El paso directo de la exministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado ha soliviantado a una mayoría de jueces y fiscales, independientemente de que sean considerados conservadores o progresistas. "El nombramiento de Delgado ha sido un golpe de muerte" para la independencia de la Fiscalía, explica a Vozpópuli un magistrado, que reclama su anonimato para poder plasmar su opinión.Este togado pone de manifiesto que la Fiscalía sufrirá durante años e incluso décadas los efectos de esta elección. Y un ejemplo de ello, destaca, es que esto frenará la intención de algunos partidos políticos de promover un cambio en la ley, con la intención de que sean los fiscales, y no los jueces, los que instruyan las causas.Durante años los ciudadanos estarán convencidos, siempre según esta versión, de que el fiscal general es un ministro más, y esto sería un duro revés para la apariencia de imparcialidad que se le exige a la Fiscalía, especialmente cuando se investigan los casos de corrupción de los partidos. Esto hace inviable un cambio normativo que deje en manos del Ministerio Fiscal la instrucción de las causas judiciales.
Fiscales del Supremo
En el Tribunal Supremo también se alzan las voces contra la elección de Delgado, de la que incluso llegan a dudar de su solvencia jurídica, sobre todo en contraposición con la capacidad de los fiscales de Sala, especialmente de los cuatro que participaron en el juicio del procés: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Javier Moreno y Consuelo Madrigal.
Fuentes consultadas del Alto Tribunal auguran una legislatura "conflictiva", marcada por las desavenencias en el seno del Ministerio Fiscal y también por los choques con los jueces
Si se impusiera un cambio de criterio sobre el procés a la Fiscalía del Tribunal Supremo, se generaría una polémica mediática, algo que evitó la fiscal saliente, María José Segarra. Y esta diferencia, unida a la más que probable injerencia de la Fiscalía General del Estado en estos asuntos, auguran para las fuentes consultadas del Alto Tribunal una legislatura "conflictiva", marcada por las desavenencias en el seno del Ministerio Fiscal, pero también con choques con los jueces.
Este togado, de la órbita conservadora, está de acuerdo con el voto particular de los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial que consideran que Dolores Delgado "no es idónea" para el puesto de fiscal general. Además, considera que su elección generará nuevos problemas ya que la exministra deberá abstenerse en los procedimientos judiciales de los que ha tenido conocimiento durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez.
'Caso Villarejo'
Si no se abstiene, los afectados podrían recurrir a la Justicia contencioso-administrativa, algo que afectará de forma directa a varias causas, como por ejemplo el caso Villarejo, en el que uno de los letrados del procedimiento, el exjuez Baltasar Garzón, es amigo personal de Delgado.Precisamente, en una de las piezas separadas del caso Tándem se investiga si el excomisario José Manuel Villarejo utilizó los nombres de Baltasar Garzón y Dolores Delgado para hacer negocios con los navieros Pérez-Maura. Los fiscales de la causa, ante las dudas iniciales sobre este extremo, hicieron público un comunicado en el que negaban que Dolores Delgado estuviera implicada en la trama del excomisario.
No obstante, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que este nombramiento tendrá consecuencias en el caso Villarejo, en el que, entre otras pruebas, la Policía dispone de un audio de dos horas grabado por Villarejo durante una comida en el Restaurante Rianxo, del que únicamente se conocen unos minutos difundidos por el diario digital Moncloa.com.
Un "efecto negativo"
Otras fuentes, éstas de la esfera progresista, reconocen que el desembarco de la exministra de Justicia tendrá "un efecto negativo". Consideran que será así porque cualquier decisión del Ministerio Público podrá ser vista desde la desconfianza. Es decir, siempre habrá dudas legítimas en la ciudadanía sobre si una u otra decisión del Ministerio Público tiene su origen en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Otra fuente, también progresista, sostiene que Dolores Delgado "nunca ha sido muy querida" en la carrera judicial, y tampoco en la fiscal
Sin embargo, estas fuentes rechazan las críticas vertidas desde los sectores más radicales de la derecha, y niegan que el nombramiento de Delgado sea "un escándalo nunca visto". Recuerdan que sí hay precedentes del paso de un político a la Fiscalía General del Estado. Fue el caso de Juan Manuel Fanjul, procurador en Cortes durante el franquismo y diputado de UCD antes de ser nombrado fiscal general; pero también el de José María Gil-Albert Velarde, exparlamentario de UCD.
Otro de los precedentes, en esta caso en un Gobierno socialista, fue el del exministro de la Presidencia Javier Moscoso, quien también pasó de sentarse en el Consejo de Ministros del Gobierno de Felipe González a ocupar la máxima representación del Ministerio Fiscal en España. El cuarto caso similar fue el de Leopoldo Torres, diputado en tres legislaturas y vicepresidente del Congreso y miembro del comité federal del PSOE.
Cambio de criterio
Sin embargo, estas fuentes jurídicas progresistas destacan que después del nombramiento de Eligio Hernández, que ni siquiera cumplía los requisitos objetivos, ya que no tenía una experiencia jurídica de 15 años, Felipe González cambió de criterio. Dejó de nombrar políticos, y optó por magistrados del Tribunal Supremo, como por ejemplo Carlos Granados.José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo esa estela y apostó por Cándido Conde-Pumpido, al igual que hizo el PP al elegir a José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, ambos magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Ahora Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar el paso, algo que no gusta a los juristas, ya sean estos conservadores o progresistas, porque "prefieren a magistrados o fiscales que no sean políticos", coinciden varias personas vinculadas a la judicatura.Otra fuente, también progresista, sostiene que Dolores Delgado "nunca ha sido muy querida" en la carrera judicial, y tampoco en la fiscal. Pero sobre todo advierte del supuesto carácter conflictivo de la exministra, una descalificación que niegan otros jueces y fiscales consultados. No entiende, por ello, el nombramiento de Pedro Sánchez, en cuyo Gobierno protagonizó varias salidas de tono.Rectificación de Baltasar Garzón“El señor Baltasar Garzón no está designado como letrado en el procedimiento conocido como “caso Villarejo”.
