este procedimiento (como ocurre con la presunta caja B del PP madrileño), en este caso ha decidido dar un margen de tres meses más para acotar el desvío de fondos de algunos cabecillas a países como Costa Rica, Mónaco o Isla Mauricio.
Los motivos que llevan al magistrado de la Audiencia Nacional a tomar esta decisión son, por un lado, la complejidad de los hechos que se investigan y, por otro, que todavía quedan diligencias pendientes de practicar. En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, García Castellón razona que tiene que tomar declaración a algunos de los imputados por las comisiones de esta trama que se habrían ocultado fuera de España. Además, sigue rastreando la presunta empresa pantalla que el constructor Ramiro Cid Sicluna tendría en Costa Rica.
Los investigadores sospechan que esta mercantil recibió activos de fondos que previamente depositó en Mónaco y que transfirió a Isla Mauricio. Por ello el juez da tres meses más de vida a la pieza número 12 de la macrocausa de corrupción, pero avisa que esta también toca a su fin. De esta forma respalda la petición formulada por algunas acusaciones como la Comunidad de Madrid, el PSOE o también del que fuera presidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón, que figura como imputado. La Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado al respecto.
Millones en el extranjero
Pese a que el caso Púnica se comenzó investigando en 2014, esta parte de la trama arrancó cinco años después, en mayo de 2019. Entonces la Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional que emitiera una Orden Europea de Investigación a Francia para recabar información sobre una cuenta abierta a nombre de la sociedad Manila Investments en la entidad Crédit Industriel Et Commercial, en París (Francia). La Audiencia investigó en secreto durante un año esta cuenta por presunto desvío de fondos de los cabecillas de la red.
Aunque hasta la fecha estas investigaciones se siguieron en la pieza relativa al pelotazo urbanístico de Valdemoro, el juez decidió abrir línea separada sobre el delito de blanqueo con el fin de recuperar los activos de esta trama que se habrían desviado al extranjero. Un año después de su apertura, tras adherir la respuesta de las autoridades francesas, García Castellón levantó el secreto y puso el foco en otros países, como Suiza. Ginebra ya se había convertido en el lugar elegido por los supuestos líderes de la Púnica como el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados (que tuvo cuentas abiertas entre los años 2000 y 2006) o el constructor David Marjaliza.
A ellos se añadió Eduardo Larraz. El juzgado acreditó que este exalto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre tenía saldos embargados en Suiza a su nombre y de su esposa. Larranz -a quien se le atribuyó la posesión de lingotes de oro- estaba en el foco de la Justicia por haber sido consejero de Arpegio, empresa pública controlada entonces por el Gobierno del PP madrileño y que habría servido para el desvío de fondos a través de proyectos adjudicados a sociedades la trama. Anticorrupción sostiene que este es uno de los entes junto con Gedesma y Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) que recibieron inyecciones millonarias de las arcas de la Comunidad.
Vínculo con Granados
A todo ello se añade que la Audiencia Nacional adhirió hace poco la información remitida por las autoridades de Liechtenstein y Costa Rica, aunque todavía queda pendiente recabar más documental sobre una sociedad vinculada Ramiro Cid Sicluna. La UCO sostiene que este promotor, muy ligado a Francisco Granados, se habría beneficiado de proyectos urbanísticos en Valdemoro en los años en los que Granados fue alcalde. El propio Marjaliza confirmó en sede judicial que los dos constructores abonaron comisiones al expolítico del PP a cambio de adjudicaciones.
Los agentes consideran que Granados también sacó beneficio de esta relación a través del entramado empresarial de Cid Sicluna. Según consta en sus informes, el exdirigente del PP madrileño adquirió varios inmuebles a sociedades de este empresario y disfrutó de parte de su patrimonio de manera velada. El rastreo les llevó a Mónaco, Isla Mauricio y, finalmente, Costa Rica, donde podría tener domiciliada una sociedad pantalla a su nombre. Por eso el magistrado prorroga tres meses más estas diligencias a la espera de acceder a más información sobre su entramado.
La Púnica en León
García Castellón también da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie en relación a la petición formulada por el que fuera presidente de la diputación de León Marcos Martínez. Su abogado quiere que se solicite al ente una copia de todos los expedientes que se tramitaron bajo su mandato relativos a las adjudicaciones en la estación de esquí de San Isidro. El magistrado que comenzó investigando esta causa, Eloy Velasco, le detuvo tras el estallido de la operación, en 2014, al considerar que medió para que las licitaciones fueran a empresarios de su entorno.
Ahora su defensa busca que el caso Púnica adhiera toda la documental sobre los procesos de adjudicación de la estación y de la cafetería desde 2014 hasta la fecha, así como un informe sobre los resultados de explotación de la estación de esquí desde 2010 hasta hora. El juez, por su parte, prefiere consultar primero al Ministerio Público antes de tomar una decisión. Tampoco se pronuncia, por el momento, en relación a todas las peticiones de archivo formuladas recientemente: "Ha de darse una respuesta global en el sentido de que nos hallamos en un momento final de la instrucción, por lo que no procede utilizar este cauce para efectuar dicha solicitud", sentencia.
