"Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en nuestro país durante los próximos quince días". Estas palabras de Pedro Sánchez del 14 de marzo de 2020 fueron el inicio de un confinamiento que marcó las vidas de todos los españoles. Un encierro de quince días que finalmente se alargó hasta el 28 de abril, fecha en la que comenzó un plan de desescalada que se extendió hasta que cayó el estado de alarma el 21 de junio de 2020. Tres años después, la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo sigue en cuestión y pese a ello, no ha habido dimisiones o ceses.

De hecho, la herramienta en la que se basó Sánchez para poder confinar a toda España fue catalogada como ilegal por el Tribunal Constitucional en junio de 2021 tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Una victoria de los de Abascal, que a la postre fue doble, ya que el partido también logró que el máximo organismo judicial de nuestro país considerase ilegal el segundo estado de alarma, ya que según su criterio, en todo caso se tuvo que activar el 'estado de sitio', que sí necesitaba la aprobación del Congreso.

Tras algo menos de año y medio desde aquella victoria, desde Vox la recuerdan como un momento de soledad dentro del Congreso, porque ellos fueron "los únicos" que presentaron los recursos de insconstitucionalidad contra los estados de alarma, tal y como afirma Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de Vox, en entrevista con Vozpópuli. "Uno fue contra el estado de alarma con sentencia en julio y luego otro contra la prórroga acordada directamente por el Gobierno para que el Congreso no fiscalizara las medidas que impusieron".

Tres años después, Marta Castro, que fue parte del equipo que se encargó de llevar el recurso ante el Tribunal Constitucional, cuenta que el TC dio la razón al recurso de Vox "porque existen unos derechos fundamentales que son inherentes a la condición humana, como es la libertad de circulación o la libertad de reunión". Ambas no podían ser eliminadas por un estado de alarma. De hecho, la vicesecretaria jurídica nacional de Vox asegura que tampoco hubiese sido legal hacerlo con un estado de sitio, ya que este solo permite limitar la movilidad "por situaciones excepcionales como una guerra", quedando fuera del texto una pandemia.

Considera que ahora, "con perspectiva", el estado de alarma "se ve más incluso más grave que entonces", ya que ahora "ningún ciudadano permitiría medidas como las que hubo en la época". Considera que "la ciudadanía también ha aprendido" y que no permitiría que un Gobierno tenga "las manos libres" para legislar sin control alguno. "Mientras España estábamos sufriendo personalmente y en común con todos los demás ciudadanos, el Gobierno seguía con sus tejemanejes, instaurando rápidamente todas sus posturas ideológicas... y además para hacer negocio", cuenta Marta Castro a Vozpópuli.

Sin responsabilidades políticas

La pandemia, que se cobró más de 100.000 vidas, no tuvo consecuencias políticas. Tampoco después de que el Tribunal Constitucional negase la razón al Gobierno a la hora de instaurar el estado de alarma. "Era para dimitir automáticamente", señala Marta Castro a este diario. Cree que, entonces, los españoles no se plantearon la limitación de libertades por miedo al covid: "No se vio el impacto tan brutal que tendría sobre nuestras libertades".

Desde Vox creen que a Sánchez la pandemia no le pasó factura porque "estuvo poniendo parapetos a los que sustituía en cuanto se le quemaban". Marta Castro pone de ejemplos a Salvador Illa y Fernando Simón, que asumieron toda la comunicación de la pandemia en aquellas primeras fases. "Seguimos sin conocer el comité de expertos, se pagaron precios desorbitaros por mascarillas,... pero Sánchez tiene la habilidad de poner siempre a alguien en medio para eludir su responsabilidad".

Considera que en 2023, año electoral, los ciudadanos "deben recordar donde estuvimos y aprender de ellos" para después sentenciar que "las consecuencias del estado de alarma y esa gestión las seguiremos sufriendo durante más tiempo".

Un año para empezar a devolver las multas

Aunque estas sentencias se publicaron en 2021, es ahora cuando las comunidades autónomas y ayuntamientos están devolviendo a los infractores el importe de las sanciones impuestas por saltarse el estado de alarma. En Cataluña, el proceso empezó en diciembre de 2022, mientras que el Ayuntamiento de Madrid comenzó a hacerlo en octubre. Además, este dinero solo se devolverá a aquel que lo solicite: es decir, que todo aquel que no conozca la posibilidad de solicitar su dinero podría no recuperarlo nunca.

El proceso sigue todavía abierto en la mayoría de administraciones, de manera que los ciudadanos que todavía no han recurrido aquellas sanciones, aún están a tiempo de poder hacerlo. Las únicas que reconocen las instituciones son aquellas relacionadas con los toques de queda y cierres perimetrales, ya que estas no tenían amparo legal bajo un estado de alarma.

Desde el brazo jurídico de Vox consideran que esto ha sucedido porque devolver el dinero al ciudadano "no era prioritario". Afirma que "recaudaron mucho dinero y mientras estuviese en sus manos, tiene su rédito". Una situación que Marta Castro considera injusta, ya que esto implica "utilizar la administración para evitar reintegrar al ciudadano lo que le habían quitado injustamente en una situación tan complicada a nivel económico".

El cese de José Antonio Nieto

Por su parte, también se produjeron otras decisiones de dudosa efectividad. Una de ellas fue la destitución de José Antonio Nieto como responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social de la Policía Nacional. Aunque le quedaban tres meses para jubilarse, fue fulminado por "filtrar" un documento interno y hacerlo circular entre las jefaturas superiores. El documento lo recibió sin instrucción alguna, por lo que creyó que tenía que distribuirlo.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía defendió a Nieto, ya que consideró que no había motivos para cesarle, ya que se trató de una confusión y no de una filtración. El documento, según esgrimió la Policía para su cese, era un borrador y no estaba firmado, por lo que bajo ningún concepto podía ser apto para su distribución. Un despido "sin explicación", tal y como relató en una entrevista con El Mundo el mismo verano de 2020. "Si a mí me cesaron por cumplir mi trabajo y por cumplir lo fundamental, que era proteger a los policías, me doy por satisfecho", afirmó entonces.

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