La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros a sabiendas de que la aerolínea tiene pendientes cuatro juicios de carácter civil con reclamaciones millonarias por parte de otras empresas. Según un documento interno de la compañía aérea al que ha tenido acceso Vopópuli, las cuantías demandadas en los citados procedimientos judiciales superan los nueve millones de euros.
Parte de esta información fue también recabada por Deloitte basándose en los datos que les facilitaron los abogados de Plus Ultra y así lo reflejó en el informe jurídico que entregó al ente dependiente del Ministerio de Hacienda.
La reclamación más alta llegó por parte de Aquatravel SL, una agencia de viajes valenciana que se declaró en concurso de acreedores en 2017. Esta empresa denunció a Plus Ultra para exigir la devolución de un depósito que habría efectuado en favor de la aerolínea en el marco de un contrato de exclusividad en transporte aéreo chárter que habían suscrito. El importe en este juicio asciende a 7,8 millones de euros.
Posteriormente, según reflejan los escritos de la aerolínea y recoge Deloitte, Plus Ultra interpuso una demanda contra el turoperador valenciano (demanda reconvencional) por "incumplimiento" por parte de este último del citado contrato.
El juicio está pendiente de sentencia. Los abogados de Plus Ultra creen que la probabilidad de éxito es alta "tras el éxito de las medidas cautelares", por lo que encuentran "razonable la provisión de 908.136 euros", una cuantía mucho menor que los 7,8 millones del principio.
Plus Ultra y Boliviana de Aviación
El segundo litigio de mayor envergadura es el iniciado por Boliviana de Aviación BOA Sucursal en España por "responsabilidad contractual". El importe reclamado es de 1.132.291 euros y se basa en la no realización por parte de Plus Ultra de las operaciones contratadas para realizar vuelos para BOA en las rutas de Madrid a Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo a Deloitte, asesor jurídico de la SEPI, Plus Ultra informó que el procedimiento se encuentra pendiente de sentencia y que, a juicio de la aerolínea, podría estimarse "una eventual e hipotética condena de hasta el 50% de la cuantía reclamada". Es decir, 566.145 euros.
La agencia de viajes online World Travel Bitákora es otra de las demandantes. Denunció a Plus Ultra por importe de 57.697 euros por impago de una factura en el marco del contrato de arrendamiento de aeronave wet lease suscrito para operar un vuelo triangulado a Santa Clara. Según recogen los abogados de la misma y hace constar Deloitte, Plus Ultra obtuvo sentencia favorable en 2019 y el procedimiento se encuentra actualmente en fase de apelación.
El cuarto procedimiento civil que afronta la aerolínea rescatada por el Gobierno es el iniciado por Casli en reclamación de 51.528 euros. El especialista en maquinaria acusa a Plus Ultra de impago de factura en el marco de un contrato de prestación de servicios. El procedimiento se encuentra aún pendiente de sentencia, pero la aerolínea estima una "alta probabilidad de éxito con desestimación de las pretensiones
del contrario", de acuerdo a sus informes internos.
Más allá de las estimaciones de los abogados de Plus Ultra, la aerolínea tiene pendientes cuatro juicios de carácter civil con Aquatravel, Boliviana de Aviación, World Travel Bitákora y Casli por un importe total de algo más de nueve millones de euros.
Pero estos no son los únicos asuntos judiciales que quedan por resolver. El dictamen jurídico que Deloitte entregó a la SEPI se hace eco de otros procedimientos de carácter mercantil, penal y sancionadores, además de las reclamaciones interpuestas por pasajeros.
No obstante, la consultora indica en su dictamen que, de acuerdo a los datos facilitados por Plus Ultra, "todas las cuantías que previsiblemente la sociedad podría llegar a pagar como consecuencia de los citados procedimientos se encuentran debidamente provisionadas".
Sanciones de AESA y 310 pleitos con pasajeros
Además de estos cuatro litigios civiles, Plus Ultra contaba a 18 de enero de 2021 con tres procedimientos sancionadores iniciados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por un importe total que podría ascender a los 21.000 euros, según detalla el citado informe de Deloitte.
En Perú, el órgano de protección de los consumidores y usuarios de Perú (INDECOPI) también tiene abierto un procedimiento sancionador a la aerolínea por el retraso y posterior cancelación de un vuelo en 2018, con una sanción que podría ascender a 10.393 euros.
A esto hay que sumar los 310 procedimientos judiciales de reclamación que Plus Ultra tenía abiertos en los juzgados de lo mercantil a 30 de noviembre de 2020 con pasajeros o entidades especializadas por denegaciones de embarque, retrasos y/o cancelaciones de vuelo; así como por daños, retraso o pérdida del equipaje.
Deloitte advierte en su informe que "existe una alta probabilidad de condena" a la aerolínea en el seno de todos los procedimientos judiciales actualmente en curso y, de acuerdo con el Plan de Viabilidad de la empresa, la cuantía total (unos 251.000 euros) se encuentra provisionada.
Aquí no se incluyen las "numerosas" reclamaciones extrajudiciales presentadas por los pasajeros por incidencias ordinarias (retrasos, cancelaciones, pérdida de equipaje, etc.) que son atendidas directamente por el departamento de atención al cliente de la sociedad, según detalla la aerolínea.
Finalmente, Plus Ultra tiene abierto un procedimiento de carácter penal iniciado por una denuncia interpuesta por Plus Ultra por la comisión presunta de un delito de estafa por la compra fraudulenta de billetes. Según detalla el asesor jurídico de SEPI, la cuantía del procedimiento asciende a 5.881 euros, con una alta probabilidad de éxito para la aerolínea.
