El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el 'Informe de Fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Parla'. El organismo ha detectado deficiencias de contratación en la construcción y desarrollo del tranvía de Parla y un sobrecoste de 36,1 millones de euros (IVA no incluido) sobre lo previsto inicialmente sin que, a juicio del órgano fiscalizador, se justificara debidamente como requiere la normativa de contratos. Las irregularidades cometidas durante la construcción del tranvía que el municipio madrileño inauguró en mayo de 2007 coincidieron con la alcaldía de 1999 a 2008 mientras estaba el ex secretario general del PSOE de Madrid Tomás Gómez como mentor del proyecto.
"Se observaron incidencias como carencias e indefiniciones en los pliegos de cláusulas administrativas particulares", recoge
Así se recoge en un informe del Tribunal de Cuentas sobre el análisis de los contratos sobre el tranvía y la repercusión que la gestión de esta infraestructura ha tenido en la Hacienda pública del municipio. "En el contrato de concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del tranvía se observaron incidencias como carencias e indefiniciones en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, e informes técnicos descriptivos y parcos en valoraciones", recoge el documento.
Aparte, cree que se produjeron deficiencias en la elaboración y ejecución del proyecto constructivo y expone que la fase 1 del proyecto sólo fue aprobada por el Ayuntamiento mientras que en la fase 2 el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes emitió informes técnicos favorables pero manifestándose "absoluta disconformidad con el presupuesto, sin que se haya acreditado que esta fase se aprobara por ninguno de aquellos". Expone que el Consorcio tenía una asistencia técnica para la inspección de las obras y que entre sus funciones se encontraba el control y la supervisión de las obras y de los proyectos modificados que pudieran concertarse. Entiende el Tribunal de Cuentas que el Consorcio, en el ejercicio de su actuación supervisora, pudo haber tomado conocimiento de las modificaciones producidas.
Modificaciones
El órgano fiscalizador asegura que se "realizaron diversas modificaciones al proyecto inicial y obras nuevas no previstas en el mismo sin tramitar el correspondiente expediente contractual, omitiendo toda publicidad y concurrencia, y al margen del órgano de contratación ya que se ejecutaron sin la aprobación del Consorcio". En el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas se recoge que las obras supusieron un sobrecoste de 36,1 millones, un 38,6% más sobre el importe inicial contemplado (que era de 93,5 millones) para dar un coste total que alcanzó los 130 millones, incluyendo obras realizadas y estudios previos. "Ni en las modificaciones del contrato ni en las obras nuevas se justificó debidamente que resultaran de necesidades nuevas o causas imprevistas, como requería la normativa de contratos", expone el Tribunal de Cuentas.
También expone su análisis sobre una subvención de capital de 47 millones de euros a cargo del Consistorio. La mayor parte de su importe, más de 42 millones de euros, se pagó directamente por el Consorcio Urbanístico Parla Este, lo que estaba previsto en el pliego de cláusulas administrativas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas expone que dichos pagos "no se registraron en la contabilidad del Ayuntamiento como debió efectuarse siendo así que constituían obligaciones de este, y por tanto no se sujetaron al orden de prelación de pagos legalmente establecido". "Además estos pagos se efectuaron anticipadamente, con el consiguiente ahorro para la concesionaria que no fue compensado ni descontado por el Ayuntamiento".
Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas, explican a este diario que sus informes de fiscalización "no emiten ‘dictámenes’ sobre la culpabilidad o inocencia de los gestores públicos, ni hacen pronunciamientos sobre responsabilidades contables, penales o de cualquier otra naturaleza".
