A la ‘tangentopoli’ española le haría falta un Antonio Di Prieto, el juez que saltó a la fama en la Italia de los noventa por combatir la corrupción que se había infiltrado en los principales partidos y empresarios del país. Aquí, en España, comentan fuentes parlamentarias, la buena relación que mantienen Alfredo Pérez Rubalcaba, el exministro del Interior Antonio Camacho y el actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha servido, entre otras cosas, para que el PSOE apenas haya levantado la voz ante lo que muchos de sus diputados definen como “la toma del Consejo del Poder Judicial por parte del PP”, una operación que terminará de cerrarse el próximo 24 de septiembre con la renovación de sus 20 vocales. En los últimos meses, ha habido mucho cambio de cromos entre el Gobierno y el PSOE en el ámbito judicial, entre otras razones porque ambos tienen casos pendientes de enorme trascendencia que pueden acabar en los raíles del Tribunal Supremo, una institución que en solo cinco días ha sacado de apuros a personajes tan dispares como el exministro socialista de Fomento José Blanco –“He sido víctima de un infundio que ha fracasado” –, el expresidente balear del PP Jaume Matas –“La verdad se acabará imponiendo” – o la presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina: “Quedan en mal lugar las personas que ya habían emitido mi condena”. El primero estaba acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y ha salido absuelto de los tres delitos. Hace dos días, Alberto Ruiz Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia, el exfiscal general del Estado en la etapa socialista Carlos Granados, junto a otros antiguos compañeros que ocuparon el mismo cargo como Jesús Cardenal o Cándido Conde-Pumpido. Matas ha sido condenado solo por tráfico de influencias, pero se libra de pisar la cárcel. Barcina se salva de la acusación de cohecho por el cobro de dietas en Caja Navarra.
Hace dos días, Ruiz Gallardón condecoraba al que ha sido ponente de la sentencia que ha absuelto a José Blanco, el exfiscal general del Estado en la etapa socialista Carlos Granados
Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD) son los que más clara ven la secuencia de las últimas decisiones tomadas por el Supremo. “Nada de lo que está ocurriendo es casual. El Supremo se ha convertido en un poder en sí mismo, nunca en democracia había habido tal ocupación del poder judicial por parte de un partido y ya ni siquiera se mantiene la estética. Gallardón ha vejado a los jueces, pero ha decidido mimar al Supremo, por algo será”, mantiene el primero. “Parece que hay un tufillo de pacto no escrito entre los dos grandes partidos para que se tapen algunos de los casos más escandalosos de corrupción y se concluya rebajando su importancia”, concluye la segunda. Tanto IU como UPyD han solicitado la comparecencia de Gallardón en el Congreso para que rinda cuentas de lo que está sucediendo en las altas instancias judiciales.
En medios parlamentarios, la levedad del Supremo con los casos de corrupción ha disparado las sospechas de un apaño entre los dos grandes partidos en un momento en el que sus direcciones saben que la desafección hacia los políticos reflejada en todas las encuestas les sacude por igual y les mueve a negociar en la sombra acuerdos orientados a compartir la influencia en las grandes instituciones del Estado, incluidas las judiciales.
En medios parlamentarios se acusa al ministro Gallardón de haber entrado en el poder judicial “como un elefante en una cacharrería”
En medios parlamentarios se acusa al ministro Gallardón de haber entrado en el poder judicial “como un elefante en una cacharrería”, en la creencia de que el Supremo puede convertirse en un juguete tan fácil de manejar como ha resultado ser, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces e, incluso, el Tribunal Constitucional. Hay magistrados que ven en las últimas decisiones del Supremo “una torpeza infinita”, sobre todo si, como algunos de ellos sostienen, han estado influidas por las prisas de las secciones que han intervenido en ellas por cerrar algunas sentencias y comenzar en septiembre el nuevo año judicial sin tantos asuntos pendientes.
El tiempo dirá si el supuesto cambalache entre los dos grandes partidos tiene recorrido y continúa el cambio de cromos, pues algunos grupos parlamentarios interpretan los pasos dados en este final de julio por el Supremo como el anticipo de las decisiones que puede terminar tomando en procesos de tanta envergadura como el que afecta a Iñaki Urdangarin y al prestigio de la propia Monarquía, una vez que el juez José Castro emita su sentencia y, previsiblemente, sea recurrida. En el llamado 'caso Nóos' está imputado también el expresidente balear Jaume Matas. Además, tiene su origen en la presunta adjudicación irregular de contratos y en la posible comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos. “Puede ser que el Supremo solo haya enseñado la patita, teniendo en cuenta que Matas se enfrenta todavía a 18 procesos abiertos por el caso Palma Arena”, apuntan fuentes parlamentarias. La instrucción de este último caso está también en manos de Castro.
Rubalcaba y el ex ministro socialista Antonio Camacho son los interlocutores habituales del ministro de Justicia para los asuntos más espinosos
Las mismas fuentes se manifiestan convencidas de que éste y otros asuntos de gran trascendencia política están siendo abordados en los frecuentes almuerzos que Ruiz-Gallardón mantiene con el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner. Y lo que es una evidencia es también la preocupación que el ministro ha compartido con el actual núcleo dirigente del PSOE sobre el perjuicio que la ola de corrupción le está causando a España en el mapa internacional, con una parte de la prensa anglosajona dando ya por enterrado el bipartidismo. Son piezas del mismo puzzle.
