El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado el próximo 22 de julio a la diputada de Junts per Catalunya (JXCat) Laura Borrás para que declare en calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La citación se produce después de que el juez recibiera la autorización del Congreso para investigar a la diputada.
La investigación apunta a que Borrás abusó presuntamente de su condición de directora del ILC entre 2013 y 2017 para otorgar todos los contratos de programación informática que tendrían un importe total de unos 260.000, a su amigo Isaías Herrero. Según la jueza instructora en Barcelona, Silvia López Mejía, Borràs "fraccionó ilegalmente" los contratos de programación informática del portal del ILC a favor de su amigo.
Además, dio una "falsa apariencia" de transparencia al procedimiento de contratación mediante la incorporación a cada contrato de otros tres presupuestos "simulados" utilizando a personas y entidades "comparsas" y el abono de facturas por conceptos "inventados" que Borràs y Herrero iban ajustando en cuanto a sus importes.
Delitos de prevaricación, fraude y malversación
El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental".
La Fiscalía que se abriese una investigación a Borrás por supuestas irregularidades en contratos cuando la actual diputada en el Congreso por JxCat dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Dichas adjudicaciones se habrían presuntamente concedido a un amigo personal.
Para el Ministerio Fiscal, existen "claros y contundentes indicios de simulación documental continuada" por parte de Borràs y de su entonces colaborador "a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad" al proceso de adjudicación contractual, "encubriendo" la decisión de adjudicarle todos los contratos y "enmascarando" su fraccionamiento "ilegal".
"No me he embolsado ni un céntimo"
La propia Borràs ha asegurado en su defensa que no se había llevado "ni un céntimo". "Yo sé lo que he hecho, y no me he embolsado ni un céntimo de dinero público como se quiere hacer ver.
"Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad, han hecho el trabajo bien hecho", apuntó.
