La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha lavado las manos en los polémicos ascensos de generales dentro del Cuerpo Jurídico Militar (CJM) que desveló Vozpópuli en febrero de este año, al descargar en su entonces subsecretario, Alejo de la Torre, la decisión de obviar el escalafón y los méritos para elegir al asesor general de la Defensa y al fiscal de la Sala Militar del Tribunal Supremo. También fue muy controvertido el nombramiento del último inspector general de Sanidad, ya que el designado fue el séptimo de los ocho generales en activo que aspiraban al puesto.
Varios diputados del Partido Popular registraron el pasado 19 de junio una pregunta parlamentaria que era un torpedo contra el citado subsecretario pues cuestionaba, con datos contundentes, la línea de actuación de Defensa en los últimos meses a la hora de proceder a estos ascensos.
Apenas unos días después -el 30 de junio- se formalizó el cese de De la Torre, de ahí que en fuentes parlamentarias se considere que aquella iniciativa del PP fue "la gota que colmó el vaso" de la paciencia de Robles con el 'número tres' de su departamento.
En el escrito del PP se subrayaba que la ley de la Carrera Militar estipula que los ascensos y nombramientos deben basarse "en la preparación, la experiencia, el mérito, la capacidad y la idoneidad". Y que la "apreciación y valoración" de esas condiciones no puede basarse "en la mera arbitrariedad". De ahí que los militares se sometan a procesos de evaluación "sobre la base de parámetros objetivos y reglados de tal forma que el margen de subjetividad quede reducido al mínimo".
Esto ocurre con los ascensos a general de brigada, no así con los de general de división o tenientes generales, aunque la práctica común es tener en cuenta las decisiones adoptadas previamente en las Juntas de Evaluación. La existencia de este órgano colegiado evita, según recordaba el PP, "dejar en manos de una sola persona una decisión que debe ser lo más objetiva posible y que determina la trayectoria profesional de los militares y el ejercicio de determinados cargos".
Un proceso "largo y costoso"
Así, las decisiones de las Juntas de Evaluación en las Fuerzas Armadas quedan plasmadas en las correspondientes actas, donde se establece un orden con el que se determina "de modo inequívoco" quiénes de los evaluados reúnen "mayor preparación, experiencia, mérito y capacidad".
Este proceso "largo y costoso", cuyas deliberaciones son secretas, "no se efectúa por amor al arte" -se hacía hincapié en la pregunta parlamentaria- sino para determinar "con objetividad, rigor y justicia" cuál es el orden que rige para los siguientes ascensos una vez que uno llega a general de brigada.
"Ello no significa que en determinados casos pueda haber excepciones, pero, como su propio nombre indica, deben tener carácter extraordinario. La excepción no puede convertirse en regla y, sobre todo, caso de producirse deben estar justificadas y debidamente motivadas", advertían los diputados firmantes del PP.
Tras ello, se mencionaban tres casos -dos ya habían sido desvelados por Vozpópuli- en lo que "estos criterios han sido palmariamente obviados" a la hora de proceder a ascensos y nombramientos "de extrema relevancia". Todos ellos afectaban a los Cuerpos Comunes, la rama de las Fuerzas Armadas que depende orgánicamente del subsecretario. Se da la circunstancia que De Alejo pertenece al Cuerpo Jurídico Militar -su ascenso a teniente coronel se produjo precisamente siendo número tres de Defensa para sorpresa de muchos-, de ahí que sus nombramientos se mirasen con lupa.
Para el puesto de asesor general de Defensa, el de mayor rango dentro del CJM, el nombramiento recayó en el general Antonio Afonso y causó "gran sorpresa y enorme malestar" entre sus compañeros pues no estaba bien situado. De los nueve generales de brigada en activo, él era el número seis en el escalafón.
Pero lo más sorprendente es que se trataba de un general "con poca experiencia" pues apenas llevaba un año de general de brigada. Así, promocionó a general de división en 14 meses, "un tiempo récord y nada usual". La consecuencia de ese "vertiginoso" ascenso es que dicho puesto ha quedado "bloqueado y blindado durante mucho tiempo".
El segundo caso fue el de fiscal de la Sala Militar del Tribunal Supremo. El elegido fue Juan Antonio Pozo, quien tampoco estaba en la terna formada por los primeros del escalafón. En concreto, era el número cuatro. En un caso similar al de Afonso, ascendió a general de división en dos años y un mes. Con dicho movimiento, este puesto tan sensible dentro de la judicatura castrense quedó "igualmente bloqueado y blindado para bastantes años".
El ascenso más polémico
Con todo, el ascenso más polémico fue el de inspector general de Sanidad. Se trata del único general de división que existe en el Cuerpo Militar de Sanidad y, por tanto, es el máximo responsable de todo lo relacionado con el cuerpo y la gestión sanitaria dentro del Ministerio de Defensa.
El designado fue el general Antonio Conde y tampoco estaba entre los primeros por escalafón y méritos. Era el número siete de los ocho generales aspirantes al puesto. Pero, de nuevo, lo más llamativo fue su "meteórico ascenso" pues se hizo con menos de un año como general de brigada.
"Este salto de siete puestos con menos de un año de antigüedad no entra dentro los parámetros habituales. Con este vertiginoso ascenso y nombramiento el puesto de Inspector General de Sanidad también queda blindado y bloqueado durante muchos años", criticaron los diputados del PP.
Por ello, desde el principal partido de la oposición se reclamó al departamento de Robles que explicase "qué criterios objetivos de experiencia, mérito y capacidad" se siguieron en estos tres controvertidos nombramientos, que habían sido elevados a la ministra por el entonces subsecretario.
La respuesta de Defensa llegó casi tres meses después (ver abajo). Fue el pasado viernes, poco antes de que cerrase el Registro General del Congreso de los Diputados, cuando ni sus señorías ni los periodistas están al tanto pues la actividad parlamentaria concluye los jueves salvo raras excepciones. Las citadas fuentes consideran que hubo una "clara intención" por parte del Gobierno para que el texto pasase "desapercibido".
La contestación del departamento de Robles fue genérica y sin entrar en el meollo de la cuestión, si bien en su último párrafo deja claro que "las propuestas de destinos de los oficiales generales en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas serán elevadas por el Subsecretario de Defensa al Ministro de Defensa". Una aseveración que señala a De Alejo como "responsable último" del desaguisado, en opinión de las citadas fuentes.
