El diputado del Partido Popular Alberto Casero está más cerca del banquillo. El juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta malversación y prevaricación mientras fue alcalde de Trujillo ha propuesto que se envíe suplicatorio al Congreso de los Diputados -por su condición de parlamentario- para así poder procesarle por estos dos delitos.
Andrés Palomo, el magistrado del alto tribunal que ha investigado a Casero, ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal (por ser la competente en materia de aforamientos) en la que propone que se dirija este suplicatorio al Congreso para poder proceder contra él. Se trata de un trámite que exige la Ley ya que se requiere de la autorización de la cámara baja antes de poder procesarle.
Una vez recibido el suplicatorio, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene cinco días para remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Precisamente Casero formaba parte de esta comisión (de hecho era vicepresidente de la misma), si bien el Partido Popular le relevó en junio a tenor de la investigación penal abierta en el alto tribunal.
Contratos menores pero sin justificar
Casero, especialmente conocido por permitir con su voto erróneo la aprobación de la reforma laboral del Gobierno, enfila de esta forma su camino al banquillo de los acusados por su etapa como alcalde de Trujillo. Según explica en el juez instructor en su exposición razonada, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 concertó con terceros servicios de patrocinio y convenios que se firmaron, según explica, al margen de la Ley.
No solo supone reiteradas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder que identifica su voluntarismo al margen del ordenamiento jurídico, con vedadas contrataciones verbales y sin tramitación de publicidadExposición razonada sobre Casero
El instructor argumenta que se trataron de contratos menores y que, aunque la Ley no establece unos requisitos de validez especialmente exigentes, sí que exige que, al menos, conste su existencia en el consistorio. Es decir, que Casero tendría que haber abierto el correspondiente expediente de contratación en el que se recogiera la aprobación del gasto y justificación de la necesidad del contrato que se costeó con dinero público.
"Se eludieron los mecanismos de control"
"No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico, con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio solo era una parte", razona el juez.
Al respecto explica que esta presunta prevaricación lleva aparejada la malversación de dinero público por cuanto los supuestos contratos irregulares se pagaron con fondos del consistorio. El documento incide en que se excedió en sus "facultades de administración del patrimonio del Ayuntamiento" y que le causó un "verdadero perjuicio al mismo". La cuantía superaría los 50.000 euros.
Cinco contratos
La exposición razonada enviada a la Sala de lo Penal enumera los cinco contratos que serían constitutivos de delito, según la investigación que arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres).
Se trata del contrato del psicólogo Pablo Bonilla para que prestara servicios de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género; un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de Perú; el patrocinio de la asociación cultural Bon Vivant; el contrato con una consultora de comunicación para organizar la Feria Internacional del Queso de 2018 y otro convenio más con Radio Interior (también para cubrir la feria anteriormente citada).
El magistrado explica que todos estos contratos se firmaron sin seguir los cauces establecidos. En algunos casos, como ocurrió con el psicólogo o la Cámara de Perú, el asunto terminó en los tribunales ya que el consistorio no abonó los servicios prestados. El instructor detalla que no se elaboró expediente administrativo en los contratos mayores. En el caso de los menores de 18.000, aunque no se necesita este trámite, la Ley sí que exige que se recabe informe del órgano de contratación que motive la necesidad del acuerdo. Es trámite tampoco se cumplió.
