La asociación profesional Unión de Guardias Civiles (Unión-GC) se ha sumado al requerimiento del Sindicato Unificado de Policía (SUP) al Defensor del Pueblo para que se persone en el procedimiento de inconstitucionalidad contra la denominada Ley vasca de víctimas policiales para impedir que se archive el recurso del Gobierno contra esta norma.
Los gobiernos central y vasco llegaron a un acuerdo el pasado 23 de julio en la comisión bilateral entre ambas administraciones mediante el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy había interpuesto contra varios artículos de la citada norma.
La denominación exacta de la Ley es 'de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999'. Fue aprobada en 2016 por el Parlamento de Vitoria y contempla, entre otras medidas, reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales.
El anterior Gobierno del PP recurrió ante el TC algunos artículos porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.
Tras el acuerdo entre los gobiernos que presiden Sánchez e Iñigo Urkullu en la comisión bilateral, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto retirar el recurso, una decisión a la que se oponen sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y asociaciones de víctimas.
Una "justicia paralela" en el País Vasco
En el escrito remitido por el SUP al Defensor del Pueblo el pasado día 21, al que a finales de esta semana se ha adherido la Unión de Guardias Civiles, se pide a esta institución que se persone de manera urgente en el recurso de inconstitucionalidad con el fin de oponerse a su archivo.
En la misiva se critica la retirada del recurso por parte del Gobierno porque según el SUP y la asociación de guardias civiles, esta se debe "a los acuerdos políticos" entre el PSOE y el PNV. También aseguran que el precio que ha admitido pagar el Ejecutivo de Sánchez con esta decisión "ha consistido en el sacrificio de la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la dignidad de las víctimas del terrorismo".
El SUP argumenta ante el Defensor del Pueblo que el acuerdo entre ambos gobiernos en la comisión bilateral carece de validez jurídica, ente otras razones porque no puede sustentar una decisión de desestimiento de un recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia fue avalada en su día por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.
El sindicato de policía y ahora también la asociación de guardias civiles, informa EFE, opinan que la comisión bilateral no puede adoptar acuerdos con eficacia jurídica "bajo ningún concepto" con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucional y añade que de archivarse el recurso "se habrá permitido que en el País Vasco, a diferencia del resto del territorio español, pueda existir una justicia paralela".
"Los miembros integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afectados por las declaraciones" de la comisión de valoración sobre torturas "se verán sujetos a una doble justicia" , asegura el SUP, que denuncia que la citada comisión no tendría las necesarias garantías constitucionales y legales.
Por ello, se pide al Defensor del Pueblo que se persone en el recurso y que no se convierta "en cómplice de un acuerdo político" adoptado por ambos ejecutivos cuya consumación provocará "una indecente vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley de todos los españoles, al honor, y a la presunción de inocencia".
