Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntan a que el Campus de la Justicia de Madrid también se ha visto salpicado en la presunta financiación irregular de Partido Popular de Madrid. En uno de los informes incorporados al sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes explican que "el descontrol en el gasto en dicha empresa pública ha sido notorio" ya que el proyecto estaba presupuestado en 500 millones de euros y "habrían existido adjudicaciones a empresas vinculadas a otros investigados en la trama como OHL".
De la misma forma, la Guardia Civil subraya que el acusado Francisco Granados, en su condición de entonces consejero de Presidencia madrileño, hizo un "reparto competencial entre los altos cargos de la Comunidad de Madrid que hicieron posible que tomara el control de la empresa pública Arpegio o que colocara en puestos de privilegio a personas de su confianza" como ocurrió en el Campus de la Justicia.
En este contexto, la UCO sostiene que el "Campus de la Justicia habría pagado la cantidad de 100.590,86 € a la empresa Over Marketing y Comunicación S.L. en el año 2007, siendo esta empresa una de las que existen indicios de su participación en el pago irregular de gastos del campaña" del PP de Madrid. Además, los investigadores sospechan que las relaciones de Over Marketing y sus empresas satélites en los años 2006-2007 se ampliaban a otras muchas entidades y administraciones vinculadas con el Partido Popular regional como son el Ayuntamiento de Móstoles, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), el Campus de la Justicia y Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO), la propia administración regional y el mismo Partido Popular.
El empresario que está detrás de esa firma es el publicista de origen argentino Daniel Mercado, investigado por la Justicia debido a sus tratos presuntamente irregulares con diferentes administraciones regionales gobernadas por el PP como Baleares, la Comunidad Valenciana, Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid.
En base a estos hechos, los agentes del Instituto Armado solicitaron en diciembre de 2016 que la Agencia Tributaria les facilitase la información sobre las compras y ventas de la sociedad pública efectuados entre los años 2007 y 2012 para tratar de esclarecer "la posible adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas con la presente investigación o el desvío de fondos de la empresa pública a gastos electorales".
Granados utilizó el Campus de la Justicia
Además, los agentes detallan que el exnúmero tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados –encarcelado desde 2014 y que ahora podría quedar en libertad bajo fianza- colocó "en puestos de privilegio a personas de su confianza" dentro de la empresa pública Campus de la Justicia S.A.
Los agentes de la Guardia Civil se refieren en concreto al que fue su mano derecha durante toda su carrera política, Ignacio Palacios, detenido en 2015 en Valdemoro junto a su mujer, meses después de que el otro presunto cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, confesase las actividades delictivas en las que estaban involucrados.
“El proyecto estaba presupuestado en 500 M. y habrían existido adjudicaciones a empresas vinculadas con otros investigados en la trama como OHL”, resaltan los investigadores
Los investigadores explican además en su informe que Granados fue nombrado Consejero-presidente de la empresa en agosto de 2008 y cesó en diciembre de 2012. Hacen también referencia a la ruinosa trayectoria económica del macroproyecto fallido que pretendía agrupar todas las sedes judiciales de la región en un solo complejo en el barrio de Valdebebas. "El proyecto estaba presupuestado en 500 millones de euros según fuentes abiertas y habrían existido adjudicaciones a empresas vinculadas con otros investigados en la trama como OHL", resaltan la UCO.
Las fiscales apoyan a los agentes
Aunque en 2011 se decidió liquidar la sociedad, esta siguió operativa sin trabajadores ni actividad hasta 2015 y la cifra del despilfarro, aunque es imposible de cuantificar, rondaría los 120 millones de euros. “El descontrol en el gasto en dicha empresa pública ha sido notorio, llegando a interesarse por el mismo la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid constituida para investigar la corrupción política”, remarcan los agentes.
Por su parte, las fiscales del caso María Teresa Gálvez y Carmen García, corroboraban en un escrito incluido en el sumario la tesis de los agentes del Instituto Armado. En él aseguraban que “la investigación está aportando elementos probatorios que evidencian que Francisco Granados hizo un uso desviado de su poder público al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y, concretamente, al frente de la contratación de las empresas públicas dependientes de dicha Consejería, como Arpegio y Campus de la Justicia de Madrid S.A, en su propio beneficio y también en el del Partido Popular al que se encontraba vinculado”.
"Los indicios recabados apuntan a la existencia de importantes comisiones entregadas por los empresarios favorecidos por las adjudicaciones, parte de las cuales estaría destinada al pago de los actos de campaña del partido político implicado", añaden las fiscales.
