El presunto líder de la trama Gürtel Francisco Correa matizó este viernes su versión de por qué dejaron las empresas de su grupo –el denominado grupo Correa- de trabajar con la sede nacional del Partido Popular en los años 2003 -2004.
Si en un primer momento dijo que fue por la falta de "química" existente entre su número dos, Pablo Crespo, y Mariano Rajoy en su segunda declaración en el juicio de la Primera Época de esta red de corrupción ‘Don Vito’ señaló como culpable a otra persona. Se trata de Antonio Cámara, el que fuera secretario personal del ex presidente del Gobierno José María Aznar y al que Paco Correa contrató con indicación expresa de su “íntimo amigo” Alejandro Agag, yerno del ex líder del Partido Popular.
Cámara está siendo juzgado por gastar entre los años 2003 y 2011 un total de 177.891 euros con su visa black
Según ha declarado este viernes el imputado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, siguiendo las instrucciones de Agag contrató a Cámara pero eso le perjudicó en su relación con Génova 13 debido a que el ex secretario de Aznar tenía "graves problemas" y "fatal relación" con Mariano Rajoy. "Fiché a Antonio Cámara y él tenía problemas graves con Rajoy y personas del PP. Tenía una relación fatal con Rajoy y con su equipo. Fue por la incorporación de Cámara. Ayer le di la explicación de Mariano Rajoy y fue equivocada”, recalcó el número uno de esta red de corrupción.
Casualidades del destino la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares tampoco es un lugar desconocido para el que fuera secretario de Aznar y empleado de Francisco Correa, Antonio Cámara. La razón es bien sencilla. Desde el pasado 26 de septiembre se encuentra sentado en el banquillo de los acusados en el juicio de las tarjetas black por un delito de apropiación indebida.
Cámara es uno de los 65 procesados que está siendo juzgado en la actualidad por gastar entre los años 2003 y 2011 un total de 177.891 euros con su visa opaca. Fue miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP y ahora se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros por parte del fiscal Alejandro Luzón.
