Rodrigo Rato acudió el pasado jueves a la Audiencia Nacional como imputado con la idea de que sólo iba a tener que responder ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, por el uso de su tarjeta opaca. Sin embargo, al término de su comparecencia pudo comprobar que el cerco judicial que se estrecha sobre él va mucho más allá de los polémicos gastos que hizo con su 'visa black'. Una pregunta del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, justo al final de su interrogatorio dejó claro al que fuera vicepresidente del Gobierno en los ejecutivos de José María Aznar que la Justicia sigue otra pista que le puede poner en serios aprietos: los cinco contratos que cuando era máximo responsable de Bankia esta entidad firmó con el banco de inversión Lazard, para el que él había trabajado antes de llegar a Caja Madrid. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado lleva 20 meses investigando dichos "asesoramientos financieros" que costaron a la entidad intervenida por el Estado 16,4 millones de euros.
El juez Andreu pidió a Bankia toda la documentación sobre dichos contratos en febrero de 2013
El fiscal Alejandro Luzón preguntó a Rodrigo Rato por los 6 millones que éste recibió en sus cuentas procedentes de depósitos de Lazard. El político, que sólo esperaba que le interrogasen por las tarjetas opacas, dudó un momento pero terminó reconociendo la existencia de una transferencia desde el banco de inversión, que preside su amigo Jaime Castellanos, a sus cuentas personales por esa cifra. Según quiso aclarar a continuación, ese dinero correspondía supuestamente al pago de unos derechos de acciones de Lazard que había adquirido en 2008 y que vencían precisamente en 2011, el año de los primeros contratos firmados por esta entidad con la Bankia que él presidía. Unos acuerdos que ya generaron suspicacias entonces ya que Rato estuvo trabajando en Lazard como asesor después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ocupó el cargo de director general senior de banca de inversión desde enero de 2008 a diciembre de 2009, cuando renunció al mismo tras ser nombrado consejero general de Caja Madrid. El jueves, el fiscal no incidió más en esta línea durante el interrogatorio, pero la pregunta dejaba claro que dichos pagos son objeto de investigación y, además, desde hace tiempo.
En concreto, desde el 5 de febrero de 2013. Ese día, el juez Andreu dictó una providencia por la que reclamaba a Bankia y al Banco Financiero de Ahorros (BFA) los expedientes de los cincos contratos que la entidad financiera firmó entre mayo de 2011 y abril de 2012 con Lazard. El magistrado solicitaba toda la documentación "justificativa de la tramitación para la adjudicación formal y pago" de los mismos. El actual equipo de la entidad remitía un mes después toda la información sobre los mismos que obraba en sus archivos. En ella se detallaba que el primero de dichos contratos tenía como objeto "la prestación del servicio de asesoramiento financiero para la salida a Bolsa de Bankia". El 6 de mayo se firmaba por un importe cercano a los 2,9 millones de euros. Cuando Bankia remitió a la Audiencia Nacional el escrito, la totalidad del mismo ya había sido abonado.
"Honorarios de éxito"
El segundo contrato bajo sospecha tiene fecha del 6 de febrero de 2012. En este caso, los servicios de Lazard Asesores Financieros fueron requeridos para decidir "la política de dividendos" de la entidad. El banco de inversión emitió una única factura por 1,7 millones de euros que fue pagada en su totalidad. Curiosamente, en este documento alguien había escrito a mano "por error" que el concepto de la misma era "la salida a Bolsa", en lugar de "honorarios de éxito por servicios prestados" que determinaba el contrato suscrito por ambas partes por dichos servicios, según aclaraba el escrito de Bankia remitido al juez Andreu junto a toda la documentación.
Lazard, presidido por un amigo de Rato, cobró a Bankia 2,9 millones de euros por el "asesoramiento para la salida a Bolsa"
El siguiente acuerdo bajo sospecha fue firmado el 11 de abril de 2012. Con él, Bankia esperaba recibir "asesoramiento financiero en operaciones corporativas". Cuando se aprobó, el Consejo de Administración de la entidad financiera fijo un presupuesto máximo de 10,6 millones de euros. No obstante, el contrato contaba con una cláusula por la que Lazard percibiría dicha retribución en función de una escala prevista en el documento. Finalmente, Bankia informó al juez que el banco de inversión no llegó a girar ninguna factura por dicho asesoramiwento "y, en consecuencia, ni BFA ni Bankia realizaron pago de importe alguno". El escrito remitido por el equipo jurídico aclara que el contrato fue resuelto el 18 de junio de 2012, dos meses y siete días después de su firma, aunque no especifica las causas.
Curiosamente, el cuarto contrato entre Bankia y Lazard se aprobó por el Comité de Medios de la primera entidad el mismo día que se rubricaba el anterior, aunque la firma del mismo se había producido ocho días antes, el 3 de abril de 2012. Por él, el banco de inversión de comprometía a ofrecer "servicio de asesoramiento financiero en la venta de participaciones de Fondos de Capital Riesgo pertenecientes a Bankia" por un importe cercano a los 1,2 millones de euros. Cuando el documento llegó al juzgado en marzo de 2013, de dicho importe aún quedaba por abonar dos partidas. Una primera, de 293.225 euros, Iva incluido, que Lazard ya había facturado pero que no se le había pagado. Y un segundo de 17.556 euros por los que el banco de inversión ni siquiera había emitido aún documento de cargo.
Finalmente, el quinto documento investigado ahora por la Audiencia Nacional fue el contrato firmado el 26 de abril de 2012 por el que el banco de inversión daba "servicio de asesoramiento financiero para la determinación de estructura de capital de BFA". El mismo fue el de menor cuantía de todos, 363.000 euros, con un incremento sobre el importe previsto ya que, como destacaba el escrito aclaratorio de Bankia remitido al juez Andreu, el aumento al 21% del Iva supuso un alza final del coste. El pago fue autorizado el 25 de junio siguiente y se abonó en su totalidad.
