"No hace más que realizar una denuncia genérica". La Fiscalía de Asturias ha declinado la petición de Vox de investigar la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. La formación liderada por Santiago Abascal había reclamado formalmente que se esclarecieran las "responsabilidades sobre la nefasta actuación que ha llevado a que nuestros mayores estén sufriendo unos índices de mortandad muy elevados". Esta provincia, al igual que otras diez, ha rechazado la solicitud al considerar que en los hechos denunciados no existen indicios de delito.
Hasta ahora han mostrado su negativa las fiscalías de Asturias, Álava, Ávila, Badajoz, Cantabria, Galicia, Huelva, Huesca, León y Zamora. Todas han desestimado las diligencias incoadas a raíz de la "denuncia genérica" presentada por Vox el pasado 17 de abril en todas las sedes provinciales del ministerio público. La Fiscalía leonesa ha tenido que decir que no dos veces.
Según ha informado este miércoles el departamento de Dolores Delgado, a fecha 27 de abril se habían archivado ocho denuncias presentadas por "un partido político". Vozpópuli ha podido confirmar que se trata de la iniciativa conjunta que llevó a cabo la dirección de política parlamentaria de Vox en todas las provincias. Los otros tres archivos han sido confirmados a este diario por la formación. Hasta ahora se han rechazado un total de 11 escritos.
En el caso de Asturias, la fiscal María Esther Fernández García ha decidido denegar la denuncia porque, a su juicio, no aportaba datos o "hechos concretos cometidos por personas determinadas". Según ha indicado, la formación de Abascal se limitó a relatar una serie de hechos ya conocidos, publicados por la Administración y la prensa: la situación de pandemia, el número de fallecidos en España y en particular en las residencias de mayores.
Reprimenda a Vox
La denuncia se centraba en la inexistencia de medidas de detección y diagnóstico de los casos de covid-19 en las residencias de ancianos. Según alegó el partido, ello se traducía en la falta de realización de los oportunos test y en la carencia de material sanitario de prevención, circunstancias que propician el contagio entre residentes y personal sanitario. En este sentido, Vox pidió a los fiscales que ordenaran la inspección y el saneamiento periódico de todas las residencias de ancianos, "independientemente de su titularidad".
Desde la Fiscalía de Asturias han reprendido a la formación por su petición. La representante del departamento de Dolores Delgado ha recordado que no entra en las funciones del ministerio público dar órdenes a las autoridades competentes sobre la gestión de las actuaciones para hacer frente al coronavirus.
Las denuncias de Vox no han sido las únicas desestimadas. Según datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, las sedes de Burgos, Canarias, Cantabria, Ferrol, León, Soria, Valencia y Vilanova i la Geltrú-Gavá también han desestimado las solicitudes planteadas por particulares y asociaciones. "La mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores", han indicado.
12 denuncias pendientes
El ministerio público ha precisado que a fecha 27 de abril se encontraban "en trámite" 12 denuncias presentadas por el partido en fiscalías de Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y La Rioja. Estas fueron admitidas por cumplir con los requerimientos formales, pero aún queda por determinar si se investigarán los hechos denunciados o si se archivará la solicitud. En el caso específico de La Rioja, está pendiente de respuesta la investigación penal incoada por las denuncias de Vox y PP.
Según ha informado el Departamento de Delgado, existen al menos 109 diligencias de investigación por la vía penal por la situación en las residencias de mayores de toda España. La comunidad en la que hay más investigaciones es la de Madrid, con 42; seguida de Cataluña, con 24; y de Galicia, con 11. Todos los casos responden a denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los establecimientos.
Las cifras facilitadas este miércoles actualizan la desvelada el pasado 21 de abril, cuando se anunciaron diligencias penales en 86 residencias. En aquella ocasión, Madrid y Cataluña lideraban la lista con 40 y 20 casos, respectivamente. El primer balance se facilitó cuatro días antes, el 17 de abril: para entonces había 38 investigaciones abiertas. Hasta ahora solo 12 casos se han judicializado y están siendo investigados por los juzgados correspondientes.
