Movimiento en el caso Duro Felguera. Reino Unido ha bloqueado parte del patrimonio del principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Se trata de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela. Según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha avisado a la Fiscalía y al juez Ismael Moreno de la decisión de Londres de congelar 20 millones al excargo de Hugo Chávez.
Dos años y medio han pasado desde que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acordara dirigir la investigación contra el venezolano y otras siete personas, incluidas los exdirectivos de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres Inclán y el expresidente de Ténicas Reunidas Luis Barrios. A todos se les imputaron presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales; a las empresas también, en calidad de persona jurídica.
Fuentes cercanas a la investigación han precisado que parte de los fondos congelados a Villalobos en Reino Unido proceden de Singapur. Según la documentación que obra en la causa, la medida aplicada en Londres expira este 23 de mayo. El juez instructor deberá evaluar la solicitud de tramitación urgente emitida por la UDEF para estimar si considera o no oportuno renovar la decisión de los investigadores ingleses.
Desde la defensa del exviceministro han asegurado a este diario que la decisión de Reino Unido responde a una multa que "no tiene nada que ver con ningún procedimiento en España y que indebidamente la Fiscalía [española] está tratando de bloquear". Vozpópuli, sin embargo, ha podido confirmar que la notificación de la Policía Judicial fue remitida al juez del caso Duro Felguera en el marco de las diligencias de la causa.
89 millones de Duro Felguera
La Fiscalía investiga a Villalobos a raíz de un informe del Servicio de Prevención de Blanco de Capitales (Sepblac) de 2015 en el que se acreditaron "indicios de criminalidad" en los pagos registrados en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, donde figuraba como cliente.
En la querella que dio origen al procedimiento, el ministerio público acusó a Torres Inclán y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y ciudadanos de nacionalidad venezolana vinculados al Gobierno de Venezuela. Según los fiscales, los pagos -que habrían tenido lugar entre 2008 y 2011- pretendían encubrir las presuntas comisiones a funcionarios públicos del país caribeño para favorecer a Duro Felguera.
En 2017, cuando se iniciaron las diligencias, el juez ordenó una comisión rogatoria a Suiza "al objeto de que informen con relación a los titulares de las cuentas que resultaron beneficiadas de los pagos de los contratos reseñados en la querella, tanto en los pagos a Terca como a Ingespre".
La Fiscalía estima que los responsables de la compañía asturiana entregaron al menos 89 millones de euros a Villalobos para que utilizase su influencia en la Administración bolivariana para beneficiar a la cotizada española. De ahí que luego se emitieran otras comisiones rogatorias para seguir el rastro del dinero que el excargo de Chávez pueda tener en el extranjero.
Villalobos ha negado públicamente las acusaciones que dirige en su contra el ministerio público. "Como fui funcionario del Gobierno, parece que todo el dinero que tengo es de procedencia delictiva", llegó a decir en una entrevista a El Mundo.
Peticiones de extradición
El exviceministro venezolano permanece en libertad con medidas cautelares. Ha sido detenido en Madrid en dos ocasiones. Además de figurar en la investigación del caso Duro Felguera, aparece como imputado en el caso del presunto saqueo a PDVSA, responsabilidad de la juez María Tardón tras la inhibición del Juzgado número 41 de Madrid.
En los últimos tres años, la Fiscalía de Texas, la de Florida y la de Anticorrupción en Madrid se han disputado su custodia y enjuiciamiento en al menos dos ocasiones. Aunque en un primer momento la Audiencia Nacional acordó su entrega temporal, finalmente determinó que debería responder primero por los delitos por los que están siendo investigado en España antes de ser enviados a cualquier otro país para ser juzgado.
Villalobos también es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Allí la Fiscalía le acusa de utilizar su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la petrolera.