El lugar de esta historia transcurre en la frontera sur de España. Los guardias civiles que vigilan el paso de vehículos hacen señales a un conductor para que aparte el coche a un lado. En la baca transporta un par de colchones que los agentes le piden que eche al suelo. Navaja en mano, rajan la parte superior. “Menores”, dice uno de los guardias. Unos metros más allá proceden de la misma manera con el segundo colchón. El resultado es el mismo: un chaval que no supera los 12 años asoma la cabeza desorientado, sin decir palabra.
Esta es la realidad que se vive día a día en la frontera de cualquiera de las ciudades autónomas españolas. Los menores que intentan entrar en España, en su mayoría marroquíes, lo hacen de las maneras más increíbles que se puedan pensar. En maletas de viaje, sobre los techos de los camiones, en las ruedas de repuesto o incluso en los motores.
Son los conocidos como Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), chicos que no alcanzan la mayoría de edad y que no están tutelados por ningún adulto. España cerró 2018 con cerca de 12.500 menas acogidos por las comunidades autónomas. Según dijo en abril la entonces ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en ese mes había 6.248. Prácticamente la mitad.
España cerró 2018 con cerca de 12.500 menas acogidos por las comunidades autónoma, el doble que en abril
En las últimas semanas, el líder del PP, Pablo Casado, ha encrudecido el mensaje contra este grupo de población, situados en un riesgo de exclusión especialmente alto por sus características. En concreto Casado, durante su última visita a la valla de Melilla, avanzó que su partido presentará una Proposición No de Ley (PNL) para considerar inmigración económica, y no social, a los menores. Esto situaría a los MENA al mismo nivel que un adulto que cruza la frontera de manera ilegal, pudiendo ser devueltos.
“Nosotros no podemos más”. La frase es del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, durante la visita de Casado, compañero de partido. Imbroda afirmó que en los últimos seis meses la entrada de menores no acompañados en el territorio que gobierna desde el 2000 ha aumentado un 125%. En opinión del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, es necesario establecer esa diferencia porque la mayoría de los niños que llegan a la ciudad son "inmigrantes precoces" que llegan por motivos económicos.
Situación de los menores
La 'Convención sobre los Derechos del Niño', recuerda CEAR en su web, considera MENA a toda persona menor de 18 años de edad, que se encuentra fuera de su país de origen, separada de su padre y de su madre o de su tutor legal. Este tratado internacional de obligado cumplimiento establece que "el interés superior del niño" debe primar sobre el resto de consideraciones a la hora de que se tomen medidas por parte de instituciones, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos.
Otra piedra en el camino de los menores extranjeros es que, aunque están amparados por la Ley del Menor, en su situación también entra el juego la Ley de Extranjería. “Esta legislación discrimina por razón de origen, distingue entre niños españoles y niños de otros sitios. Por suerte prevalece la primera”, asegura José Palazón, de la ONG Prodein.
El activista Redouan Jalid calcula que en la ciudad ceutí hay unos 200 menores en centros de acogida y un centenar que vive en la calle, debajo de puentes, en cuevas o en chabolas que construyen en el puerto, donde es más común verlos. Él trabaja para la Asociación Digmun: Dignidad de Mujeres Niños y Niñas, y les lleva bocadillos calientes y un poco de conversación a los chicos.
“En la calle viven marroquíes y argelinos. Los subsaharianos suelen estar en los centros”
“En la calle viven marroquíes y argelinos. Los subsaharianos suelen estar en los centros”, cuenta. Uno de los problemas a los que se enfrentan los menores es la criminalización a la que son sometidos. La mayoría vaga por las calles de Ceuta y Melilla esperando una oportunidad para cruzar a la península, donde el futuro que les espera no es mucho mejor.
