El desmantelamiento este miércoles en Francia de uno de los zulos estratégicos de ETA con la incautación de 145 armas cortas, prácticamente la mitad de las que la banda terrorista sustrajo en la empresa Sidam de la localidad francesa de Vauvert en 2006, ha dejado a la organización sin bazas para negociar. El desarme unilateral formaba parte de la estrategia de ETA como paso previo a la disolución. Una entrega que pretendía voluntaria y con mediadores internacionales y no, como ha ocurrido, producto de una operación policial.
La banda llevaba años intentando sin éxito encontrar un interlocutor oficial para escenificar la entrega de las armas pero la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a dar ningún paso en esa dirección había decidido a la dirección de ETA a intentar la implicación del Ejecutivo francés en la operación con la ayuda de la Comisión Internacional de Verificación, que en 2014 ya participó en una entrega simbólica. Un intento condenado al fracaso por la estrecha colaboración de los ejecutivos español y galo, que descarta cualquier paso de éste sin el beneplácito del primero. Otro intento similar, el protagonizado por el Gobierno vasco en 2014, cuando se ofreció a hacer de intermediario entre el Gobierno y ETA para el desmantelamiento de los zulos que la organización tenía en su poder, acabó también en fracaso.
La incautación del zulo de Carlepont (Francia) ha dejado a ETA sin bazas para negociar con el Gobierno español
El zulo desmantelado en un paraje forestal de la localidad francesa de Carlepont, a unos 100 kilómetros al noreste de París, en el departamento de Oise, supone la incautación de armamento más importante desde la realizada en 2004 con la detención de los dirigentes Mikel Albizu Mikel Antza y Soledad Iparraguirre Anboto, que vivían en una casona en mitad del campo en el término de Salis-de-Béarn, a 50 kilómetros de Pau. Entonces se intervino también más de un centenar de armas cortas y 400 kilos de explosivo Titadyne. Un golpe del que la banda se rehízo dos años más tarde con el robo de más de 300 armas de la fábrica Sidam de la localidad francesa de Vauvert, una parte de las cuales ha sido recuperada ahora.
“Lo que tiene que hacer ETA es entregar todas las armas –manifestó a este diario un mando del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC)-. El sellado que ellos pretenden no vale porque supone inutilizar material que ha sido empleado en la comisión de atentados y que nos puede permitir esclarecer algunos de los que aún están pendientes de ello. En este momento es imposible saber las armas y explosivos de que disponen, aunque una referencia es el robo de Vauvert. En cuanto al explosivo, en sus últimos atentados empleó material de fabricación casera, como el amonal, que se puede elaborar con fertilizantes y productos que se pueden adquirir en droguerías sin ningún problema, pero dado que ya han pasado cinco años desde que anunciaron que dejaban las armas su estado de conservación no puede ser bueno”.
David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka, los tres etarras que anunciaron el 'cese definitivo' de la violencia, están en prisión
El golpe ahora asestado es uno más de los sufridos desde que el 20 de octubre de 2011 ETA hiciera público que dejaba las armas. Paradójicamente, las tres personas que hicieron el anuncio están hoy detenidas. Un final de la violencia en el que la banda se ratificó hace menos de un mes, el pasado 27 de septiembre, con un comunicado difundido con motivo de la celebración del Gudari Eguna (Día del combatiente vasco), en el que censuraba el impasse impuesto por el Gobierno en los cinco años transcurridos y se lamentaba de que, a diferencia de lo ocurrido en Colombia entre las FARC y el Gobierno, no hubiese sido posible llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy.
Cinco años después
Cinco años después, los servicios antiterroristas creen que la banda no dispone en la actualidad de más de una veintena de militantes en Francia, encargados de gestionar la disolución de la misma, a ser posible de manera pactada. Otro centenar lleva años instalado en países como México, Venezuela, Uruguay y Cuba, alejados de la actividad de la banda y a la espera de una resolución del conflicto que les permita volver a España, y 355 están encarcelados en prisiones de España, Francia, Portugal y Suiza, según datos de la asociación Etxerat de familiares y allegados de presos de ETA.
La Policía y la Guardia Civil recogen en sus páginas web las identidades de los siete militantes más buscados. Se trata de los ‘históricos’ Ignacio de Juana Chaos y José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo, que se sospecha están en Venezuela, y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, de quien se lleva años sin noticias y se especula con la posibilidad, nunca confirmada, de que sufra una grave enfermedad. El resto de buscados son Mikel Barrios Santamaría, Oier Eguidazu Bernas, Eneko Aguirresarobe Olagoy y Anartz Arambarri Echaniz. Dos huidos más, Miren Nekate Txapartegi e Hilario Urbizu, fueron detenidos el pasado año en Suiza y México, respectivamente.
“Pese al cese definitivo de la violencia no hemos dejado de perseguir a ETA, como demuestran las numerosas detenciones practicadas desde entonces –dicen fuentes de los servicios anti-ETA consultados por Vozpópuli-. En esa tarea persistimos, al tiempo que intentamos localizar a los huidos para reclamar su entrega a los países en los que permanecen ocultos”. Un ejemplo de esta batalla policial son las detenciones de Izaskun Lesaka en 2012, cuando se encontraba al frente del Aparato Logístico de la organización, y, tres años después, de sus sucesores, Iñaki Reta y Xabier Goienetxea. También en 2015 fueron detenidos los entonces considerados máximos responsables de ETA, David Pla e Iratxe Sorzábal. Ambos y Lesaka fueron los tres encapuchados que en octubre de 2011 anunciaron en un vídeo el final de la actividad armada de la banda.
Los especialistas del SIGC sospechan que al frente de la misma se encuentra desde hace un año Mikel Irastorza, un militante sin experiencia ‘militar’ que pasó a la clandestinidad en 2013 pese a que la Policía no tenía ningún procedimiento abierto contra él. Hasta ese momento había sido portavoz del Foro de Debate Nacional, una plataforma impulsada por EA y Batasuna. “Tras el cese de la violencia ETA modificó su estructura con la desaparición del Aparato Militar, la creación de otro Técnico-Logístico, encargado de la custodia del armamento y de dar cobertura a los huidos, y el reforzamiento del Aparato Político, encargado de gestionar el final de la organización”, señalan fuentes de la lucha antiterrorista.
Todo ello con una estructura muy limitada, pero que forzosamente requiere de medios materiales para mantenerse. “Si ya no hay ‘impuesto revolucionario’ lo lógico es preguntarse, ¿de qué viven? –dicen los expertos en lucha antiterrorista-, y aún no hemos conseguido respondernos, aunque lo más razonable es que estén recibiendo ayudas económicas cuya procedencia desconocemos”.
