España no hará distinciones. Cualquier persona residente en territorio español recibirá la vacuna contra el coronavirus. Así lo confirman fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad a Vozpópuli. De esta forma, todo inmigrante que resida en el país será vacunado. También aquellos que no estén afiliados a la seguridad social, los que estén en situación irregular y las personas sin hogar.
"Todos los residentes en España podrán ser vacunados. La vacunación es universal, incluye a todas las personas", asevera Sanidad. En el ámbito sanitario, los especialistas en Salud Pública comparten que se vacune al mayor número de personas posible. Se necesita que un 70% de la población se vacune para alcanzar la inmunidad de grupo que derrote al coronavirus. Sin embargo, ¿quién va a poner en marcha esta difícil misión?
El departamento que lidera Salvador Illa le pasa la 'patata caliente' a las comunidades autónomas, que serán las responsables de la complicada gestión que supone vacunar a estos colectivos vulnerables. La universalidad que garantiza el Ministerio deberá ser transformada en realidad por las autonomías, algo nada sencillo en términos prácticos dado que muchos integrantes de estos colectivos no están registrados, lo que dificulta tanto su localización, como su seguimiento de cara a inyectar la segunda dosis -como requieren las vacunas de Pfizer y Moderna-.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra los extranjeros residentes en España en 5,4 millones. De ellos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en su último informe, fechado en diciembre de 2020, en 2.073.741 los afiliados a la Seguridad Social. Los más de tres millones restantes también tienen garantizado el acceso a los servicios sanitarios desde que la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aprobase el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Aun así, hay una importante diferencia entre acudir a un hospital por alguna cuestión de salud, y convocar, vacunar y hacer el seguimiento de personas que no están inscritas en los registros públicos, como las que se encuentran en situación irregular o los 'sin techo'. Las autoridades ni siquiera pueden cifrar con exactitud el número de inmigrantes en situación irregular. La propia Estrategia de Vacunación elaborada por Sanidad con el apoyo de las CCAA reconoce estas dificultades: "Algunos colectivos con barreras de acceso al sistema sanitario, serían de más difícil captación (por ejemplo, personas sin papeles o sin hogar)".
Sanidad reconoce problemas de captación
En dicho documento, se recoge en el grupo calificado como 'personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica' a "personas con menor nivel socioeconómico, migrantes, pertenecientes a minorías étnicas, personas con barreras idiomáticas, personas en situación administrativa irregular, personas mayores, personas dependientes o que reciben ayudas a domicilio, personas con adicciones a sustancias y personas con diagnóstico de trastorno mental grave".
"El acceso prioritario de estas poblaciones con vulnerabilidad social a la vacunación se plantea, por tanto, como una medida de salud pública adicional a otras medidas estructurales y sociales que intervengan de manera específica sobre estos determinantes. La dificultad más importante para priorizar estas poblaciones es la heterogeneidad de las mismas y las limitaciones en la factibilidad de captación", apunta el documento.
Personas sin hogar en España
A pesar de estas dificultades, la estrategia insiste en que "se debe asegurar la vacunación de las personas que se puedan identificar por los canales de vacunación como pertenecientes a este grupo y realizar un esfuerzo para aumentar su captación, en el escenario de priorización en el que se incorporen". Sobre los grupos de priorización ha hablado el ministro de Sanidad en la rueda de prensa celebrada este miércoles tras el Consejo Interterritorial. En ella ha anunciado que la próxima semana se conocerán nuevos grupos prioritarios tras los cuatro seleccionados para la primera fase (personas mayores en residencias, trabajadores sociosanitarios, personal sanitario en primera línea contra el coronavirus y personas con dependencia).
El Gobierno estima en diez millones las personas que viven en España por debajo del umbral de la pobreza, y en 23.000 las personas sin hogar. También calcula que el 46% de la población inmigrante se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica en nuestro país. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya han previsto las dificultades que tendrá vacunar a los 'sin techo.
"Las personas sin hogar pueden tener dificultad para acceder a servicios médicos en entornos tradicionales, como una clínica o una farmacia. Por consiguiente, los planes de distribución de las vacunas deberían incluir estrategias para que las vacunas lleguen a personas sin hogar, por ejemplo, en sitios para personas sin hogar como refugios, programas de día y centros de asistencia alimentaria", subrayan. En España se carece por el momento de estos planes y, en todo caso, serán las comunidades autónomas las que deban desarrollarlos.
