Ángel Ron ha roto su silencio en el caso que sigue la Audiencia Nacional por la caída del Banco Popular y lo ha hecho para solicitar al magistrado que ponga el foco en la última etapa de vida de la entidad. El expresidente del banco ha remitido un escrito al juzgado en el que reitera que, bajo su mandato, tenía un colchón de liquidez de entre 11.000 y 12.000 millones de euros y que había otra salida que no fuera su resolución. Defiende, además, que la financiación a clientes es legal e insiste en que los últimos gestores no acordaron medidas determinantes que hubieran podido salvar a la entidad.
El banquero, al que se le investiga en este procedimiento junto con el último presidente del banco, Emilio Saracho, y otros exaltos cargos y directivos, responde de esta forma a los últimos avances en la causa. Esta misma semana el magistrado José Luis Calama Teixeira acordaba la apertura de una pieza secreta en la que investigará las órdenes que habrían dado algos exdirectivos para financiar a clientes de cara a que participaran en la ampliación de capital de 2016.
En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, solicita que se identifique a los miembros del despacho Uría Menéndez que integraron el equipo de trabajo del Popular entre febrero de 2017 (cuando ya no era presidente) y junio de ese año. Del mismo modo reclama que se aporten todas las comunicaciones internas mantenidas entre este bufete y los directivos del Popular para, tras estudiar todo este material, que se les cite como testigos. Su objetivo es demostrar que la entidad que acabó en manos del Santander por un euro no tenía problemas de liquidez durante su etapa, sino que fueron otros factores los que la llevaron a la resolución.
Las actas del Consejo
También reclama que se oficie a la notaría de Luis Pérez-Escolar para recabar las actas de manifestaciones de aquellos consejeros que en el Consejo de 6 de junio de 2017 -previo a la resolución del Popular- manifestaron haber acordado la inviabilidad de la entidad sin que previamente fueran advertidos de las consecuencia de sus actos. Ron alude en concreto a un acta entregada a la causa en marzo de 2020 por el consejero Jaime Ruiz Sacristán, ya fallecido, en la que se apunta que el nuevo equipo gestor les requirió de forma "urgente" para aprobar la declaración de inviabilidad del Popular.
Parece claro que los consejeros no eran conscientes de que la declaración de inviabilidad conduciría necesariamente y de forma inminente a la resolución
"A pesar de lo tratado en el Consejo de 18 de mayo de 2017 (no hay problema de liquidez) trata de convencerse a los consejeros sobre la necesidad de declarar la inviabilidad por un problema de liquidez, que no va a llevar a la resolución del banco, con asesoramiento de Uría y Menendez, que es lo que extraña a Sacristán, como recoge el acta notarial (...). Llama poderosamente la atención, que estando Saracho asesorado por U&M, ya en su visita al Banco Central Europeo en marzo anticipase que una de las alternativas que él barajaba para el banco fuese la resolución", razona el escrito.
Peritaje del Banco de España
La defensa de Ron que ejerce el bufete de Choclán, recurre al peritaje de los expertos del Banco de España y a las testificales prestadas hasta el momento en la causa -como la del exgobernandor de España Luis María Linde- para intentar desligarse de la caída de la entidad que, según los peritos del supervisor, tiene su principal motivo en una feroz fuga de depósitos. Al respecto, asegura que los expertos del Banco de España alcanzaron "de modo inequívoco" conclusiones que acreditaban la regularidad de comportamiento de su equipo. Además, insiste en que las cuentas de 2015 y de 2016 (que fueron reformuladas) respetaron los criterios contables.
Del mismo modo también alude a un escrito de Saracho del pasado mes de enero en relación al hecho relevante del Banco Popular a la CNMV el 3 de abril de 2017 en el que, según apunta, participaron (además del equipo del entonces presidente), abogados y exasesores externos del despacho Uría Menéndez. "Ninguno de los ajustes propuestos afectaba a la imagen fiel. Todos los conceptos anunciados en el hecho relevante totalizaban 126 millones netos en el resultado", reza el escrito presentado por su defensa, en el que avisa que no se hizo mención alguna a un superávit de 184 millones de euros en las provisiones.
Financiación de la ampliación
En lo que respecta a la financiación de clientes para participar en la ampliación de 2.505 millones de euros, Ron asegura que la operativa no solo es legal sino que no tiene un impacto negativo en la cuenta de resultados. Cabe destacar que esta ha sido una de las líneas que más ha impulsado el magistrado José Luis Calama Teixeira en tanto considera que se produjeron instrucciones veladas y no escritas por parte de directivos de la entidad para que se financiase a los clientes con préstamos. Saracho expuso ante el juez que las órdenes vinieron del exnúmero dos Ron, Francisco Gómez, y que se financió por importe de 400 millones de euros.
"La única obligación que se deriva para la entidad es que las acciones financiadas restan del capital a efectos regulatorios, no del capital contable", razona ahora Ángel Ron sobre este asunto, a la par que asegura que en el hecho relevante a la CNMV ni el propio banco, ni el auditor externo (PwC), ni la CNMV consideraron material el impacto en caso de que esta financiación no se dedujera del capital regulatorio (como así lo sospechan los investigadores).
