Lejos quedaron los tiempos en los que la administración se lanzó a un mercado internacional convulso para comprar material sanitario durante los peores compases de la pandemia del coronavirus. Mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico... a precios desorbitados y, en no pocos casos, en mal estado. El Ministerio de Sanidad optó por crear una reserva estratégica para hacer frente a nuevas oleadas, pero no contempla que vaya a emplear todos los recursos que adquirió. De hecho, ya estudia el modo en que destruirlo, llegado el caso, y controlar las caducidades del stock.
La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad ha abierto un anuncio previo para contactar con empresas que gestionen la logística relacionada con el material de protección y farmacéutico de la reserva estratégica contra el coronavirus. Entre las gestiones a realizar aborda la recogida, recepción almacenamiento y gestión del stock. También labores relacionadas con la distribución, tales como el transporte y la entrega.
Pero la licitación incluye además otras funciones relacionadas con el "seguimiento de los productos" que conforman la reserva estratégica de material sanitario para hacer frente a la pandemia. En concreto, INGESA apunta a la "destrucción en su caso" y al "control de las caducidades" del stock. Material que habría quedado sin utilizar tras haber superado las mayores dificultades de la crisis sanitaria.
El Ministerio de Sanidad ya ha colgado el anuncio previo de la licitación en la Plataforma de Contratación, el portal público donde la administración gestiona y publicita la adquisición de suministros, servicios, obras y, en definitiva, cualquier actuación que suponga una contraprestación económica a la empresa adjudicataria. Para este procedimiento, que se tramitará de urgencia, se ha reservado una partida de 5.15 millones de euros; 6,24 millones si se le suman los impuestos.
Reserva contra el coronavirus
El anuncio de la creación de una reserva estratégica contra el coronavirus se llevó a cabo tras superar los primeros compases de la primera ola en la pandemia. Parte de la industria nacional reconvirtió su actividad para producir mascarillas, respiradores o equipos de protección individual, entre otros. Pero ni ese esfuerzo, ni la adquisición de material en el mercado internacional -principalmente de países asiáticos y a precios que multiplicaban por mucho su valor real- fueron suficientes para cubrir las necesidades del personal esencial contra el virus; principalmente, a los profesionales sanitarios.
Además de la adquisición del material, el Ministerio de Sanidad adjudicó contratos cuantiosos para el transporte, distribución y almacenamiento de todos los elementos adquiridos. Licitaciones, todas ellas, que se llevaron a cabo por la vía de emergencia. O lo que es lo mismo, sin los habituales procedimientos de concurso y adjudicación, contactando directamente con las empresas y cerrando los acuerdos con ellas.
Y no sólo el Ministerio de Sanidad. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), órgano que depende estructuralmente del Ministerio de Hacienda pero con autonomía de actuación y encargado de supervisar las adjudicaciones públicas, la administración dio 22.000 contratos 'a dedo' por valor de 7.100 millones de euros durante la pandemia.
Ahora, en pleno proceso de desescalada, se estudia cómo gestionar los remanentes del stock adquirido y que finalmente no ha sido empleado, tiene taras o ya ha caducado. Incluso mediante la destrucción del material, tal y como contempla el Ministerio de Sanidad.
