Esta es la historia de una consejería en constante cambio. La transformación del equipo de Igualdad, Participación y Agenda 2030 de La Rioja ha sido tan profunda que tras dos años de legislatura solo se mantiene en él la capitana, la consejera de Podemos Raquel Romero. Ninguno de los cargos ni del personal eventual que iniciaron el mandato permanecen en sus sitios. Ni tan siquiera el nombre de la consejería se ha mantenido.
Romero se hizo con las riendas de Participación, Cooperación y Derechos Humanos cuando se formó el Gobierno de la socialista Concha Andreu (PSOE) tras un arduo proceso de negociación. Pero en agosto de 2020 la presidenta le dio también las competencias de Igualdad y Transparencia que estaban en manos de la extinta consejería de Gobernanza Pública.
Lo cierto es que desde el principio, la consejería morada es la que más personal eventual ha tenido. Si el resto oscila entre dos y tres, la de Romero alberga seis cargos de confianza: un director de Gabinete, un asesor del Observatorio de los Derechos Humanos, otro de la Oficina de Retorno, otro de Políticas de Igualdad, un técnico de apoyo y un secretario. Entre todos ganan 212.696 euros.
No deja de ser llamativo que el número de puestos se mantenga, pero que no lo hagan quienes los estrenaron. Al equipo que formaron Axier Amo, Sara Carreño, Julio Pérez, Nicolás Jiménez, Luis Antón Illoro y Tomás Castillo le ha sustituido el que hacen Francisco Gil, Esmeralda Figueiras, Miguel Barrionuevo, María Espinosa de la Llave, Laura Pérez y Máximo Brito.
Gracias a esa 'superestructura', Romero pudo dar cabida a dos miembros de Podemos en La Rioja: la exdiputada nacional Sara Carreño y el exasesor parlamentario morado en el Parlamento autonómico, Luis Illoro. Pero este último dimite en agosto de 2020, en crisis de Gobierno, tras trascender que mantuvo su actividad política mientras estaba de baja.
Una crisis veraniega y un accidente desencadenan el baile
Tras la renuncia de Illoro, la consejería de Romero salió de agosto de 2020 con más competencias: Igualdad y Transparencia. Y Romero daría comienzo a los cambios. Pese a que mantuvo a Diana Sáinz como directora general de Igualdad, poco después fue relevada por Emilia Fernández, una exdiputada regional del PSOE). Además, Romero situó al frente de la Dirección General de Transparencia a Axier Amo, hasta entonces su jefe de gabinete y procedente de Podemos de Castilla-La Mancha.
La escabechina, sin embargo, no acabaría ahí. Romero también cesó a su Directora General de Cooperación (Mayra Moro) y nombró a Tomás Castillo, su exsecretario. El último momento clave es el accidente de tráfico que sufre Mario Herrera, el exdirector general de Participación.
El año comenzó con la difusión por redes del caso, que terminaría siendo bautizado como ‘Sojuelagate’. Herrera, uno de los dos principales negociadores morados para entrar en el Gobierno y procedente de Castilla La Mancha —donde tuvo un puesto en el Ejecutivo—, sufrió un accidente de madrugada infringiendo el toque de queda. Y, para más inri, abandonó su BMW sin señalización en la urbanización de Sojuela.
El lío fue tal que llegó hasta el Congreso de los Diputados. Herrera no aguantó la presión y dimitió a finales de enero. Y Carreño, que estaba al frente del Observatorio de Derechos Humanos, fue ascendida a directora general de Participación en sustitución del 'accidentado' Herrera.
Con el ascenso de Tomás Castillo y Axier Amo, quedaron dos vacantes de personal eventual: secretario y jefe de gabinete. Ambos puestos fueron cubiertos por Irina Aissa Rivera y por Francisco Gil, hasta entonces asesor en el Parlamento de La Rioja del grupo mixto (Podemos) y el otro muñidor de las negociaciones previas a la formación del Gobierno junto con Herrera.
Lo más chocante es que Rivera Revolledo ya no ocupa la secretaría de la Consejera y lo hace Máximo Brito, porque la primera fue una de los once inscritos críticos purgados este verano por Podemos La Rioja. Juego de sillas, juego de tronos. Continuará.
