La amnistía fiscal promovida por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro a principios de 2013 fue una medida con una capacidad recaudatoria limitada pero que causó un gran revuelo político y mediático en aquella España de los recortes y la crisis económica. Un revuelo que no se repetirá tras la negativa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a publicar la lista de los evasores que se acogieron a la fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda (repatriar el dinero oculto en el exterior a cambio de pagar el 10% de lo que se disponía y a condición de mantener el secreto, así como de que no acarrearía consecuencias penales ni tributarias).
En aquellos años Vozpópuli ya informó de que Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, no era el único sospechoso de haber incurrido en estas prácticas. En la famosa lista de morosos que manejaba Montoro había funcionarios públicos, jueces y embajadores también. Todos los que habían ocupado cualquier tipo de cargo o responsabilidad política pasaron a ser vigilados por la lupa de Hacienda de forma prioritaria.
Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo
En años posteriores se ha ido viendo como también se acogieron a la amnistía fortunas como las de la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso "Púnica". En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.
Entre los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal la casuística es muy variada. Algunos no habían presentado con antelación su declaración de impuestos, otros figuraban como ilocalizables en la base de datos de la Agencia Tributaria y los hubo también que se acogieron a esta declaración especial en 2012 a partir de los ingresos obtenidos a través de personas con las que compartían intereses societarios, tal y como informó Vozpópuli en su momento.
El tribunal anuló la amnistía
Precisamente en julio del pasado año el Tribunal Constitucional anuló, por unanimidad, la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012. La decisión no tenía efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda pero se había producido tras el recurso de 50 diputados del PSOE.
En el recurso, entendían que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.
