El intento de PSOE y Unidas Podemos, las formaciones políticas que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de cambiar el modo en el que se eligen los vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha logrado poner en pie de guerra, de forma unánime, a todos los colectivos que componen el mundo de la Justicia. Tanto los abogados como los fiscales y, por supuesto, los propios jueces, han rechazado frontalmente una proposición de ley que según los afectados, aumentará la politización de la Justicia.
El pasado martes, los grupos parlamentarios que sustentan el Ejecutivo presentaron una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que pretende cambiar la elección de los 12 vocales judiciales del Poder Judicial. En concreto, persigue que estos puedan ser elegidos con una mayoría simple del Parlamento, cuando en la actualidad exige el apoyo de tres quintas partes.
Esta reforma exprés, que ha sido tramitada como proposición de ley, evita que se tengan que recabar los informes preceptivos pero no vinculantes del Poder Judicial, Consejo de Estado y del Consejo Fiscal ha sido rechazada por las dos principales asociaciones de jueces, la Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que han decidido plantar este lunes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo-. Y a este plante se ha unido la conservadora Asociación de Fiscales (AF), también mayoritaria entre estos funcionarios, que ha rechazado participar en el mencionado encuentro protagonizado por el titular del Ministerio.
Pleno extraordinario
En medio de esta polémica, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha convocado para el miércoles 28 de octubre un Pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces para examinar la reforma de la institución. La máxima autoridad judicial ha tomado esta decisión después de que siete vocales lo exigieran.
Pero las quejas no solo afectan a la cúpula judicial, sino que también las Salas de Gobierno de tres Tribunales Superiores de Justicia; en concreto Castilla y León, Extremadura y Madrid han hecho públicas sus opiniones contrarias. Fuentes consultadas por Vozpópuli anuncian que a estas tres primeras deberían unirse en las próximas horas otros tribunales.
En concreto, la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos, ha mostrado "su rechazo y su preocupación por una modificación normativa que supone una merma de las garantías de independencia judicial". Además, los magistrados consideran imprescindible que "se produzca el inmediato desbloqueo en relación con la renovación del CGPJ y de los restantes órganos constitucionales, apartando dichos procesos de cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su necesaria independencia".
Contra la Constitución
Por su parte, el TSJ madrileño considera que la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos "no se ajusta a la Constitución, al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política –sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial".
En Extremadura, el TSJ de esta Comunidad incide en que la independencia judicial sólo se conseguirá plenamente con "la designación directa de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados".
En similares términos que los jueces y magistrados se expresan los abogados, que también han hecho pública su oposición a la modificación de la ley. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha emitido un comunicado en el que asegura que el cambio en el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial atenta contra el principio de seguridad jurídica.
Separación de poderes
"Si, a partir de ahora y en el futuro, el Gobierno de turno, con el apoyo, en segunda instancia, de la mayoría absoluta del Parlamento, puede modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, además de su dudosa constitucionalidad, la ciudadanía y los operadores jurídicos no sabremos nunca a qué atenernos, poniéndose además en gravísimo riesgo la percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, siendo evidente que sin separación de poderes no puede haber Estado de Derecho", destacan los letrados madrileños.
Por eso, el Colegio de Abogados de Madrid reclama a la clase política "un urgente entendimiento, de modo que, sin alterar el actual marco normativo (la única reforma admisible sería la de que fueran los propios jueces quienes eligieran a sus representantes en el CGPJ), podamos salir del estado de absoluta perplejidad e inseguridad en el que nos encontramos el conjunto de la ciudadanía española".
