El Supremo considera que la Audiencia Nacional debe ser el tribunal que se ocupe de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), ocurrida en octubre pasado, porque una primera revisión apunta posibles indicios de terrorismo, aunque solo a efectos de decidir la competencia.
La Audiencia Nacional paralizó el proceso hasta que el Tribunal Supremo dirimiera la cuestión de competencia sobre el caso que planteó un Juzgado de Pamplona a instancias de la Audiencia de Navarra, que estimaba que la causa debía resolverse allí.
El Supremo ha fallado que mediante una valoración provisional realizada solo a efectos de dirimir la competencia sobre el caso ha encontrado indicios de posible delito de terrorismo, sobre los cuales es competente la Audiencia Nacional.
"La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes", dice el Supremo.
Y añade, en cuanto a la concurrencia de las finalidades previstas por el Código Penal para que exista este tipo de delitos (para que exista terrorismo el autor debe perseguir con él provocar un estado de terror en la población), que pueden apreciarse indicios de su existencia.
La agresión a los guardias perseguía "crear en los miembros de la seguridad del Estado y sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios", dice el tribunal.
La decisión del Supremo se produce, en todo caso, "sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento".
Varios informes policiales han relacionado a uno de los implicados con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante hostigamiento contra los agentes y sus familias, recuerda el auto.
Esa persona inició el enfrentamiento y la agresión. "Como consecuencia de los hechos, los agredidos resultaron lesionados, presentando uno de ellos, según el informe del Ministerio Fiscal, una fractura desplazada de tobillo derecho", indica el Supremo también.
La cuestión de competencia fue planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por orden de la Audiencia Provincial de Navarra, que lo hizo al resolver un recurso de apelación contra un auto del citado Juzgado en el que, inicialmente, se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional.
La Audiencia navarra corrigió al Juzgado al considerar que la competencia era suya. Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción comenzó a investigar los hechos a raíz de una denuncia de la asociación COVITE, de víctimas del terrorismo.
