El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros a Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para ejercer la acusación popular en la querella que presentaron en diciembre 2018 contra el rey Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación de la AVE a la Meca y cuya reapertura solicitaron este verano.
La Sala de lo Penal del Supremo ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda solicitar esta cantidad, que debe depositarse en metálico antes de 8 días desde su notificación, como trámite previo a decidir si reabre la querella contra el emérito, según una nota remitida por IU.
"Una cuestión previa que se debe resolver antes de entrar en una decisión de fondo es la relativa a la naturaleza jurídica de la acción ejercitada por el querellante, la legitimación procesal que viene referida al 'poder de conducción procesal', que habilita a las acusaciones para personarse y a intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte, lo que nos lleva a considerarle acusación popular", explica el auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena.
La Sala ya notificó a mediados de septiembre a los querellantes que daba por 'recibido' el escrito que remitieron a finales de julio solicitando la reapertura de la causa, que hace un año fue inadmitida de plano. IU y el resto de querellantes consideran que "a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos" se dan motivos suficientes para abrir causa contra el emérito.
Así, hacían referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, llegando a hablar de la comisión de hasta 13 delitos.
La querella presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Larssen, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos entre todos ellos que incluyen organización criminal, malversación o tráfico de influencias.
Atribuyen siete delitos al Emérito
Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 delitos -siete cometidos presuntamente por el rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
El ponente designado entonces fue el propio presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena Gómez. El último auto dictado indica que los cinco magistrados que deben resolver la causa ahora son los mismos de entonces salvo Francisco Monterde Ferrer, que se ha jubilado.
Así, la Sala que decidirá finalmente sobre si se reabre o no este asunto está compuesta por Manuel Marchena Gómez, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, esta última en sustitución de Monterde.
Para los querellantes, ya no es válido el argumento empleado por el Supremo hace un año de que 'los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional'.
Insisten también en que después de que el Tribunal Supremo decidiera archivar la causa especial "ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella".
En este sentido, recuerdan que "la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción" al objeto de que investigue los "fondos irregulares" que Juan Carlos de Borbón "habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí".
Añaden que pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos". En realidad no existe causa, pero sí una investigación de tres piezas diferentes que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que podría ser finalmente judicializada o bien archivada.
Ello es porque después de que IU y el PCE solicitaran formalmente la reapertura de la causa se han sucedido diversas actuaciones judiciales para investigar nuevos casos que tienen a Juan Carlos de Borbón como protagonista.
En cuanto a la segunda causa, las operaciones se habrían realizado con cargo a una cuenta controlada por el millonario mexicano Allen Sanginés Krause, tal y como investigaba ya la Fiscalía del Supremo en otras diligencias abiertas. Una vez que el coronel Murga pagaba las elevadas facturas, era remitidas al Palacio de La Zarzuela a nombre de Juan Carlos de Borbón.
Además, a comienzos de este mes de noviembre se conoció que la Fiscalía del Supremo había decidido abrir una tercera investigación al ex jefe del Estado, después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertara de nuevas irregularidades.
Según IU aún está por ver si la inviolabilidad de la que gozaba en función del cargo le protege ante estos hechos, lo que podría llevar al archivo de las investigaciones relativas a él, no sobre el resto de los protagonistas, lo que aún no se ha hecho público oficialmente.
