Un documento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) acredita el hallazgo de decenas de fallecidos en las residencias de mayores durante su actuación en la Operación Balmis contra el coronavirus. Según ha podido saber Vozpópuli, los militares que participaron en este operativo levantaron actas por escrito en las que se atestigua el número de cadáveres que encontraron al intervenir en los centros de ancianos durante la pandemia.
Al menos así se desprende de un informe al que ha tenido acceso este diario con fecha de 6 de abril de 2020. Con el título de 'Ficha de recogida de datos en residencias que solicitan apoyo UME con ocasión de la Operación Balmis', el reporte indica que un total de 16 usuarios fallecidos por Covid-19 permanecían en la residencia cuando entraron. Uno de ellos llevaba más de un día muerto, mientras que los otros 15 llevaban menos de 24 horas.
Un equipo de la UME indicó por escrito en una ficha que encontró un total de 16 ancianos fallecidos por Covid-19 al intervenir en una residencia
El informe cobra especial relevancia porque es parte del material solicitado por el Grupo Parlamentario Vox al Gobierno hace cerca de un año. El Ejecutivo respondió a la diputada Macarena Olona a través de dos comunicaciones y le trasladó el 'Informe Operación Balmis'. Sin embargo, la parlamentaria advirtió que esa publicación estaba llena de "generalidades" y que no respondía a su demanda. Así que decidió recurrir al Tribunal Supremo (TS) con el fin de recibir, entre otras informaciones, las fichas elaboradas por los militares y que, hasta ahora, no habían salido a la luz.
La Abogacía del Estado incidió en que los documentos que se piden no están en poder del Ministerio de Defensa, porque "nunca se han formalizado" y "no existen". Las unidades de la UME -sostiene- no formalizaban informes de las actuaciones que realizaban, sino que se limitaban a ejecutar las acciones que se les habían encomendado.
De acuerdo al documento revelado por este medio, los distintos equipos de la UME rellenaron otros campos como el número de residentes totales, la capacidad del centro de ancianos, el número de profesionales sanitarios con los que contaban, la cifra de usuarios contagiados y aislados y el número de trabajadores confinados por coronavirus. El acta también recoge datos personales del jefe del equipo de la UME, así como el nombre, la dirección y el teléfono de la residencia en cuestión.
El Supremo respalda al Gobierno
Ahora, el Alto Tribunal acaba de respaldar al Gobierno frente a la postura mantenida por Olona. En una sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el TS desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la diputada de Vox, contra las respuestas del Gobierno, de 15 y 21 de septiembre de 2021, a la solicitud de documentación. Y le condena a pagar las costas del proceso. El Supremo, acogiendo las tesis de la Abogacía del Estado, replica a la parlamentaria que pedía datos que no se pueden facilitar por ley e informes que de hecho "nunca se han formalizado" y "no existen".
"No resulta posible hacer entrega de una documentación que ni ha sido elaborada, ni se encuentra en poder del órgano administrativo, ni de la Administración Pública respecto de la que solicita [...] Del mismo modo que tampoco puede materializarse cuando ello comporte una lesión al derecho fundamental de protección de los datos de carácter personal, y al ámbito de privacidad de los enfermos y fallecidos", añade el TS.
La respuesta del tribunal recuerda que el Gobierno contestó a los requerimientos de Olona en dos comunicaciones sucesivas a la solicitud. "La respuesta del Gobierno a dicha solicitud de información se concreta, a tenor de la resolución de 15 de septiembre de 2021, en la publicación del 'Informe Operación Balmis' que se adjuntó y en el que se detallan las actividades e intervenciones realizadas por la Unidad Militar de Emergencias, en el marco de la denominada Operación Balmis, sin que proceda completar dicha solicitud con los datos personales de los afectados", señala el fallo del Supremo.
