A 440 euros la hora sale la productividad parlamentaria de la senadora Rita Barberá. Llegó al Senado por designación autonómica en julio de 2015 y para entonces las investigaciones del caso Imelsa todavía no apuntaban directamente a ella. No obstante, por cercanía al epicentro del terremoto, su posición era ya complicada. Ello hizo que no tuviera especial protagonismo en aquel período de sesiones de su estreno en la Cámara Alta. En esos meses, hasta finales de año, hubo cuatro Plenos (de martes a jueves cada uno) con un amplio orden del día. Época de tramitación de Presupuestos.
Barberá acudió a ellos en sus primeros pasos en este hemiciclo, pero sólo intervino en el último, en la tercera jornada del mismo, la celebrada el 15 de octubre. La exalcaldesa de Valencia tomó la palabra apenas seis minutos (la sesión duró ese día 5 horas y 50 minutos) para presentar el dictamen de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El nuevo texto dotaba al TC de mecanismos para sancionar a los presidentes autonómicos que incumplan sus decisiones, como el exjefe de la Generalitat Artur Mas.
Esta iniciativa se había votado con anterioridad en la Comisión Constitucional, en concreto, el 13 de octubre (la reunión se prolongó 1 hora y 10 min). Era Barberá quien ejercía de presidenta de esta mesa por tercera vez desde que el 1 de septiembre tomara posesión de dicho cargo. "Espero que perdonen los errores que pueda cometer; soy novata, y más de gestión que de legislación, pero me haré con ello", dijo Barberá al sustituir al popular Gonzalo Piñeiro. La exregidora, antes de tal nombramiento, había acudido en calidad de vocal a una sola reunión de esta Comisión (3 horas y 10 minutos de duración). Estas cuatro sesiones en que participó son el único bagaje de Barberá en el trabajo propio de comisión.
Barberá no acudió en la pasada legislatura a las comisiones donde era vocal ni en su única convocatoria, la de constitución de las mismas
Luego llegó la siguiente legislatura, tras las elecciones del 20 de diciembre, y el PP la mantuvo como vocal (ya no como presidenta) de esta Comisión y también de la de Economía y Competitividad. Pero no acudiría a ellas ni en su única convocatoria, la de constitución de las mismas. Ese 9 de febrero de 2016 declinó asistir a las mismas y la noticia fue aquel día que el PP la había incluido como suplente en su propuesta de integrantes de la Diputación Permanente (órgano rector cuando la Cámara está disuelta). Los populares fueron acusados de inmediato por la oposición de querer así blindar a Barberá (con el aforamiento de la Diputación) en caso de que se convocaran otras elecciones, como así fue, y la Justicia actuara contra ella, como así ha sido. Sólo el TS puede ahora juzgarle mientras permanezca en la Cámara Alta, donde continuará dentro del Grupo Mixto.
Para ese 9 de febrero el juez del caso Imelsa ya había imputado a nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y a numerosos exconcejales del equipo de Barberá por presunto blanqueo en el marco de la Operación Taula, la pieza separada que investiga una supuesta trama de corrupción de adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales.
En esa XI legislatura, la fallida, Barberá estuvo presente en la sesión constitutiva (4 horas y 5 minutos) y no se le volvió a ver por la Cámara Alta hasta el 8 de marzo cuando se desplazó de Valencia a Madrid a organizar su despacho en el Palacio de la plaza de la Marina y a saludar a la dirección del Grupo Popular. El 15 de marzo fue el primer Pleno de la legislatura y Barberá reapareció en medio de una nube de fotógrafos. Horas antes había dado una rueda de prensa en Valencia para comunicar que aceptaba la oferta hecha por el juez en la víspera para declarar voluntariamente. Ese mismo día Génova anunciaba que abría expediente informativo a la exalcaldesa y los otros cargos populares señalados en este procedimiento judicial. Aquella tarde de Pleno fue la que un fotógrafo de La Razón cazó a Barberá mandando un punzante SMS al secretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo: "Defended a la gente del partido que no ha hecho nada. Cumplamos con los estatutos para todos igual. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo que quiere hacer Isabel [Bonig, presidenta del PP valenciano] no sólo perjudica políticamente, si no (sic) también la argumentación de la defensa".
La exalcaldesa de Valencia también faltó al Pleno en abril cuando viajó a Palma de Mallorca para declarar como testigo en el 'caso Urdangarin'
Después, en las semanas siguientes, vinieron tres Plenos, pero Barberá no acudió al de los días 12 y 13 de abril, puesto que tuvo que desplazarse a Palma de Mallorca para declarar, en calidad de testigo, en el caso Urdangarin. La exalcaldesa de Valencia había pedido testificar por videoconferencia, pero no accedió el tribunal. Fue interrogada por los denominados Valencia Summit, congresos por cuya organización el Instituto Nóos percibió de forma presuntamente irregular más de tres millones de euros públicos.
El 3 de mayo el Rey disolvió las Cortes por primera vez en democracia y convocó elecciones para el 26 de junio. La XI Legislatura había encallado. En la actual el Pleno sólo ha celebrado su sesión constitutiva (el primero ordinario arrancará el día 27) y las comisiones se han constituido esta semana. El PP había mantenido a Barberá como vocal en la Constitucional y la de Economía y Competitividad, convocadas para echar a andar el pasado martes a las 16 horas. Pero cuando supo, por la mañana, que el TS le abría causa penal en la pieza de la Operación Taula, la senadora por las Cortes Valencianas ni siquiera llegó a coger el AVE a la capital.
La mente en Valencia y la silla vacía en Madrid
Este último episodio resume el particular año que Barberá ha vivido como senadora. Su mente en Valencia y la silla vacía en Madrid. Más pendiente de su defensa judicial que de su actividad parlamentaria, reducida a unas 154 horas desde julio de 2015, según ha contabilizado Vozpópuli a partir del Diario de Sesiones. Sin embargo, en todo momento Barberá ha continuado percibiendo de la Cámara Alta sus emolumentos. Un sueldo de 4.635 euros brutos al mes, salvo los dos meses que ganó 6.066 por el plus (1.431 euros) que conlleva presidir la Comisión Constitucional. Essos 4.635 euros mensuales lo conforman el salario base (2.813 euros) y la asignación constitucional por ser de una circunscripción distinta a Madrid (1.822 euros).
Ahora, cuando deje el Grupo Popular, además de tales cantidades podría percibir 2.253 euros más, que corresponde a cada integrante del Grupo Mixto en el reparto de una subvención general. La Mesa de la Cámara tendrá todavía que resolver sobre el destino final de esta subvención, que se ingresa en una sola cuenta bancaria del Grupo Mixto y no en la de las nóminas de los senadores. Barberá será aquí la única independiente, esto es, no adscrita a ningún partido. Seguirá así los pasos del exalcalde de León y exsenador Juan Morano, que en julio de 2012 abandonó la disciplina popular por estar en contra de un recorte presupuestario en las ayudas a la minería. A Morano lo acusarían después de habitar en un permanente letargo... ¿Querrá eso Barberá para el epílogo de su carrera?
