El ascenso de Dolores Delgado de manos de su sucesor, Álvaro García Ortiz, sigue generando polémica en la institución. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la apertura de una investigación penal contra el fiscal general por el nombramiento de su antecesora; ahora bien, no cierra la puerta a que el Partido Popular, en su condición de querellante, puede pedir que se incoe expediente disciplinario contra la 'número dos' de la institución por su actuación en los hechos.
Así se desprende del auto que firmó la Sala de lo Penal a comienzos de esta semana en el que archivó la querella de los populares al considerar que no hay indicios de delito con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. La designación, que ha generado gran controversia por la estrecha relación entre Delgado y Ortiz, terminó anulada en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que avisó además de que el fiscal general actuó con "desviación de poder".
Tras este varapalo, el Partido Popular interpuso querella contra el fiscal general por un presunto delito de prevaricación administrativa con el nombramiento de la que fuera ministra de Justicia. Con todo, la Sala de lo Penal ha inadmitido la querella apuntando que el fiscal general "carecía de poder decisorio" puesto que la designación la acometió el Consejo de Ministros, como marca la ley.
Actuación de la 'número dos' de la Fiscalía
De esta forma, el Supremo avisa que no es competente para examinar una posible infracción de Sánchez Conde, pero no cierra la puerta a que se actúe en el órgano adecuado para ello. El pronunciamiento de la Sala da respuesta a un escrito del PP contra la teniente fiscal, la cual informó en contra de la admisión de esta querella.
Los 'populares' sostienen que Sánchez Conde tendría que haberse abstenido en todo lo relativo a esta querella, puesto que participó en el Consejo Fiscal de septiembre de 2022 en el que García Ortiz propuso a Delgado para fiscal de Sala de lo Militar. El fiscal general designó a su sucesora pese a no haber recabado el apoyo del Consejo Fiscal en un movimiento que supuso además su ascenso a la máxima categoría de la carrera.
En su condición de miembro nato, la 'número dos' del Ministerio Público participó en el cónclave en el que se propuso a Delgado. Tras la interposición de la querella por parte del PP fue la propia Sánchez Conde la que actuó en nombre del Ministerio Público para pedir que se archivara. A tenor de su informe, la formación conservadora denunció en un escrito remitido a la Sala que tendría que haberse abstenido por presunta falta de imparcialidad.
El PP pidió a Sánchez Conde que informase a la Sala de lo Penal el sentido de su voto y que aclarase si tenía interés directo en todo este asunto. La teniente fiscal despachó la petición el pasado 10 de abril en un escueto escrito en el que no despejó las dudas del querellante. El Supremo da carpetazo a toda la querella pero evita pronunciarse sobre este asunto puesto que no es competente para el mismo.
"Desborda la competencia de la Sala pronunciarse sobre hipotéticas consecuencias disciplinarias que en nada pueden influir en el juicio de tipicidad", plasmaron los magistrados en su auto. Con su pronunciamiento abren la vía a que el Partido Popular denuncie los hechos ante el promotor de la acción disciplinaria de la Fiscalía; cargo que ostenta desde el año 2022 quien fuera fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.
Los incendios que cercan a la Fiscalía
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli precisan que no se descartaría que, en caso de interponerse denuncia, se estudiase el asunto en aras a esclarecer si la 'número dos' de García Ortiz ha cometido o no una infracción disciplinaria al no abstenerse con su informe en este asunto.
El ascenso de Delgado es uno de los muchos incendios que cercan a la Fiscalía General junto con la polémica por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el caso del fiscal Ignacio Stampa, la postura sobre la amnistía, el descontento de gran parte del Consejo Fiscal con Álvaro García Ortiz o el propio nombramiento del fiscal general después de que el CGPJ le declarara no idóneo para el cargo.
Con todo, uno de los puntos de inflexión en la institución se produjo con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado y que acusó al fiscal general de haber actuado con "desviación de poder". El duro fallo no evitó que Sánchez le volviera a elegir para dirigir una institución cuyo prestigio, según la principal asociación de fiscales, "está en un momento de mínimos".
Al hilo, el Tribunal Supremo todavía tienen pendiente pronunciarse sobre el segundo nombramiento de Delgado. En concreto, el próximo día 30 está señalado para deliberación y fallo de los recursos contra su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática; cargo que ostenta en la actualidad y para el que también le propuso su antecesor y mano derecha pese a no recabar el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.
La pareja de Ayuso
La 'número dos' de la institución también se ha visto salpicada por la polémica, puesto que en los últimos días ha frenado el avance de la denuncias y querellas contra miembros del Gobierno y del Ministerio Público por la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso.
La teniente fiscal cierra filas en relación a las querellas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y también de Alberto González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos que lleva su caso.
Además, también ha dado carpetazo a la denuncia que interpuso un particular contra la presidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelar presuntamente datos del expediente fiscal de la pareja de Díaz Ayuso. Según expone, ninguno de todos estos hechos revisten carácter de delito.
