El Supremo y los fiscales, decididos a estresar a Puigdemont con un cortocircuito judicial de la amnistía

Una vez que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley de amnistía para beneficiar a la inmensa mayoría de independentistas ya condenados o aún inmersos en procesos judiciales, su publicación en el BOE y su entrada oficial en vigor plantea un escenario inédito en 45 años de democracia en España. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que enjuició a nueve líderes separatistas por el ‘procés’ ya beneficiados por un indulto parcial, mantiene todavía vivas dos causas especiales que podrían verse desactivadas por la amnistía.

La primera es la que instruye el magistrado Pablo Llarena contra el huido Carles Puigdemont principalmente, por un delito de malversación de caudales públicos por la financiación del ‘procés’ y de la consulta ilegal de 2017. La segunda, instruida por la magistrada Susana Polo, deviene de la exposición razonada que el pasado mes de noviembre remitió el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas, acusadas de delitos de terrorismo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’.

Aprobación de la Ley de Amnistía

Fuentes del Supremo han explicado a Vozpópuli que, como primera providencia, y antes de decidir finalmente cómo actuar en un escenario jurídico tan inédito, el mismo día de la publicación de la ley de amnistía en el BOE darán traslado al fiscal y a las defensas de los encausados para que se pronuncien sobre la aplicación de la nueva norma. “Y a partir de ese momento, tomaremos una decisión”.
Lo lógico, argumentan las fuentes, es que tanto los acusados como la Fiscalía propongan una aplicación inmediata de las medidas que permitan exonerarles de toda acusación formal, liberándoles con urgencia de toda carga penal. Sin embargo, pronostican problemas de fondo en la Fiscalía del Supremo ya que los cuatro fiscales encargados de todo lo alusivo al ‘procés’ ofrecen una severa resistencia a una aplicación inmediata de la amnistía, en contra del criterio del fiscal general.

Cabe la alternativa de que para imponer su criterio, el propio García Ortiz designe a la teniente fiscal del Supremo como responsable del informe que eleven a la Sala de lo Penal, creando así un cisma interno o, incluso, la posibilidad de que los cuatro fiscales contrarios a la amnistía planteen una convocatoria de la cúpula de la carrera fiscal para debatir el asunto por las discrepancias suscitadas, al amparo del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta ‘rebeldía’ de los fiscales ocasionaría un problema de magnitud al fiscal general, firme partidario de imponer el principio jerárquico de favorecer a Puigdemont y al resto. Es eso lo pactado por el Gobierno con Junts y con ERC, y sin duda será el criterio defendido por García Ortiz.

A la Sala de lo Penal del alto Tribunal y a todos los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en Juzgados de Cataluña, se les abren al menos tres alternativas.

A partir de ahí, el Supremo admite que se abre un periodo incierto y desconocido. A priori, a la Sala de lo Penal del alto Tribunal y a todos los jueces que instruyen causas alusivas a los líderes independentistas, tanto en la Audiencia Nacional como en Juzgados de Cataluña, se les abren al menos tres alternativas. La primera, es aplicar la ley conforme a la interpretación que hace de ella el Gobierno -y así lo ha defendido en numerosas ocasiones Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia-, de modo que la amnistía total sea inmediata. Y, por ejemplo, Puigdemont y el resto de huidos puedan regresar a España sin temor a ser detenidos. Sus
causas se archivarían de inmediato y la rehabilitación de sus figuras públicas sería total. “No sería precisamente un triunfo del Estado de Derecho. Sería el mecanismo para que el Estado pida perdón a unos delincuentes”, sostienen fuentes judiciales.

