La mala evolución de la pandemia en Cataluña y las tensiones entre los socios en el Gobierno catalán han provocado que ERC eleve el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A finales de la semana pasada remitió una carta a Moncloa instando al Gobierno a obligar a las empresas a aplicar el trabajo o bien a transferir esta competencia a la Generalitat. Pero, según explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli, Sánchez ha dado carpetazo a esta petición de sus principales socios parlamentarios.
El Gobierno considera que el Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia es suficiente para que las compañías y sus trabajadores sepan cómo implementarlo y las pautas que deben seguir. Desde el Ministerio de Trabajo añaden a este medio que es "imposible" decretar su obligatoriedad y que la nueva norma otorga la cobertura para que las empresas se puedan acoger a sus "recomendaciones" para aplicarlo.
Fuentes de vicepresidencia de la Generalitat confirman que de momento no han recibido respuesta por parte del jefe de Gobierno, y se muestran poco optimistas con la posibilidad de que Sánchez atienda a esa reclamación. Pese a que el Ejecutivo catalán tiene potestad para implementar medidas restrictivas de la movilidad, como los confinamientos perimetrales o la restricción de los horarios comerciales, no puede decretar confinamientos domiciliarios ni la obligación al teletrabajo.
"La legislación laboral es del Estado. Les pedimos una solución de urgencia y que sea una realidad lo más pronto posible", explican estas fuentes. Por esta razón, además de enviar una misiva directamente a Moncloa, el propio presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, ha vuelto a remarcar en la sesión de la diputación permanente celebrada este miércoles en el Parlament la necesidad de imponerlo "por razones de salud pública".
Plan de teletrabajo
Los expertos y científicos consultados por la Generalitat, como el físico Álex Arenas, presentaron el pasado mes de agosto un plan de teletrabajo para reducir la movilidad y, de este modo, frenar la expansión de la covid-19. Los datos que manejaban y que ponen de relieve desde vicepresidencia es que hay "un 30% de la población catalana" que podría acogerse al teletrabajo.
Esta cifra, junto a obligar a la educación a distancia a partir de tercero de la ESO -dejando unos servicios mínimos para aquellos estudiantes que no tienen alternativas en casa- significaría tener un millón y medio menos de personas moviéndose cada día y "hacer controlable la pandemia".
Desde el Gobierno central, sin embargo, dicen que no es sencillo obligar a una medida de este calibre y menos aún con un mercado laboral muy plural donde no todos los sectores pueden adaptarse al trabajo a distancia. Asimismo, las fuentes jurídicas consultadas creen que "atenta contra otros derechos laborales" y contra la libertad empresarial.
En el caso de que la pandemia se complique, las soluciones más factibles y las que se han aplicado hasta ahora, son las de cerrar sectores no esenciales o imponer el confinamiento domiciliario, pero sin modificar sustancialmente la legislación laboral ni haciendo obligatorio el teletrabajo por ley.
Esta nueva polémica sirve a ERC para tratar de trasladar la responsabilidad sobre el Gobierno central. Y en el clima preelectoral que se vive en Cataluña -un clima que existe desde antes de la inhabilitación de Quim Torra e independientemente de que se aplacen las elecciones- esta petición "a Madrid" puede dar tregua a las tensiones con JxCat. No obstante, Sánchez no está dispuesto a ceder en esta materia ante ERC.