La ley del Menor obliga a las comunidades autónomas a tutelar de manera efectiva a cualquier menos que entre en España sin un tutor legal, ya sea por las ciudades autónomas o por el Aeropuerto de Barajas. En la práctica es como si la Administración fueran los ‘padres’ de estos chicos. Deben proporcionarles un techo donde dormir, asegurarse de que van a clase, acceso al sistema sanitario o tener en cuenta las situaciones de dependencia, entre otras.
La ley del Menor obliga a las comunidades autónomas a tutelar de manera efectiva a cualquier menos que entre en España sin un tutor legal
“Uno de los problemas que tenemos en Ceuta y en Melilla es que las plazas de acogida son las mismas que en 1998, por eso tienen que dormir en la calle”, asegura Palazón, a lo que añade que “en Melilla, en los centros, hay durmiendo hasta cinco niños por colchón”.
La pretensión de Casado de convertir a los chavales en inmigrantes económicos, lo que les diferenciaría de los menores españoles y no les permitiría entrar en el sistema de protección que se apunta en la ley, “sacaría a España del entorno natural de la Unión Europea”, apunta Palazón.
Criminalidad
Sobre la criminalización de los chicos, el activista lo tiene claro: “La culpa no puede ser de ellos, es de la administración que los deja en la calle”.
Fuentes policiales de Melilla simplifican la cuestión: “El problema con la seguridad ciudadana es que hay muchos MENAS y la mayoría de ellos no quieren estar en los centros de protección”. Los problemas se suceden a diario. Aunque no son de gran relevancia, la suma de todos generan una situación de grandes fricciones.
Los principales conflictos surgen cuando cae el sol. Por las noches se reúnen en grupos, amedrentan a los ciudadanos y cometen pequeños delitos, como el consumo de drogas y bebidas alcohólicas en la vía pública o pequeños hurtos. “Los vecinos están hartos”, explican las mismas fuentes consultadas.
Los principales conflictos surgen cuando cae el sol. Por las noches se reúnen en grupos, amedrentan a los ciudadanos y cometen pequeños delitos, como el consumo de drogas y bebidas alcohólicas
“A los agentes que están en los puestos fronterizos les crean problemas porque intentan colarse a la carrera. Cuando ya están dentro, se pasan el día esperando a colarse en un barco que los lleven a la Península”. Además, los efectivos policiales se ven mermados, porque la dedicación para intentar identificar a los menores es exclusiva, lo que merma la presencia de agentes en otros puntos de la ciudad.
Otro agente de Policía, este con destino en Ceuta, afirma que los chicos se organizan “en verdaderas bandas” que se prolongan cuando pasan a la Península. “Tienen muy claro a donde quieren que los manden. Prefieren ir al País Vasco, que es donde tienen más ayudas económicas”. Afirma que los “chicos buenos” son los que duermen en la calle, que “los malos” copan los centros. “Amenazan y roban a los nuevos al llegar”, asegura.
Reparto entre comunidades
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó a finales de octubre el reparto de 40 millones de euros entre las comunidades autónomas para hacer frente al incremento de la llegadas de menas desde abril. Andalucía, País Vasco y Cataluña son las que más dinero recibirán al ser las que atienden a un mayor número de chavales. Ante la coyuntura, Castilla León, Extremadura y Asturias han dado un paso al frente y se han convertido en las regiones que acogerán a más menores de otros territorios.
Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías. Dicho registro se elabora con información que remiten las comunidades y es el único oficial, informa Efe.
Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior
Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas porque no han registrado un incremento de MENAS ni se han comprometido a acoger menores de otras comunidades. Estas ayudas se dirigen a "sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre comunidades autónomas".
¿Qué pasará con estos niños que llegan España, algunos con siete años, cuando alcancen la mayoría de edad? “Depende de la edad con la que lleguen. Cuando cumplen los 18 se quedan sin documentación, lo que les deja en riesgo de que los deporten. Si llegan a punto de cumplirlos es complicado que les den la residencia por la lentitud democrática, peri si llegan antes y tienen toda una vida de formación y crecimiento no se le debe quitar la documentación, pero se hace con mucha dificultad”, afirma José Palazón.
