El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha preguntado al Ministerio Fiscal si debe investigar la querella que interpuso la asociación independentista catalana Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por ocultar en Suiza dinero opaco, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli. De esta forma, el ministerio fiscal deberá informar al juez sobre si considera que se aportan indicios suficientes para iniciar un procedimiento penal contra el monarca.
Sin embargo, fuentes jurídicas explican a este diario que la baja calidad de la querella interpuesta por el colectivo independentista catalán permitirá al ministerio público negarse a investigar la misma, ya que basa su relato de hechos en recortes de prensa, sin aportar ninguna información sobre el relato que plasma Òmnium en el escrito.
El Tribunal Supremo ya archivó una querella similar presentada por el Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU) contra Juan Carlos I. En este caso, Marchena dictó el sobreseimiento provisional de este procedimiento al considerar que el relato de los hechos no ofrecía "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos”.
Investigación prospectiva
"Una interpretación de la norma que no desconozca el sentido común", prosigue el auto de Marchena, "conduce a sostener que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante, [...] de lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia”, concluye la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico.
De forma paralela a la querella de Òmnium, la Fiscalía también tiene que dar su opinión al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre si la causa sobre Corinna Larsen, que el togado reabrió la semana pasada, tiene alguna conexión con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey emérito.
La Audiencia Nacional considera que la investigación sobre Corinna Larsen está conectada con las pesquisas que lleva a cabo el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos
Según especifica el instructor en el auto de reapertura de la pieza separada del caso Villarejo denominada Carol, la investigación sobre Larsen está conectada con las pesquisas que lleva a cabo el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos. En concreto, sobre el dinero oculto de Juan Carlos I y el presunto cobro de 100 millones de dólares a cambio de su intermediación en la adjudicación del AVE entre La Meca y Medina.
Cesar sus diligencias
Si el ministerio público aprecia la conexión entre los hechos que investiga y la causa de la Audiencia Nacional, el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obligaría a abandonar sus pesquisas "tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no puede investigar formalmente al rey emérito, que está aforado ante el Supremo, pero sí puede imputar al resto de personas que hayan participado en los mismos hechos presuntamente delictivos protagonizados por el monarca.
Ese es el caso ya de Corinna Larsen y del expresidente de Telefónica Juan Villalonga, quienes deberán declarar como investigados el próximo 8 de septiembre por la supuesta contratación del excomisario Villarejo.
Las grabaciones de Villarejo
Las grabaciones realizadas en 2016 por Villarejo y publicadas por El Español y OK Diario muestran a Corinna Larsen confesando que estaba viviendo "una pesadilla enorme" porque el rey emérito había puesto a su nombre "sin decírselo" una parte de su patrimonio. También dice que le estaban "presionando" para que "le devolviera los fondos". La Fundación Lucum, atribuida a Juan Carlos I, donó en 2012 a Larsen la mayor parte de los fondos que recibió de Arabia Saudí.
Según indica la empresaria germanodanesa en el audio, Juan Carlos habría utilizado la identidad de un pariente para ocultar su dinero opaco. "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans-Borbón, que también vive en Mónaco. Ahora están tratando de que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante [Canonica]", confiesa en la grabación.
Un 30% de rebaja
El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa investiga desde hace dos años las donaciones millonarias que Juan Carlos I hizo a su amiga Corinna Larsen. Y lo hace ante la sospecha de que en realidad se trate de operaciones de blanqueo de dinero. En concreto, tal y como informó Vozpópuli, el ministerio público de este país sospecha que Juan Carlos I pudo haber cobrado 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) a cambio de conseguir que la oferta de los empresarios españoles hicieron a Arabia Saudí en el concurso para construir el AVE entre las ciudades de La Meca y Medina fuera un 30% más barata que la presentada por sus competidores franceses.
El 15 de marzo, fecha en la que entró en vigor el estado de alarma por la pandemia, el rey Felipe VI anunció mediante un comunicado su intención de renunciar a la herencia de su padre y le retiró la retribución del Estado, aunque manteniéndolo como miembro de la Familia Real con la consideración de rey emérito. Este lunes Juan Carlos I ha decidido abandonar España, aunque su abogado ha anunciado su intención de cooperar con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo.
