El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado un informe en el que pide el archivo de las actuaciones iniciadas en este órgano a raíz de la querella que la asociación Contratrama presentó contra el exjefe Anticorrupción por ignorar en 2007 una denuncia presentada por una plataforma de vecinos de Madrid por la forma en la que un parque público construido en terrenos del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí se sustituyó por un campo de golf de gestión privada a manos de familiares del expresidente autonómico Ignacio González, hoy en prisión por el caso Lezo.
En su informe, de 8 páginas, Navajas rechaza la existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de su compañero, ya que Moix se encuentra actualmente destinado en la Fiscalía de este órgano con categoría de Fiscal de Sala. Por ello, pide a la Sala de lo Penal que proceda "al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito".
En una providencia con fecha de este martes, la Sala de lo Penal remite este informe al magistrado ponente de las actuaciones, Francisco Monterde, para que resuelva si deben acordarse diligencias para empezar a investigar los hechos o bien se archivan, tal y como solicita el Ministerio Público.
Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en el lugar se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.
Para ello, González tuvo que anuló la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.
En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación.
En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite. Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado 'caso Lezo'.