Además -añade la sentencia- en la respuesta de 21 de septiembre [el Gobierno] indica que respecto de los documentos oficiales relativos al tratamiento de los fallecidos que fueron trasladados al depósito intermedio 'Palacio de Hielo', estos fueron emitidos y custodiados por la Unidad Técnica de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, órgano al que se encomendó esta función por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La Abogacía del Estado
Le responde también el Supremo que, en todo caso, no se podía hacer entrega de una documentación que no figura en poder del Ministerio de Defensa "porque no ha sido emitida por la Administración General del Estado, ni consta en sus archivos".
De esta forma, el Alto Tribunal secunda las tesis de la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Estado defienden que el Gobierno sí respondió a la solicitud de Olona al remitir el libro editado por el mismo sobre todas las actuaciones que se llevaron a cabo en dicha operación, y, en concreto, todas las actuaciones de desinfección realizadas en las Comunidades Autónomas, especificando cada centro desinfectado.
Según la Abogacía del Estado las unidades de la UME no formalizaban informes de las actuaciones que realizaban, sino que se limitaban a ejecutar las acciones que se les habían encomendado
La sentencia recoge que "la Abogacía añade que en realidad se piden informes, notas manuscritas y documentos gráficos que no están en poder del Ministerio de Defensa, porque 'nunca se han formalizado' y 'no existen'. 'Y las unidades de la UME no formalizaban informes de las actuaciones que realizaban, sino que se limitaban a ejecutar las acciones que se les habían encomendado'".
Según Olona, la respuesta del Gobierno "no remite ninguno de los informes específicamente solicitados, sino que proporciona una presentación divulgativa, elaborada ad hoc por el propio Ejecutivo, con datos e informaciones que, según reconoce el informe provienen del Ministerio de Sanidad y del INE". 1.500 folios que, según la dirigente de Vox, están llenos de "generalidades".
Olona pide las fichas de la UME
En concreto, la parlamentaria de Vox había reclamado una copia de todos los informes de las unidades intervinientes de la UME al Cuartel General de la UME, incluidas las notas manuscritas y documentos gráficos de su actuación en centros de ancianos de la Comunidad de Madrid y resto de Comunidades donde hayan intervenido, desde el día 10 de marzo de 2020 hasta la fecha de finalización de la Operación Balmis.
También pidió una copia de los informes internos de la Unidad Militar de Emergencias y de los elevados a la coordinación del Covid-19 y a los ministerios de Defensa, Sanidad, Interior y a Presidencia del Gobierno con la documentación gráfica que los acompaña relativos a su actuación en residencias de ancianos de Madrid Autónomas y en la morgue del Palacio de Hielo. Esta información comprendida desde el 10 de marzo de 2020 hasta la fecha de finalización de la Operación Balmis.
Además, pidió una copia de los informes que dicha unidad envió, junto con su documentación gráfica, remitida por la UME a policía judicial de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía entre los días 10 de marzo de 2020 hasta la fecha de finalización de la misión.
Tras el fallo del Tribunal Supremo en el que se desestima su recurso contra el Gobierno, Olona exhibió un informe en sede parlamentaria este jueves que atribuyó a la UME y que, según explicó, reflejaba el hallazgo de decenas de fallecidos "apilados" en un sola residencia de ancianos.
"Esta es la información que solicitamos, primero en sede parlamentaria y luego en vía judicial", un informe "no oficial" de la operación Balmis, que "el Gobierno no quiso darnos de manera oficial", dijo Olona mientras exhibía el documento ante los senadores y diputados de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Según ha confirmado este diario, la diputada ha vuelto a solicitar este jueves todas las fichas elaboradas por los equipos de la UME con los datos de los fallecidos que encontraron en las residencias de ancianos en el marco de la Operación Balmis. Aunque especifica que se eliminen aquellos datos personales que estén blindados por la Ley de Protección de Datos. Aunque el alto tribunal no le ha dado la razón, la parlamentaria no descarta volver a recurrir con el aval de los documentos de los que ya dispone.
