A Pedro Sánchez se le acumulan los muebles en el trastero. En una semana en la que las nuevas evidencias recogidas por la UCO salpican a nuevos miembros del Gobierno por el caso Koldo, el jefe del Ejecutivo se ha encontrado de bruces con la nueva imputación de dos delitos más a su esposa por el 'caso Software'.
Ya son varios los casos de corrupción que acechan al entorno más cercano de Sánchez. Y es que, tan sólo un año después de que volviese a ser investido como presidente del Gobierno, la Justicia ha abierto tres nuevas causas que afectan gravemente a la imagen del morador de Moncloa. A principios de año, saltaba a los medios la imputación de la mujer del secretario general del PSOE, una denuncia de Manos Limpias daba lugar a la apertura de diligencias por los contratos concedidos por la Administración Pública a Carlos Barrabés, que más tarde se llevaría la Fiscalía Europea.
Ahora, después de meses de instrucción, la causa dirigida por el juez Peinado va cogiendo forma y pone el foco en la cátedra extraordinaria concedida a Begoña Gómez y la inscripción por parte de esta de la marca TSC Transformación Social Competitiva y del software de la cátedra que lleva el mismo nombre. El juez da impulso a la investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado su instrucción en contra del criterio de la defensa y la Fiscalía.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se deshizo de la intención de Gómez y Sánchez de abrir una investigación contra Peinado. La Justicia tumbó las dos querellas presentadas contra el juez del 'caso Begoña' y recriminó la posición de la Abogacía del Estado, que actuó en representación del presidente del Gobierno.
Caso Koldo y rescate Air Europa
Si seguimos el hilo conductor que llevó a la esposa del presidente del Gobierno ante la Justicia, es inevitable no pensar en Javier Hidalgo. Precisamente, la denuncia inicial que dio lugar a la apertura de diligencias contra Begoña Gómez pedía investigar los encuentros de esta con el exCEO de Globalia en pleno rescate de Air Europa. No obstante, la instancia superior a Peinado rechazó ampliar la investigación en ese sentido, por lo que el rescate de Air Europa -de momento- sólo será puesto bajo la lupa de la Justicia en el 'caso Koldo'.
La investigación que nace con varios contratos de compra de mascarillas ha derivado en un gran caso de corrupción que salpica a algunos de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, lo que empezó a conocerse como 'caso Koldo' podría ya bautizarse como 'caso Ábalos', después de que el juez Ismael Moreno pidiera al Tribunal Supremo imputar al exministro de Transportes por su "papel principal" en la trama.
Los últimos informes de la UCO ponen el foco no sólo en cómo Víctor de Aldama y sus socios se beneficiaron de su relación con Koldo García y José Luis Ábalos para conseguir contratos de la administración pública, sino también en los pormenores del rescate a Air Europa y el papel que jugó el comisionista de la trama. Las últimas evidencias recogidas por el Instituto Armado desvelan varios mensajes compartidos entre Aldama y Javier Hidalgo que demuestran cómo el primero estuvo presionando al equipo de Transportes para cerrar el acuerdo con Globalia.
Del mismo modo, la información recogida en la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha vuelto a despertar a un viejo fantasma que Moncloa enterró hace tiempo, el 'Delcygate'. El último informe de la UCO apunta a que la trama sabía con antelación la 'sorpresiva' visita de la vicepresidenta de Venezuela. Aquella helada noche de enero de 2020, Ábalos informó al presidente de su futuro encuentro con Delcy Rodríguez. "Quiere verme discretamente", le dijo días antes. "Bien", respondió el líder del PSOE.
El viaje de Delcy Rodríguez no fue casualidad y es que, según desvela el informe de la UCO, el equipo de Ábalos le tenía planificada una agenda de actividades de tres días. La trama, con la figura de Víctor de Aldama como nexo conector con el Gobierno de Maduro, acordó con ella que venderían su visita con motivo de su participación en Fitur, pero le agendaron reuniones con empresarios, cenas en reservados y una cita con el "jefe".
Tito Berni
No obstante, este no es el primer caso de corrupción que acecha exmiembros del partido socialista durante la presidencia de Sánchez. Allá por el 2023, saltaba a la palestra el caso 'Tito Berni', la trama presuntamente encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
Sobornos, favores políticos, drogas y prostitución son algunos de los factores de este caso, cuya investigación judicial se centra en el presunto cobro a empresarios por parte de la red a cambio de contratos públicos o licencias. En el caso Tito Berni afecta ya a 19 imputados, entre los involucrados destacan empresarios, exfuncionarios a los que se les investiga por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
Hermano de Sánchez
En el entorno más cercano de Pedro Sánchez, tenemos el caso de David Sánchez, el hermano del líder del PSOE. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz le investiga por presunta prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. En el foco, se encuentran ahora los correos electrónicos del hermano del presidente y es que, la Guardia Civil sospecha que el puesto en la Diputación pudo ser creado específicamente por su influencia familiar.
Además, el caso también nació con un ojo puesto fuera de España. Los investigadores ya advirtieron del hecho de que David Sánchez residiera en Portugal, a pesar de que su contrato requería su presencia física en Badajoz. No obstante, el último informe enviado por Hacienda al juzgado de instrucción descartaba que este hubiese cometido un delito fiscal. Ahora, una de las acusaciones populares, la ejercida por Abogados Cristianos, pide a la jueza investigar la donación patrimonial de 240.000 euros que recibió por parte de su padre. En concreto, la Fundación pone el foco sobre si este asunto está relacionado con su incremento patrimonial.
Fiscal General de Estado
Fuera del entorno personal de Sánchez, tenemos el caso más reciente que afecta a las relaciones institucionales de su Gobierno, la imputación del Fiscal General del Estado. La filtración por parte de la Fiscalía sobre el principio de acuerdo entre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el Ministerio Público, han llevado a la institución a una situación inédita en democracia, donde gran parte de la carrera fiscal pide la cabeza de su dirigente.
La causa abierta por el alto tribunal supone para García Ortiz el estocazo definitivo, después de un camino al frente del Ministerio Público rodeado de polémicas. No obstante, su imputación no ha sido suficiente para que este anuncie su marcha.