La segunda alternativa es paralizar la aplicación de la ley de amnistía presentando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se denomina una ‘cuestión prejudicial’ ante las dudas que puede ofrecer la textualidad de la ley de amnistía en relación al Derecho europeo, especialmente en lo que atañe a su consolidada doctrina sobre lo que es el terrorismo, la vulneración de derechos humanos y el alcance de la medida, toda vez que Europa tiene prohibido amnistiar delitos de terrorismo. Lo mismo ocurre con el delito de malversación de dinero público. Una cuestión prejudicial, que podría plantear ante el Tribunal Europeo cualquier juez que esté investigando estos delitos a personas incursas en causas susceptibles de difuminarse por la amnistía, consiste en plantear a los jueces con sede en Luxemburgo cuál es el alcance real de nuestra ley de amnistía y si procede aplicarla a los delitos que contempla sin vulnerar los tratados de la Unión Europea que vetan expresamente el perdón colectivo a determinados delitos por su gravedad.

Un dilema jurídico, según el Tribunal Supremo

Desde esta perspectiva, la interpretación que hace el Gobierno en la ley del terrorismo puede suponer un choque drástico con la normativa europea. En el supuesto de que magistrados del Supremo, o cualquier otro juez, planteen esa hipotética cuestión prejudicial, la amnistía quedaría inflexiblemente bloqueada durante meses, o quizás un año o más, sin poder aplicarse mientras el TJUE no emita una sentencia. De eso no tienen la menor duda en el Tribunal Supremo. Y eso es precisamente lo que mantendrá en vilo a Carles Puigdemont ante la decisión de regresar o no a España de inmediato.

El dilema jurídico se plantea, admiten fuentes del Supremo, con lo que pueda ocurrir entre el momento en que la ley de amnistía se publica en el BOE y la presentación de esa -o esas- hipotéticas cuestiones prejudiciales y su admisión a trámite por parte del TJUE. Si por ejemplo discurriesen semanas, o un mes, ese tiempo la norma estaría en vigor. Y, en teoría, Puigdemont no podría ser detenido si pisase suelo español hasta que la amnistía quedase paralizada por Europa.

La cuarta alternativa se corresponde con las cuestiones de inconstitucionalidad que cualquier juez o magistrado puede plantear ante el Tribunal Constitucional en España para ser resuelta.

Una tercera alternativa, más remota, que sí admiten fuentes fiscales, es que, en el supuesto de no presentarse ninguna cuestión prejudicial, podría llegar a cortocircuitarse la amnistía aplicando criterios restrictivos, de modo que no favorecería a la totalidad de las 1.100 personas que, según los cálculos del independentismo, deberían verse beneficiadas. Incluido Puigdemont, inmerso en un proceso por terrorismo y en otro por malversación de caudales públicos. Puede darse el supuesto de que se entienda que la ley publicada en el BOE no está concebida jurídicamente con la suficiente corrección técnica como para que la amnistía planteada se sostenga legalmente.

La cuarta alternativa se corresponde con las cuestiones de inconstitucionalidad que cualquier juez o magistrado puede plantear ante el Tribunal Constitucional en España para ser resuelta. Esta vía se unirá, en una quinta alternativa, a los recursos de inconstitucionalidad que podrían presentar cincuenta diputados o senadores (sólo el PP podría cubrir ese requisito en solitario), o cualquier gobierno o parlamento autonómico, si así lo decidiesen. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha anunciado ya formalmente, de modo que más allá de la vía Europa, el Tribunal Constitucional en España tendrá que pronunciarse.

Trayecto legal de la amnistía en España

Esta última vía enredará aún más la madeja del trayecto legal de la amnistía en España. Primero, porque si no es el Gobierno de Pedro Sánchez quien la impugna -y lógicamente no lo hará-, no quedará automáticamente paralizada en nuestro país. Cuando recurra el Gobierno de Madrid, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad probablemente se admitiría a trámite, pero el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido no tiene la obligación legal de paralizar la amnistía cautelarmente hasta pronunciarse sobre el fondo de la ley.

De modo que cualquier eventual impugnación ante el TC, bien sea por vía judicial, bien lo sea por vía política, serviría de poco a efectos de frenar en seco las pretensiones de los amnistiados.