Ana Mato ha vivido complicados momentos como ministra de Sanidad, y no únicamente por las investigaciones que la señalaban como beneficiaria de la trama Gürtel, sino también por las polémicas medidas que ha puesto en marcha desde su Ministerio. Diferentes organizaciones sociales han recordado desde hace meses que Sanidad ha reducido un 37% el presupuesto que encontró Mato al afrontar la cartera, especialmente en Servicios Sociales y en el Sistema de Atención a la Dependencia, aunque no hayan sido sus sectores más 'mediáticos'.
La exministra aprobó en 2013 elevar un 1,5% los máximos del copago farmacéutico para los pensionistas, actualizando también el máximo de los medicamentos de aportación reducida de acuerdo con el alza del IPC. Algo más de un año antes, se había puesto bajo los focos al aprobar la tarjeta sanitaria que dejaba fuera del sistema a los extranjeros irregulares, turistas o "ni-nis", aunque anunciaba que serían atendidos sin problema si pagaban por los servicios. La tarjeta sanitaria única permitía la asistencia en las mismas condiciones y con idénticas garantías para todos los ciudadanos sin diferencias por Comunidades Autónomas. La implantación de la receta electrónica y la historia clínica digital también fueron impulsadas desde su cartera.
Uno de sus momentos más complicados se produjo hace apenas tres meses con la crisis por su gestión del ébola, al repatriar primero a dos misioneros infectados con el virus garantizando todas las medidas de seguridad y admitiendo, con el contagio de Teresa Romero, que había que revisar los protocolos. En aquel momento toda la prensa internacional se hacía eco del primer contagio por el virus fuera de África y en España se criticó que Mato tardó más de lo aconsejable en hacer su primera comparecencia.
Tijeretazo en Servicios Sociales y Dependencia
En cuanto a los Servicios Sociales, redujo en dos terceras partes el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, un ámbito donde se ha centrado gran parte de su actuación. Además, decidió suprimir la financiación de los servicios de teleasistencia por parte del IMSERSO en todo el territorio y paralizó las medidas de reorganización de la atención a las personas sin hogar que se habían impulsado con la implicación de los principales Ayuntamientos.
La tarjeta sanitaria, el copago farmacéutico, los recortes en Dependencia donde deja 15.000 beneficiarios menos en el sistema o la crisis del ébola han ido poniendo en el centro de las críticas a Mato
"Estas son algunas de las medidas con las que Mato ha contribuido a la demolición del nivel más básico de protección social de las personas con más necesidades, en su propio entorno de convivencia, en sus consistorios y en sus hogares. Y ha culminado su contribución participando en la pérdida de competencias locales en materia de servicios sociales que consagra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sin entender la importancia de estos servicios en unos momentos tan críticos como los que viven 8 millones de personas que son atendidas anualmente en los mismos en situación de grave necesidad. La partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 para financiar estos servicios sociales básicos es de 3 euros por persona y año", critican desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Especialmente dramáticos han sido también los recortes que ha aprobado el Ministerio de Sanidad en materia de Dependencia, donde se ha suprimido el nivel acordado de financiación estatal -dejando la aportación económica en manos de las Comunidades Autónomas casi en su totalidad-, se ha eliminado la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares con cargo al Estado o se ha retrasado la incorporación de dependientes moderados al Sistema de Atención hasta 2015, estableciendo además un periodo de dos años de carencia para la efectividad de las prestaciones de derecho que se reconocen, lo que provoca que personas en situación de Dependencia Severa o Gran Dependencia terminen falleciendo sin recibir las atenciones reconocidas.
"Su balance no puede ser más negativo: desde que ella asumió el Ministerio hasta la fecha de su dimisión, hay 15.000 beneficiarios menos en el Sistema de Atención a la Dependencia", recuerdan desde la asociación, que siempre ha defendido que las estadísticas y los datos que presentaba Sanidad como un logro escondían alguna pequeña trampa en su cómputo.
Todas estas medidas han propiciado además que la exministra cumulara más de 742 peticiones de firmas dirigidas al Ministerio de Sanidad con asuntos relacionados con su gestión. En total, más de 154.000 firmas pedían su dimisión en más de una docena de peticiones recogidas en la plataforma Change.org. Finalmente, ha sido la decisión del juez Ruz sobre su participacion en el escándalo Gürtel y la comparecente este mismo jueves de Mariano Rajoy para tratar la corrupción lo que ha precipitado su marcha.
