Un “embaucador profesional”. Los investigadores de la Guardia Civil tienen claro cómo definir a Luis A.G., exmilitar del Ejército del Aire que se pasó al lado oscuro tras su expulsión del cuerpo. Aspiraba a amasar una buena suma con el tráfico de armas que compraba con documentación falsificada y que después revendía en el mercado negro. Soldado profesional con una abrupta trayectoria castrense, fue detenido en el marco de la Operación Gaviota, con la que el Instituto Armado evitó que armamento de última generación terminase en manos de delincuentes.
La historia de Luis A.G. se sostiene entre la traición a sus antiguos compañeros del cuerpo y los engaños a viejos conocidos para adquirir armas y munición. Entró joven en la academia del Ejército del Aire a través de la escala de tropa y marinería y pronto se dio a conocer en las unidades en las que sirvió: “Tiene un gran don de palabras”, señalan fuentes de la investigación. De él cuentan que es capaz de arrastrar a los compañeros y de ganarse rápidamente su confianza, tal y como sucedió en el propio cuerpo militar.
Pero, al mismo tiempo, era un militar que jugaba con los límites de las normas. Un soldado díscolo “de conducta irregular”: “Se le abrió un procedimiento por deslealtad”. Los mandos conocían de sobra su nombre y su trayectoria; la situación terminó por volverse insostenible. Tanto que en 2017 se le terminó expulsando de las filas militares.
Comienza la actividad ilícita
¿Qué futuro le esperaba a un hombre que superaba por poco la treintena y al que se le había rescindido su compromiso con las Fuerzas Armadas? Luis A.G. tiró de aptitudes y encontró un filón en su carácter afable y próximo, así como del material que acumulaba de su paso por el Ejército del Aire. En concreto, de las fotocopias que había hecho de los carnés militares de varios oficiales y suboficiales del cuerpo, que le sirvieron para falsificar su propia documentación.
Armas. Ese era el mercado que mejor conocía. No tardó en diseñar una estructura para comprar rifles, pistolas y revólveres de última generación en una armería de confianza. Decía que actuaba como representante de los oficiales y suboficiales a los que les había falsificado su carné militar. Todos los papeles parecían estar en regla y el vendedor cerró el acuerdo: en total, 21 armas de fuego entre las que se encontraban 12 pistolas, dos revólveres, un rifle versión civil de un fusil de asalto, otro fusil de asalto y cinco escopetas. Todas ellas con sus respectivas fundas y complementos.
La sorpresa fue mayúscula en el Estado Mayor del Ejército del Aire al recibir la notificación procedente de la armería de que varios de sus hombres habían comprado un armamento del que no tenían ninguna constancia y que nunca había llegado a dependencias militares. El cuerpo abrió una investigación interna y pidió explicaciones a los efectivos cuyas documentaciones habían sido falsificadas. Ninguno de ellos sabía nada. Los servicios de inteligencia del Ejército del Aire trasladaron las novedades a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que inmediatamente abrió una investigación para esclarecer los hechos. “La colaboración entre ambos cuerpos fue absoluta”, detallan fuentes internas.
Venta en Internet
Las pesquisas de los investigadores fueron fructíferas. No tardaron en dar con Luis A.G., aunque muy pronto detectaron una nueva práctica ilegal del exmilitar del Ejército del Aire: afirmaba que trabajaba en funciones de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Madrid para granjearse la confianza de algunos conocidos y tener acceso así a grandes cantidades de munición. En concreto, recurrió a una persona que tenía licencia de armas de tiro deportivo para pedirle cartuchos y balas “para sus compañeros”.
Las balas y cartuchos, en realidad, terminaban en packs completos de armas nuevas con cargadores adicionales que colocaba en el mercado negro. El exsoldado contactó con los compradores a través de Internet y acordó un precio de venta que triplicaba el valor que él había desembolsado en la armería. Los investigadores dieron con él cuando hacía gestiones para vender todo el material.
Caída y detención
La Guardia Civil explotó la operación con el registro de diez inmuebles en las provincias de Madrid, Burgos y Barcelona. El militar residía en la capital y junto a él también fue detenido su padre: además de las armas se les intervino 120 gramos de cocaína en polvo y roca, además de dos básculas de precisión para la distribución de drogas. También se capturó a dos compradores y a una persona encargada de la falsificación de documentos.
En todo el operativo, además, se incautaron 73.200 euros en billetes, 8.300 cartuchos de diferentes calibres, más de 70 cargadores para fusiles de asalto y pistolas, tarjetas SIM de telefonía y un vehículo de alta gama. La Guardia Civil les imputa los delitos de tráfico de armas y munición, depósito de armas y munición, falsedad documental, usurpación de funciones y estado civil, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
