El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se resiste como gato panza arriba a eliminar el aforamiento de diputados, senadores, jueces y fiscales en activo. Sólo se ha ofrecido al Congreso a reconsiderar los privilegios de 57 altos cargos, entre los que figuran los 30 del Consejo de Estado y los miembros del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.  

 En los buenos tiempos del PSOE en el Gobierno, ya sea en la etapa de Felipe González o en la de José Luis Rodríguez Zapatero, la mayoría de los delegados que participaban en los congresos federales eran cargos públicos y sujetos, por tanto, a las directrices de los aparatos provinciales o regionales. Quien no obedecía las órdenes del jefe de la delegación incurría en el riesgo de perder el sueldo público, de ahí que la mayoría de los cónclaves de esta naturaleza anteriores a 2004 se celebraran ya con el resultado cerrado.