Desde un contrato de 14,7 millones de euros a otro de más de 270 millones. En Tarragona, Valencia, Alicante y Almería. La 'Operación Frontino' que ha permitido este lunes destapar una trama que presuntamente amañaba adjudicaciones de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, maneja cifras de vértigo. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centran en media docena de concursos públicos que supusieron una inversión de dinero público superior a los 620 millones y sobre los que ahora se sospecha que fueron adjudicados de manera irregular y con pagos inflados "de manera desorbitada". Hasta el momento hay trece detenidos, cuatro de ellos altos cargos de la empresas pública. Otras 35 personas serán citadas en los próximos días a declarar por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en condición de "investigados" (la denominación que ha sustituido recientemente a la de imputados). También se han realizado 16 registros en domicilios particulares y sedes de empresas. El fraude se eleva por encima de los 20 millones, según fuentes cercanas a la investigación.
El fraude supera los 20 millones de euros. La investigación ya ha detectado el pago 'en especie' de sobornos a los directivos de Acuamed
El contrato de mayor importe investigado hasta ahora es la construcción de una planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura en la localidad alicantina de Torrevieja y que supuso una inversión de 271,2 millones de euros, según detalla la propia página web de la compañía. Le sigue, por valor, la primera fase del proyecto de eliminación de la contaminación química en el embalse tarraconense de Flix, valorado en 194 millones de euros y, ya a más distancia, la planta de desalinización en el Bajo Almanzora (Almería), con 77,6 millones de euros. A continuación, la mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en Valencia, por un valor de 46 millones de euros y el proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los municipios alicantinos de Mutxamel y Campello, con 18,3 millones de euros. Por último, está bajo sospecha el acondicionamiento del río Serpis a su paso por la localidad valenciana de Gandía para prevenir inundaciones. Su coste, 14,7 millones de euros. La mayoría de los contratos investigados fueron adjudicados a partir de 2012, aunque también los hay anteriores, uno de 2007.
Todos estos proyectos, financiados en buena parte con fondos de la Unión Europea (UE), han supuesto un desembolso de 621,8 millones de euros. Los investigadores creen que el fraude en su conjunto supera los 20 millones de euros, el ya célebre 3% del total. Un millonario escándalo que salpica a las empresas que consiguieron los contratos, en la mayor parte de los casos mediante la creación de UTE (Unión Temporal de Empresas). Entre éstas se encuentran FCC y Acciona, algunos de cuyos altos directivos fueron detenidos este lunes, según las fuentes consultadas. "Los amaños se hacían al más alto nivel", añaden éstas. Fuentes cercanas a la investigación destacan que ya se han localizado pruebas sobre el supuesto pago 'en especie' de sobornos por parte de algunas de estas compañías a los altos cargos de Acuamed ahora detenidos. De hecho, el juez Velasco acusará a todos ellos de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio, falsificación documental y organización criminal.
El despido del denunciante
Entre los presuntos cabecillas de la trama, los investigadores sitúan en lugar destacado al director general de la compañía pública, Arcadio Mateo del Puerto, así como a una de sus más estrechas colaboradoras, la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, ambos detenidos este lunes. También han sido arrestados los delegados de la compañía en Valencia y Murcia, P.M.M. y J. M.G. Arcadio Mateo llegó al cargo a comienzos de 2012, poco después del desembarco en el Ministerio de Agricultura del 'popular' Miguel Ángel Arias Cañete, hoy comisario europeo. El Ministerio de Agricultura se ha apresurado a convocar para este martes una reunión del Consejo de Administración de Acuamed, que preside el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, para proceder a su despido inmediato.
Una de las principales detenidas ahora sustituyó en el cargo al directivo despedido por denunciar las irregularidades en septiembre de 2014
Por su parte, María Gabriela Mañueco llevaba en la compañía desde 2004, aunque asumió su actual puesto a finales de 2014 después de que fuera despedido su antecesor, F.V.G. Éste es el directivo de la sociedad estatal que acudió a finales de septiembre a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar las supuestas irregulares, lo que le costó, precisamente, el puesto. Su testimonio, junto al de otros empleados de la empresa pública que se han prestado a colaborar con la Guardia Civil, son los que han permitido destapar la trama, admiten fuentes cercanas a la investigación.
Éstas también destacan que este golpe contra la corrupción es de "suma importancia" tanto por la cuantía de lo presuntamente defraudado, los 20 millones de euros, como por el sistema utilizado por la trama desmantelada para manipular las adjudicaciones y, posteriormente, inflar de manera "desorbitada" los certificados y liquidaciones de obras. De hecho, las pesquisas han destapado que el presunto fraude era doble. Por un lado, los responsables de la empresa encargados de las adjudicaciones actuaban en connivencia con empresarios para amañar las licitaciones y dar a éstos los contratos que querían. Por otro, una vez terminadas las obras se elevaba ficticiamente el coste final de las mismas hasta aumentarlo a veces por encima del 50%. Todo ello, añaden las fuentes consultadas, sin que hubiera trabajos de ningún tipo de justificase el incremento de las cantidades.
El millonario negocio del agua
Conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos, contención de embalses, construcción de desaladoras, tratamientos químicos para la descontaminación de aguas... La variedad de obras públicas que lleva a cabo la sociedad estatal Acuamed es tan amplio como elevados eran los presupuestos que manejaba para realizarlas. Con un capital social de 1.530 millones de euros, totalmente suscrito por el Estado, único socio de la compañía, en los presupuestos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó poco antes de terminar la Legislatura, se le adjudicaron 206 millones de euros para inversiones (31 millones menos que en el anterior periodo). Su plantilla no llega al centenar de personas.
Su campo de actuación se centra en las cuencas de los ríos mediterráneos, desde Cataluña hasta la parte más oriental de Andalucía, pasando por la Comunidad Valenciana y Murcia. Así, ocho de las detenciones se produjeron en las provincias de Valencia (3), Murcia (2), Alicante, Barcelona y Tarragona (1 en cada una de estas tres últimas). Las ocho restantes tuvieron lugar en Madrid, donde se encuentra la sede central. En su página web, la compañía presume de haber promovido en los últimos años "66 infraestructuras productivas" que son explotadas por la compañía y que "conforman el importante activo de futuro de Acuamed como gestor integral del agua". Seis de ellas son las que están ahora bajo sospecha.
