"Es un acto político". Así ha defendido Gonzalo Boye, el abogado de Quim Torra, la negativa del presidente de la Generalitat de retirar las pancartas de “libertad presos políticos” y los lazos amarillos de diferentes edificios del Gobierno catalán durante la campaña electoral de abril de 2019.
En un discurso de alrededor de 20 minutos el letrado ha considerado que la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia “ha vulnerado la libertad de expresión, porque se trata de hechos políticos, se trata de una pancarta: Libertad presos políticos”, ha recordado.
Boye también ha defendido la actuación de su cliente, sobre quien considera que es inviolable porque “es miembro del Parlamento de Cataluña, y en ese momento no se le había privado del acta. Y le protege de sus manifestaciones”, ha destacado.
En la defensa del recurso, Boye ha aludido a la exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados para equipar su actuación con la del presidente catalán: “La señora Álvarez de Toledo hizo unas feroces críticas sobre el padre del vicepresidente del Gobierno y no le ha pasado nada, se ha optado por la inviolabilidad, y no solo en Cámara sino en la televisión o en redes sociales, porque ese es el criterio”.
El Tribunal Supremo está celebrando este jueves la vista sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que de ser condenado de forma firme no podrá ocupar ningún cargo público durante 18 meses. El alto tribunal tendrá que decidir en las próximas semanas si ratifica la sentencia que condenó a Torra en diciembre de 2019 por negarse a retirar simbología independentista de edificios oficiales.
Los hechos por los que Torra ha sido condenado en firme se remontan al mes de abril de 2019, cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña se negó a retirar de edificios públicos, propiedad de la administración autonómica, pancartas y lazos amarillos para apoyar a los presos del 'procés' independentista.
La negativa de Quim Torra quitar los símbolos secesionistas de edificios institucionales durante la campaña de las elecciones generales acarrearon una sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aquel fallo motivó la decisión posterior de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra como diputado: requisito indispensable para poder ser presidente de la Generalitat catalana.
Y esa decisión es la que ha ratificado ahora el Supremo, que con su decisión aboga al independentismo a una tormenta política de dimensiones desconocidas. Al margen de la posible resistencia de Torra a abandonar su cargo, con lo que ya ha amagado, el Govern catalán queda en una situación de interinidad y sin una fecha clara para celebrar elecciones.
(Habrá ampliación)
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